Con la reciente, ya son tres movilizaciones internas las que ha tenido que enfrentar durante 2023 la gestión de la alcaldesa santiaguina, con soluciones que no han bastado para apaciguar las aguas dentro de la municipalidad y que hoy la tiene enfrascada con los trabajadores, que denuncian, entre otras cosas, malos tratos, selección de jefaturas a dedo y pésimas condiciones laborales.
El proyecto por el que el municipio fue demandado consistía en la instalación de esculturas de bronce del reconocido artista Mario Irarrázabal en el Parque San Borja. Según el fallo de primera instancia, la iniciativa finalmente fue cancelada de forma unilateral durante la gestión de Felipe Alessandri, por lo que se obligó a la casa comunal a indemnizar a la fundación. La administración de Irací Hassler confirmó a este medio que buscarán apelar a la sanción en la Suprema.
El lunes en la noche, por orden de la Fiscalía Centro Norte, detectives llegaron hasta la Dirección de Aseo y Mantenimiento para cumplir una importante diligencia: la detención de dos personas que trabajaban en esta repartición, quienes eran investigados por tráfico de drogas. Desde el municipio señalaron que se "abrió un sumario contra el funcionario detenido y no se descarta presentar acciones legales”.
En su declaración ante el Ministerio Público, Loreto Fernández, otrora funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, entregó nuevos antecedentes respecto de la existencia de un grupo en la aplicación de mensajería en que se sospecha se coordinaron precios que luego Contraloría declaró "abultados". Según sostuvo fue Luis Mayorga -entonces jefe de Secplan- quien le pidió crear el grupo para apurar el proceso. "Era demasiado importante el tema de cortar cintas", dijo respecto a la fallida "clínica municipal" que levantó la administración de Irací Hassler.
En los testimonios entregados en las últimas semanas ante la Fiscalía por parte del exdirector Jurídico, la exdirectora de Salud y la arquitecta que contactó y recibió los informes de los tasadores, aparece reiteradamente el nombre de Luis Mayorga como el hombre que encabezó el proceso de negociación y firma del contrato para la fallida adquisición del centro médico. Por el momento, Mayorga decidió guardar silencio ante el fiscal Patricio Cooper.
Dos días antes de que la Municipalidad de Santiago suscribiera el contrato de compraventa del recinto con la Inmobiliaria San Valentino, por más de $ 8.200 millones, el abogado Diego Berríos -representante de otro oferente- le envió a la jefa comunal antecedentes respecto de las irregularidades que cruzaban la transacción. Fueron las mismas advertencias que el 17 de enero le hicieron a Luis Mayorga, aunque éste les indicó que conocían todos los detalles desde abril de 2022. Ahora el Ministerio Público busca acreditar si los datos efectivamente fueron recepcionados por la militante PC y qué hizo con esta alerta. Su defensa asegura que la autoridad ya le explicó a la fiscalía que "no vio el correo antes del Concejo" en que se visó la adquisición.
De acuerdo con lo expuesto por los querellantes, la declaración de Santiago Urzúa les vino a confirmar la serie de sospechas que tenían ante la fallida compra del inmueble. Como indicaron, se demuestra que se intentó abultar los montos de compra de manera intencionada.
En un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Santiago ante el máximo tribunal, la administración de Irací Hassler aseguró que le parece "grave" que el primer fallo no se pronuncie respecto a la responsabilidad que recae en otras reparticiones del Estado. En una nueva estrategia judicial del municipio, el texto ingresado apunta a que es la Delegación Presidencial dirigida por Constanza Martínez la encargada del orden público.
Ante una amenaza que se ha hecho incontrolable, cerca del 20% de los locatarios se ha marchado del sector. Critican la falta de contingencia policial en la zona y el aumento de los toldos ilegales manejados por mafias familiares.
La jefa comunal anunció que el próximo 29 de octubre en la comuna de Santiago se conmemorará el primer Día internacional de Cuidados, que proclamó Naciones Unidas.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Municipalidad de Santiago aprobó el renombre de la calle "Santa Mónica", de Barrio Yungay, lugar donde hasta 1975 funcionó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile para acoger a quienes eran perseguidos por la dictadura. Exfuncionarios de la organización han buscado frenar el cambio puesto que este provocaría "eliminar" la memoria, más que relevarla. Santiago confirmó que la decisión ya está tomada y que durante los próximos meses instalarán placas conmemorativas en el sector para "visibilizar a organismos de defensa de Derechos Humanos".
“Este ha sido un trabajo colectivo que ha permitido tener cinco días de celebración segura, familiar, amable”, destacó la alcaldesa Irací Hassler.
A través de una carta, representantes de locatarios, comerciantes y habitantes de la comuna solicitan presencialidad de los concejales y acceso libre para los vecinos.
La Corte de Apelaciones consideró actuar arbitrario del municipio al no fiscalizar y afectar a los locales comerciales establecidos.
El tradicional recinto educacional santiaguino fue testigo, una vez más, de hechos de violencia en sus dependencias. El fuego visto el jueves, en todo caso, no es novedad, así como tampoco lo está siendo que un grupo reducido de -aparentemente- estudiantes pongan a la institución en el ojo del huracán.
