El Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para decidir si persevera con una nueva arista de investigación, ordena el sobreseimiento o decide no perseverar.
Rodrigo Gómez S.
15 dic 2023 06:47 PM
El Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para decidir si persevera con una nueva arista de investigación, ordena el sobreseimiento o decide no perseverar.
El 6 de noviembre el fiscal Cristán Aguilar notificó al exabogado del jefe del Segundo Piso para interrogarlo sobre los líos de platas con Democracia Viva. La cita era para el 1 de este mes, pero tras el escándalo en que se vio envuelto Luis Hermosilla, no se concretó. Su defensa, Guillermo Chachuán, pidió reagendar la cita, hasta ahora, sin nueva fecha.
La empresa Pegasus, que se querelló por posibles delitos de corrupción en la compra de cámaras corporales para Carabineros por parte de la Subsecretaría de Prevención del delito, dirigida en ese entonces por Katherine Martorell, presentó una cautela de garantía. En la instancia solicitará que el Ministerio Público explique los avances que ha tenido la indagatoria, la cual -según acusan- no se formaliza aún a nadie.
Investigación del Ministerio Público y la PDI detectó cerca de 100 mil facturas ideológicamente falsas emitidas por más de 100 empresas. Se allanaron domicilios en 10 regiones del país.
El caso se originó tras una denuncia presentada por el Servel en 2021. Ahí se aseguraba que el exdirigente estudiantil intentó validar su candidatura con 23.135 patrocinios que aparecen firmados físicamente por un notario fallecido.
El documento, rubricado por el fiscal nacional Ángel Valencia y su homólogo boliviano, Juan Lanchipa Ponce, apunta a consolidar entre ambas naciones los esfuerzos, capacidades y conocimientos para intercambiar información y fortalecer acciones contra delitos transnacionales como la trata y tráfico de personas, así como el narcotráfico, entre otros.
La última semana de noviembre el fiscal Marcelo Carrasco recibió el oficio de Contraloría que contenía las auditorías realizadas tanto a la Subsecretaría de Vivienda como a la Seremi de Vivienda de la región. Con esos antecedentes en mano, decidió iniciar las pesquisas, aunque aún se encuentra en etapa de revisión de los documentos. Como se lee en los datos aportados por el ente contralor, habría inconsistencias en traspasos a seis ONG o corporaciones.
"Nuestro rol es dar con los autores, meterlos presos, asegurarnos de que se cumplan las penas más severas en las cárceles", sostuvo Ángel Valencia respecto al caso. El menor de cinco años fue baleado en una vivienda, junto a su abuelo y un vecino, por parte de desconocidos a bordo de un vehículo.
Han sido siete veces que la defensa del exalcalde de Vitacura, formalizado por una serie de delitos vinculados a corrupción, ha revisado su situación procesal sin poder lograr que ni el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ni la Corte de Apelaciones capitalina le revoquen la prisión preventiva que cumple desde hace cinco meses en el Anexo Capitán Yáber. "Arriesga pena de crimen y cumplimiento efectivo", sostuvo la jueza Francis Fell, dándole la razón al Ministerio Público, el CDE y el SII, que son querellantes en el caso.
El abogado constitucionalista conversó conLa Tercera sobre el primer año de gobierno de Dina Boluarte. Así como también sobre el escándalo que afecta al Ministerio Público en el que está envuelta la fiscal nacional, Patricia Benavides.
En el marco de la presentación del informe anual, el organismo dirigido por Anuar Quesille entregará un reporte respecto a esta situación, donde los casos de explotación sexual de menores de edad bajo protección del Estado llegan a 158 denuncias durante los últimos 12 meses, de las cuales el 91,4% de las víctimas son niñas. La alarmante situación se refleja también en que de las 45 querellas que presentó el último año la institución, 14 son por delitos de connotación sexual.
La funcionaria se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer una trama de tráfico de influencias que supuestamente ella lideraría. Benavides responsabiliza a la presidenta peruana por las muertes en la represión de las protestas.
El Ministerio Público indagó la diferencia que la exalcaldesa de Maipú informaba a su concejo municipal con el que -aparentemente- tenía en caja. Según los antecedentes recabados, la exjefa comunal decía contar con $3 mil millones de presupuesto en la cuenta pública, pero en realidad los números eran más que negativos. La fecha de formalización hasta ahora no ha sido fijada por el tribunal.
Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió fijar una audiencia de formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú. El Ministerio Público le imputará el delito de fraude al Fisco por más de $95 millones por el pago a una funcionaria "fantasma", quien no habría prestado los servicios por los cuales se le pagaba su remuneración.