“A la fecha no hemos tenido ningún avance ni reuniones”, dice el escrito sobre la mesa de trabajo acordada en noviembre de 2023.
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El fiscal nacional, Ángel Valencia, salió al paso del emplazamiento que hizo el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien instó a abrir todas las conversaciones de WhatsApp de Luis Hermosilla para evidenciar qué fiscales y ministros le pedían favores. El planteamiento no solo generó incomodidad en el Ministerio Público, desde el gobierno también respondieron.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, salió al paso del emplazamiento que hizo durante esta jornada el abogado Juan Pablo Hermosilla. Este instó a abrir todas las conversaciones de WhatsApp para así develar qué fiscales y ministros le pedían favores a su hermano, quien está hoy preso en medio de un caso de corrupción. Pero el planteamiento no solo generó incomodidad en el Ministerio Público, pues desde el gobierno también salieron a cuestionarlo. Aseguraron, de hecho, que se está ante un acto de amedrentamiento.
Según detacó el ministro de Justicia, el impacto que tiene este caso en la profesión legal "es brutal": "primero el desprestigio, pero en segundo lugar, el haber superado todos los límites”.
La iniciativa fue validada por unanimidad este jueves por el Consejo Nacional y se complementará operativamente con un Plan de Acción Intersectorial a cinco años para el logro de los objetivos.
Diputados de la UDI solicitaron al organismo encabezado por Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad del trato fijado por más de $600 millones con Unholster. "Es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”, sostuvieron.
Durante su paso por la policía civil, Gaete estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y participó en emblemáticos operativos, como las detenciones de Manuel Contreras y Paul Schäfer.
Con toda una vida laboral dedicada a la persecución de criminales de lesa humanidad y la búsqueda de detenidos desaparecidos, el reconocido expolicía decidió renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo hizo por un contrato directo que realizó el Ministerio de Justicia con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Asegura que todo se ha hecho a espaldas de los familiares de las víctimas y que no hay sentido de urgencia, por lo que todo lo que se prometió hace un año -a su juicio- quedará en nada.
En el documento emitido por los parlamentarios comunistas, se exige que “se indique los motivos de la autoridad para decidir la realización de un trato directo para la creación de la plataforma enmarcada dentro del Plan de Búsqueda”.
La iniciativa va a entrar en una etapa de diseño y considera una consulta pública.
"El Ejecutivo tiene argumentos para sostener toda la indicación, sin prejuicio de que nosotros entendemos que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar las indicaciones", afirmó el ministro Luis Cordero.
La normativa despachada por el Congreso en junio será promulgada en los próximos días, según adelantó el titular de Justicia. La autoridad planteó que el no abrir nuevas plazas obligaría a decretar indultos para reducir población de los recintos. Asimismo, confirmó que la iniciativa de “fast track” que se presentará considerará toda la infraestructura que se planifica construir.
El ministro Luis Cordero expuso ante comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El gasto fiscal considerado para materializar la iniciativa es de $17.020 millones en un primer año, hasta los $56.000 millones.
“El volumen de inversión que nosotros estamos poniendo a disposición probablemente lo haría recomendable, pero es un asunto que yo tengo que conversar con el Presidente", indicó el ministro Luis Cordero.
Desde la organización Santiago Activo señalan que si bien consideran importante que se edifique un penal para el crimen organizado, “debería ser fuera de la ciudad”, y dicen que “eventualmente podría ser en Isla Mocha”, Región del Biobío.
