De acuerdo al texto ingresado, si bien consta en la tramitación de la iniciativa y en el proyecto se hizo “un cuidadoso estudio de la regulación, el funcionamiento del sistema y sus efectos, se han advertido en esta etapa algunos errores en la propuesta, que requieren ser subsanados, asimismo, existen algunos aspectos que, aunque menores, resulta pertinente, adecuado y deseable enmendar”.
La autoridad de gobierno señaló que "en los próximos días" concretará la presentación de la iniciativa en el Congreso, la cual también busca fortalecer la unidad de investigación criminal.
En el marco de la cuenta pública de la cartera, el secretario de Estado destacó la presentación de 53 querellas para investigar la desaparición de personas durante la dictadura y se refirió a los avances del Plan Nacional de Búsqueda, todo ello a meses de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Respecto al sistema penitenciario, advirtió que la situación es "extremadamente compleja".
“Hubiera esperado que a lo menos el ministro o el subsecretario de Justicia, o algún personero de gobierno nos hubiese avisado”, dijo el líder comunal sobre la decisión de albergar a líderes del crimen organizado y narcotraficantes en el nuevo centro penitenciario de la zona.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo durante el debate en la Sala de la Cámara de Diputados que es “probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy”.
Conocido como 41 bis, el régimen ideado para mafiosos en los años 80 implica el aislamiento total de los presos, sin salida a lugares comunes de la cárcel ni comunicación con otras personas. Amnistía Internacional tildó de “cruel y denigrante” el sistema.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que la medida implica "entregar un número de individualización a estas personas que encuentran en una migración irregular y, con esto, poder entregar seguridad al país y sucesivamente poder habilitar posibles corredores humanitarios, con los documentos de salida”.
A través de un oficio enviado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) solicitó aplicar la retroactividad de la nueva norma para más de 10 funcionarios que han sido sancionados internamente por apremios y lesiones.
“Nadie quiere una cárcel cerca y por lo mismo dentro de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad hay uno que está enfocado a tratar de simplificar los tramites que permitan la construcción y desarrollo de cárceles”, destacó Luis Cordero.
La autoridad de Justicia dijo que hay un debate abierto que “implica enfrentar el cumplimiento y la ejecución de las penas de un modo distinto”.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales retomó una mesa de trabajo junto a las Fuerzas Armadas, ministerios, fundaciones y particulares para recuperar terrenos fiscales con el objetivo de hacer frente a la emergencia habitacional, pero también para recuperar lugares emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
“El número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año”, dijo Luis Cordero al referirse a la capacidad que tienen las cárceles para recibir más detenidos.
El titular de Justicia aseguró que el foco debiera estar en aquellos que no han cumplido sus condenas. Y pidió “no confundir” la cifra con el número total de prófugos porque “pareciera que son 30 mil personas que han incumplido sus sentencias”.
Los polémicos indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric generaron un debate respecto de la normativa vigente relativa a esta materia. Esta establece una serie de procedimientos y requisitos que tanto Gendarmería como en el Ministerio de Justicia deben seguir antes de conceder este beneficio.
El titular de Justicia, Luis Cordero, señaló que “el caso de informes desfavorables de Gendarmería con decisiones diversas es más regular de lo que se cree”.
