El exfutbolista fue formalizado por violación el pasado martes y hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua. En la carpeta del Ministerio Público se detallan los chats que sostuvo con la denunciante, previos y posteriores a los hechos. Además, en su relato, el deportista busca asegurar que el acto sexual "no fue forzado".
El abogado Felipe Olea, quien representa a más de 50 familias de personas fallecidas en la emergencia, afirma que "lo más alarmante es el esfuerzo de las autoridades por invisibilizar el impacto de la tragedia”. En paralelo, además, avanzan en las diligencias para presentar una demanda en contra del Estado para que indemnice a los familiares de las 137 personas fallecidas.
El exseleccionado nacional quedó en prisión preventiva tras dos horas de formalización. El tribunal destacó la rapidez de las diligencias de la víctima y de la fiscalía. Se decretaron 90 día de investigación y el deportista fue trasladado hasta el Centro Penitenciario de Rancagua.
La defensa del exsubsecretario, encabezada por la exconsejera del CDE María Inés Horvitz, cuestionó la legalidad de la incautación de un tercer aparato telefónico que fue hallado en medio de un allanamiento realizado el viernes pasado. Ante la denuncia inmediata de la abogada, la Fiscalía Centro Norte decidió no periciar ese "tercer celular" en espera de que este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decida si puede o no acceder a él, ya que contaría con información resguardada por ley. En menos de una semana, se le requisaron cuatro dispositivos móviles a la exautoridad.
El abogado, que se encuentra en prisión preventiva, expone que los persecutores se comprometieron a resguardar la información del teléfono que le fue incautado, por lo que solicita que se entregue un listado y se cite a declarar a los funcionarios que han tenido acceso a sus conversaciones en el Ministerio Público. Incluso, pide que se entreguen los registros de visitas de las dependencias de la Fiscalía.
Asimismo, el actual subsecretario aseguró que los registros ya se encuentran en manos del Ministerio Público.
"La Fiscalía no está en crisis". Esa fue la frase que, en voz del persecutor regional de La Araucanía, Roberto Garrido, cerró una de las semanas más complejas para el fiscal nacional Ángel Valencia. Pese a que el jefe del organismo logró un exitoso espaldarazo del consejo general, los cuestionamientos abundan. De fondo habita una compleja convivencia entre distintas facciones internas que explican, en parte, las aguas revueltas en la institución que lleva adelante el caso de corrupción más complejo de la última década.
Los detectives, integrantes de la Unidad de Inteligencia de la PDI, son quienes habrían recibido la instrucción de parte de la autoridad de gobierno para retirar las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel donde habría ocurrido la violación por la que se le investiga.
Como jefa de la unidad especializada de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, acompañó a la presunta víctima al Servicio Médico Legal para constatar lesiones.
Antes de presentar su renuncia, el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ocupó sus contactos y ordenó buscar las cámaras del hotel en que reside durante la semana.
Mientras aún ejercía como subsecretario del Interior, es decir jefe civil de las policías, Manuel Monsalve envió a personal de Inteligencia de la PDI a buscar las cámaras del hotel en que reside durante la semana y que -según la denunciante- habría sido el lugar en que fue ultrajada. El episodio -que el Ministerio Público descubrió recién este martes 15- abrió una nueva arista en contra de la otrora autoridad. En este momento se desarrollan diligencias para determinar la configuración de delitos vinculados a actos de corrupción.
La funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a la ahora exautoridad, realizó ante la PDI un relato de dos episodios en los que -acusa-, su entonces jefe, Manuel Monsalve, vulneró su intimidad. Acá los detalles de una acusación que impactó de lleno en La Moneda.
Los cinco exfuncionarios de la policía uniformada fueron formalizados este miércoles. La Fiscalía afirmó que sostuvieron varias reuniones de coordinación con la banda delictual para concretar el millonario robo.
El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, destacó que el objetivo institucional del organismo es "buscar justicia y combatir la impunidad frente al fenómeno criminal".
En la acción judicial presentada por Manuel Guerra, el expersecutor afirma que los chats divulgados en un medio de prensa estaban a resguardo del Ministerio Público y debían ser reservados. Por lo mismo, pide que se interrogue a los funcionarios que han tenido contacto con el teléfono de Luis Hermosilla y el propio, con el fin de determinar quién entregó las conversaciones al medio de comunicación.
