El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile afirma que desde antes de que se solicitara la formalización del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, desde la organización consideraban que existían antecedentes para que no siguiera en su cargo como lo es "su nula colaboración". "Esta solicitud de formalizar a tres generales y exgenerales es un hito no solamente para Chile, sino para toda la región de América Latina", expresó.
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, ingresó la solicitud para levantar cargos en contra del general Ricardo Yáñez, quien durante el 18-O era director de Orden y Seguridad de Carabineros. Se le imputa “omisión” de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las protestas y desmanes en el centro de Santiago. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esperarán la audiencia para "tomar una decisión".
En el marco de sus facultades como máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia decidió en las últimas horas sacar al jefe de la Fiscalía Centro Norte del orden de suplencias. Hasta este 2 de enero Xavier Armendáriz era el "primer fiscal nacional subrogante"; sin embargo, la resolución número 1 de este año dictada por el jefe de la institución autónoma da cuenta de lo que sería una señal, "un golpe en la mesa", ya que lo saca completamente del círculo de confianza que debe conducir el ente perseguidor penal en caso de la ausencia del titular. No pocos al interior del organismo apuntan a que el motivo es una decisión que se estaría incubando en la Fiscalía que integra Ximena Chong: formalizar al general director Ricardo Yáñez por su responsabilidad de mando en las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social.
La llegada de organizaciones criminales provenientes de la capital generó que la Fiscalía Regional del Maule tuviera que crear la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal (Unaac). Durante los primeros seis meses de funcionamiento ya ha logrado detener a 152 personas ligadas a una veintena de bandas.
Homicidios, secuestros y extorsiones. Estos son sólo algunos de los delitos ligados a organizaciones criminales que en materia de seguridad marcaron el año que acaba, periodo que ya suma más de 800 asesinatos según cifras de la PDI.
Personal de la PDI y del equipo ECOH de la Fiscalía indagan el hecho, que según antecedentes preliminares correspondería a un "ajuste de cuentas".
Una solicitud de suspensión de la audiencia, un imputado que no asistió y la descripción de cómo habría operado el mecanismo del Partido Comunes para aumentar los gastos electorales y consigo recibir mayores devoluciones. Estos fueron parte de los elementos que marcaron la audiencia de formalización de Karina Oliva y de otros 11 exmilitantes del Frente Amplio, todos acusados del delito de fraude de subvenciones, hechos que habrían ocurrido durante la campaña de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana.
La muerte del rapero está siendo investigada por el Ministerio Público de Venezuela, el que solicitó órdenes de captura contra la mánager y su hermano, acusados de homicidio calificado.
El Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para decidir si persevera con una nueva arista de investigación, ordena el sobreseimiento o decide no perseverar.
El 6 de noviembre el fiscal Cristán Aguilar notificó al exabogado del jefe del Segundo Piso para interrogarlo sobre los líos de platas con Democracia Viva. La cita era para el 1 de este mes, pero tras el escándalo en que se vio envuelto Luis Hermosilla, no se concretó. Su defensa, Guillermo Chachuán, pidió reagendar la cita, hasta ahora, sin nueva fecha.
La empresa Pegasus, que se querelló por posibles delitos de corrupción en la compra de cámaras corporales para Carabineros por parte de la Subsecretaría de Prevención del delito, dirigida en ese entonces por Katherine Martorell, presentó una cautela de garantía. En la instancia solicitará que el Ministerio Público explique los avances que ha tenido la indagatoria, la cual -según acusan- no se formaliza aún a nadie.
Investigación del Ministerio Público y la PDI detectó cerca de 100 mil facturas ideológicamente falsas emitidas por más de 100 empresas. Se allanaron domicilios en 10 regiones del país.
El caso se originó tras una denuncia presentada por el Servel en 2021. Ahí se aseguraba que el exdirigente estudiantil intentó validar su candidatura con 23.135 patrocinios que aparecen firmados físicamente por un notario fallecido.
El documento, rubricado por el fiscal nacional Ángel Valencia y su homólogo boliviano, Juan Lanchipa Ponce, apunta a consolidar entre ambas naciones los esfuerzos, capacidades y conocimientos para intercambiar información y fortalecer acciones contra delitos transnacionales como la trata y tráfico de personas, así como el narcotráfico, entre otros.
La última semana de noviembre el fiscal Marcelo Carrasco recibió el oficio de Contraloría que contenía las auditorías realizadas tanto a la Subsecretaría de Vivienda como a la Seremi de Vivienda de la región. Con esos antecedentes en mano, decidió iniciar las pesquisas, aunque aún se encuentra en etapa de revisión de los documentos. Como se lee en los datos aportados por el ente contralor, habría inconsistencias en traspasos a seis ONG o corporaciones.
