Se pesquisan modos de operar en el caso líos de plata que estallaron en el país: giro amplio de servicios, prematura fecha de creación, no registrar boletas de garantías y potenciales conflictos de interés en los millonarios tratos.
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Cuatro hombres y dos mujeres han presentado sus propuestas para presidir la Fiscalía Regional de Antofagasta y consigo suceder al actual persecutor, Alberto Ayala. Entre los desafíos que tiene el próximo fiscal en la región son las actuales investigaciones de Democracia Viva, las que se suman a las indagatorias por hechos criminales en la región. Del total de postulantes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá elegir a tres y, de ellos, el fiscal nacional, Ángel Valencia, escoger al próximo mandamás del Ministerio Público en esa zona.
La entidad decidió no perseverar en estos procesos, donde se discutía una presunta ilegalidad de estos operadores que hoy abundan en casi todos los clubes del fútbol chileno.
A siete años del inicio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos. En ese proceso, los alcaldes que en un inicio fueron socios de la organización liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy operan sus farmacias comunales de manera autónoma ante el nulo cumplimiento que tuvo la iniciativa del representante del PC.
La máxima autoridad del Ministerio Público abordó el ataque registrado en Traiguén y reconoció que ante hechos similares se han enfrentado a "dificultades" de persecución penal con la actual normativa contra el terrorismo.
Según se informó desde la Fiscalía Nacional, son 10 las fiscalías regionales que se encuentran indagando los convenios efectuados entre reparticiones públicas y fundaciones.
Ángel Valencia respondió a una pregunta sobre la situación del jefe comunal.
Personal del OS-7 de la policía uniformada tiene en sus manos una orden amplia para realizar interrogatorios en todo el país y -según pudo constatar este medio- ya hay algunos alcaldes que aseguran nunca haber participado de la asociación, pese a estar en registros oficiales y aparecer en la contabilidad.
Los resultados de la última encuesta de la Asociación Nacional de Fiscales demuestran lo peligroso que se está volviendo perseguir delitos en Chile: 192 de ellos han sido amedrentados, 160 se sienten en riesgo e, incluso, 18 de ellos tuvieron que cambiarse de casa por temor a sufrir represalias por las causas que investigan.
En la misiva enviada a Ángel Valencia, los diputados plantean que obtener el testimonio de Ñanco "podría aportar en la obtención de la verdad y la eventual condena de los involucrados".
La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI realizar las pericias correspondientes. Además, indicaron que el feto fue enviado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia de rigor.
"Se va a abordar la investigación de todos estos hechos como un fenómeno criminal”, explicó la fiscal Tania Sironvalle, jefa de Análisis Criminal y Foscos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, persecutora que asumirá las indagatorias.
La Fiscalía Metropolitana Sur presentó ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago acusación en contra de la exautoridad. En el requerimiento los persecutores acusan de tres delitos a la exautoridad: enriquecimiento, cohecho pasivo y lavado de activos, por los cuales piden 10 años de cárcel, además de la imposición de 17 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero no es lo único, además apuestan por el pago de tres multas, las que suman $ 329.281.000.
Laura Carrillo, exmiembro del equipo del diputado Eduardo Durán (RN), utilizaba supuestas influencias y nexos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes les ofrecía gestiones bancarias para obtener un bien raíz, algo que finalmente no ocurría y que le valió una condena de 10 años de cárcel.
El Ministerio Público investiga a Daniel Jadue por el delito de cohecho al solicitar insumos extras a empresa proveedora de las farmacias populares. Como pruebas que comprobarían la ocurrencia de estos hechos, existen en el expediente una serie de fotografías y chats que demostrarían los hechos por los cuales se investiga al militante comunista.
