La ministra ha insistido en que quiere conversar personalmente con el fiscal nacional para plantearle su preocupación tras la publicación de un reportaje donde se le vincula a gestiones presuntamente irregulares para la selección del líder del Ministerio Público. Sin embargo, esa comunicación no se ha materializado, pese a que ella le envió un mensaje de WhatsApp el domingo pasado. Desde Fiscalía indican que la magistrada deberá seguir los conductos institucionales.
El caso que comenzó con un convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, 12 meses después suma más de 60 fundaciones investigadas en todas las regiones del país, sin excepción. La indagatoria, que es descrita como una de las más complejas para el Ministerio Público, tiene en la mira casi $ 90 mil millones en transferencias entre organismos públicos a ONG.
En los miles de mensajes periciados por la PDI se encontraron 10 conversaciones, entre ellas con miembros de la Corte Suprema, el exjefe de inteligencia del Ejército y políticos, ligadas a la investigación de la Fiscalía sobre la denominada Operación Topógrafo. En esta, además, se expusieron los memes, noticias y afiches que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago enviaba.
Los tres sujetos, además, fueron condenados por robo con intimidación y tenencia ilegal de armas. La lectura de sentencia se realizará el próximo miércoles 19 de junio.
Cuatro funcionarios, entre ellos el director y subdirector de la Dirección de Tránsito de Las Condes, son los que suspendió el municipio tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en la mantención de los semáforos de la comuna.
Tras la determinación de la Corte, el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, indicó que se está ante una resolución "infundada e injustificada". Por lo mismo, adelantó: "Vamos a ejercer las acciones que correspondas". Entre las medidas que adoptarán, pedirán se tomen nuevas declaraciones y se realicen nuevos peritajes. Sobre un eventual cambio en la defensa, está descartada... por ahora.
La acción judicial se estampó luego de que el organismo recibiera un informe de la PDI que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier al máximo tribunal.
La decisión del tribunal de segunda instancia se dio luego de una extensa jornada de alegatos entre la defensa del alcalde, quien había solicitado revertir la medida cautelar, y la comparecencia del Ministerio Público el que estaba por mantener la prisión preventiva de Daniel Jadue (PC).
El texto originado en un mensaje del Ejecutivo busca dar cumplimiento a la reforma constitucional que creó esta unidad.
Este miércoles la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue el escenario donde se llevaron a cabo las alegaciones sobre la apelación a la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Instancia que estuvo marcada por apasionados alegatos.
En medio del operativo, además, se recuperaron 100 ampollas de metadona y 200 de midazolam, otros potentes químicos usados en medicina. Seis personas fueron detenidas durante el procedimiento y quedaron en prisión preventiva.
La decisión fue adoptada por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, y se fundamenta en “la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados”, además de los acontecimientos ocurridos en la audiencia del pasado lunes, cuando el Juzgado ordenó modificar la prisión preventiva a cinco integrantes de la banda criminal, tras solicitud del ente persecutor.
Esta jornada se inició el juicio oral en contra de tres líderes del Tren del Coro, banda dedicada a robos con intimidación, tráfico de drogas e internación ilegal de armas. Así, en la ciudad se realizan dos complejos procedimientos, puesto que la Fiscalía sigue adelante con el juicio contra Los Gallegos. La situación, por lo mismo, ha obligado a desplegar una serie de medidas de seguridad que, incluso, van más allá de los límites regionales.
Las nuevas metodologías implementadas por este equipo especial han permitido formalizar más casos y, como revelan las autoridades, identificar a más sujetos implicados. Además, como comenta el fiscal Héctor Barros, con ECOH se han podido hacer cargo del análisis de fenómenos criminales y desarticular a las bandas que están tras los delitos.
El abogado del alcalde de Recoleta apuesta a que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la determinación de la jueza Paulina Moya y deje a su representado sólo con firma mensual y arraigo nacional. Dicen que la magistrada ordenó "su privación de libertad sin que se cumpla con los requisitos exigidos por nuestro legislador".
