Con esta acción, el ente contralor dio respuesta a la solicitud de parlamentarios de Chile Vamos, quienes cuestionaron que se destinaran recursos públicos para fomentar un proyecto de ley que está en tramitación.
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El próximo 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric lo mencionará en la Cuenta Pública relevando esta demanda de la CUT. El camino trazado por el Ejecutivo es que durante el tercer trimestre se realice un diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno y hacia el último trimestre de 2024 ingresar la iniciativa.
Durante la mañana, desde Chile Vamos anunciaron que denunciarán ante Contraloría la campaña del Ejecutivo por "infringir gravemente" una serie de normativas.
La solicitud surge a raíz del emplazamiento al gobierno a adoptar mayores medidas de seguridad realizado por diversos sectores políticos durante la semana, tras el asesinato de tres uniformados en la Región del Biobío.
El líder de la sindical, David Acuña, sostuvo que la Dirección del Trabajo debe evacuar a la brevedad un dictamen que aborde el espíritu de la ley. Para el martes quedó agendada una nueva reunión con el gobierno, donde se abordará el salario mínimo.
Según explicó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, las deudas previsionales que podrán estar sujetas a este beneficio debieron pagarse entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados será la instancia que revisará esta iniciativa.
Era uno de los temas relevantes de la agenda laboral, sin embargo, había desaparecido de la discusión pública. Si bien en la CUT afirman que el Ejecutivo debe ingresar un proyecto antes de 1 de mayo de 2024, desde el gobierno no se comprometen con una fecha.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también indicó que "el endurecimiento de las posiciones ha hecho que el diálogo sea muy difícil con la oposición".
La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, informó que el monto será depositado directamente en la cuenta de los beneficiarios, además detalló que por cada carga familiar se sumarán $12 mil.
El exsubsecretario de Previsión Social solicita $80 millones por violación al derecho al honor y valoriza el daño moral en otros $500 millones. La denuncia revela la cronología del día en que Larraín fue despedido por denuncias de acoso y que, casi dos meses después de ello, recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra del Trabajo, se le cita a declarar el 3 de agosto.
Si bien resaltó el buen diálogo con la oposición, la representante de la cartera de Trabajo indicó que en 8 meses siguen sin entregar una contrapropuesta.
El estudio, respaldado por el gobierno, se llevará a cabo en todo el país.
Morales ejercía como subdirectora nacional del Servicio desde octubre pasado.
Reyes, que viene a ocupar el cargo de Christian Larraín, ya había trabajado con la ministra durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Entre 2008 y 2010 Reyes ya había estado en la Subsecretaría de Previsión Social coordinando la reforma previsional del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, llegando a ser subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010.
