La jefa comunal anunció que el próximo 29 de octubre en la comuna de Santiago se conmemorará el primer Día internacional de Cuidados, que proclamó Naciones Unidas.
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En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Municipalidad de Santiago aprobó el renombre de la calle "Santa Mónica", de Barrio Yungay, lugar donde hasta 1975 funcionó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile para acoger a quienes eran perseguidos por la dictadura. Exfuncionarios de la organización han buscado frenar el cambio puesto que este provocaría "eliminar" la memoria, más que relevarla. Santiago confirmó que la decisión ya está tomada y que durante los próximos meses instalarán placas conmemorativas en el sector para "visibilizar a organismos de defensa de Derechos Humanos".
“Este ha sido un trabajo colectivo que ha permitido tener cinco días de celebración segura, familiar, amable”, destacó la alcaldesa Irací Hassler.
A través de una carta, representantes de locatarios, comerciantes y habitantes de la comuna solicitan presencialidad de los concejales y acceso libre para los vecinos.
La Corte de Apelaciones consideró actuar arbitrario del municipio al no fiscalizar y afectar a los locales comerciales establecidos.
El tradicional recinto educacional santiaguino fue testigo, una vez más, de hechos de violencia en sus dependencias. El fuego visto el jueves, en todo caso, no es novedad, así como tampoco lo está siendo que un grupo reducido de -aparentemente- estudiantes pongan a la institución en el ojo del huracán.
“Es importante que la ciudad funcione y se garantice seguridad", destacó la jefa comunal, ofreciendo la colaboración del municipio "en el cumplimiento de las labores que corresponden a la Subsecretaría de Interior y las policías”.
“A simple vista, no se aprecian daños estructurales en el edificio patrimonial, sin embargo, una vez que esté despejado el lugar realizaremos una inspección detallada para evaluar”, indicó José Antonio Piga, jefe de gestión patrimonial de la Secplan de la Municipalidad de Santiago.
La rendición de cuentas fue encabezada por la alcaldesa, Irací Hassler, ahí detalló la gestión municipal desde que asumió en junio de 2021.
En un concejo comunal que se extendió por más de tres horas, los ediles aprobaron por nueve votos a favor y dos en contra el cambio de nombre de nueve calles, un puente y dos plazoletas propuesto por la alcaldesa Irací Hassler (PC), en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Pese a que la propuesta tuvo mayoría, concejales opositores criticaron la falta de consulta ciudadana a los vecinos que se opusieron al proyecto, afirmando que buscarán la manera de revertir la iniciativa.
Cartas al municipio y manifestaciones en la vía pública han sido parte de las medidas que vecinos de Santiago han tomado para mostrar su descontento ante la medida del Comité Interdisciplinario a cargo de Irací Hassler (PC), que busca renombrar 12 calles, plazas y puentes de la comuna en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Las movilizaciones lograron que hoy se mantuviera el nombre de una de ellas: Namur. La decisión será votada y probablemente aprobada por el concejo municipal esta tarde.
La iniciativa propone cambiar los nombres de nueve calles de Santiago, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. De esta manera, si la medida se aprobara, un tramo de la calle general Bulnes pasaría a llamarse Jécar Antonio Nehgme Cristi, ejecutado político en 1989.
Ya se han extraído dos kioskos que estaban en el olvido: uno ubicado en Matta con Portugal y otro en Amunátegui. Según relatos de vecinos, las casetas abandonadas se utilizaban para delinquir.
El tradicional recinto santiaguino se encontraba en toma desde el jueves de la semana pasada y durante el fin de semana una explosión por manipulación de artículos incendiarios derivó en que un menor de edad se esté debatiendo entre la vida y la muerte. Por ahora está en coma inducido.
Corte señaló que la administración de Irací Hassler debe aplicar medidas “con la continuidad y periodicidad que requiere la gravedad de la situación". En su resolución, se explicita que deberán sancionar a los infractores “no pudiendo desligarse de sus obligaciones bajo pretexto de corresponder su cumplimiento a otras instituciones públicas".
