Manuel Pino Turra será formalizado el viernes. La fiscal decretó el secreto de la investigación.
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En la audiencia de preparación de juicio oral, la magistrada Viviana García resolvió proporcionar a la defensa del líder de la CAM la identidad de los declarantes reservados, teniendo el Ministerio Público hasta el viernes para comunicar esta decisión. No obstante, el ente persecutor podría interponer un recurso de queja o de protección ante la Corte de Apelaciones.
El documento "Ministerio Público, análisis y propuestas" de la organización, plantea 16 propuestas para mejorar el trabajo de la fiscalía. Lo anterior, ante el bajo número de funcionarios, así como también los resultados que obtienen las investigaciones, las cuales cada vez adoptan más salidas no judiciales, toman más tiempo y han aumentado el número de causas sin un imputado conocido.
La Subsecretaría de Prevención del Delito convocó a una instancia de trabajo en conjunto con el Poder Judicial, el Registro Civil, la Fiscalía, Carabineros, la PDI y Gendarmería. El objetivo es priorizar la búsqueda de quienes debiesen estar cumpliendo una condena en la cárcel, estableciendo perfiles, a partir de su historial delictual. El ministro Mario Carroza será un actor clave.
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En la reunión extraordinaria que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia junto a los jefes regionales del Ministerio Público del país, se hizo un pequeño balance de las primeras horas de la instrucción anunciada tras el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. La medida apunta a que los investigadores soliciten la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, prisión preventiva, cada vez que detengan a un extranjero indocumentado a la espera de que se esclarezca su identidad. La iniciativa si bien cuenta con el apoyo transversal de los líderes del ente perseguidor, generó algunos reparos por la lentitud del servicio de identificación en el resto del país. Con todo, la máxima autoridad de la Fiscalía golpeó la mesa y reiteró: es una decisión ya tomada y no hay pie atrás.
Medida se había decidido poner en práctica en la Región Metropolitana tras el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma.
Una serie de diligencias despachó el fiscal jefe Francisco Jacir, quien indaga la trama de corrupción que hoy tiene en calidad de imputado al exjefe comunal Raúl Torrealba por presuntos desvíos de dineros fiscales a sus arcas personales. El primero de febrero la otrora autoridad de Vitacura -por 24 años- renunció a su derecho a guardar silencio, pero su testimonio aún sigue bajo siete llaves en espera de nuevas pesquisas derivadas de su versión de los hechos.
La policía uniformada analizó el periodo que va entre 2019 y 2023, en el que se detectaron 30 casos en que funcionarios de Carabineros fueron imputados al resultar personas heridas tras el uso de sus armas de servicio. De estos, sólo siete fueron sentenciados.
“El número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año”, dijo Luis Cordero al referirse a la capacidad que tienen las cárceles para recibir más detenidos.
El análisis realizado por la institución a partir de datos del Ministerio Público, sostiene que durante el año pasado se registró el mayor número de denuncias por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en 16 años. Para los investigadores de la fundación no hay una razón clara respecto al aumento, pero existen algunas hipótesis. A pesar de eso, cuestionan las salidas judiciales de estos casos, donde el 58% se archivó el 2022.
Con todo, la alcaldesa mantiene su idea de concretar la operación y "avanzar en este proyecto tan esperado para la ciudadanía".
Ángel Valencia, en relación al sumario interno abierto contra el persecutor que entregó antecedentes sobre narcocasas al alcalde Rodolfo Carter, aseveró que "es para establecer lo que ocurrió", e indicó que el detalle de la información que es compartida con las autoridades comunales "tiene que regirse a lo que establecen nuestras leyes y nuestra reglamentación interna”.
El jefe comunal asegura que el fiscal nacional le quitó el piso a su medida producto de presiones y "telefonazos" de La Moneda, dichos que son descartados por Palacio y por el mismo Ministerio Público. Aunque desde la Fiscalía no han entregado una versión oficial, fuentes del organismo señalan que "nunca se validó ni coordinó" este tipo de acciones con el municipio, que también cosechan críticas entre alcaldes por la magnitud del apoyo policial entregado.
Ministerio Público anunció un sumario para determinar si hay irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información en el marco de los operativos de demoliciones en La Florida.
