Anoche, al filo del plazo, las partes ingresaron un recurso de revisión especial al Tribunal. Este mecanismo entrega al TDLC la facultad de resolver una operación de concentración que haya sido prohibida por la FNE.
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En un extenso informe, la Fiscalía argumenta por qué la fusión de ambas isapres podría llevar a un alza de precios y una baja en la calidad del servicio que entregaría la nueva isapre. Asimismo, muestra los factores que llevaron al organismo a rechazar los mitigantes que plantearon las partes. Es más, apunta a que existía una vía posible para llevar adelante la operación: la desinversión.
La integración rechazada por la Fiscalía Nacional Económica no está muerta. Descontentos con la decisión y argumentación del organismo, las empresas involucradas están analizando acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través de un recurso de revisión que solo una vez ha sido utilizado antes. Tienen plazo hasta el próximo jueves para hacerlo y están trabajando con esa intención. Será la manera de resucitar un negocio de unos US$ 150 millones y a la que sus partes no quieren renunciar.
La compañía, que pretendía adquirir la isapre y fusionarla a Nueva Masvida, lamentó la decisión de la Fiscalía Nacional Económica de prohibir la operación. Además, afirmó que la inquietud de la FNE de un eventual alza de precios, algo que regula la ley, es "un sinsentido lógico y económico" que no se condice con la legalidad vigente.
Oncovida recurrió a la Corte Suprema tras el fallo de Apelaciones que ordenó a la Super de Salud devolver a los afiliados de ex Masvida sus excedentes. La acción de la firma, en su carácter de prestadora de salud y acreedora de la Isapre Masvida, busca determinar quién debe hacerse cargo del pago de los excedentes, tras cuatro años de litigio.
El fallo señala que la Superintendencia deberá “proceder a la entrega de tales dineros a sus únicos dueños, los afiliados contenidos en la cartera transferida que efectivamente los causaron”, lo que va en contra de las pretensiones de prestadores médicos que esperaban recibir parte de esos dineros. Estos, en todo caso, podrían recurrir a la Suprema.
“Un entrante podría tardar al menos tres años para alcanzar un margen operacional positivo”, aseguró la Fiscalía en una presentación de 51 páginas.
Luis Romero, quien fuera superintendente de Salud en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, hace una fuerte defensa de las empresas de salud y critica que las alianzas con el sector público han sido bloqueadas por “políticos antiprivados, aunque esto sea a costa de peores servicios y largas esperas de las personas más necesitadas”. Cree que “El sector privado ha logrado posicionar a la medicina chilena dentro de las mejores del planeta, pero ha sido pésimo en contar su relato”.
Esto, luego de que UC Christus decidiera terminar el contrato con la isapre. Sin embargo, la compañía se defiende y asegura que no está retrasada en los pagos y que ningún prestador le ha manifestado su preocupación.
La isapre, en tanto, calificó de "arbitraria" la decisión y aseguraba a sus usuarios que "estamos trabajando para resolver esta situación a la brevedad".
La isapre ha costeado los excedentes de sus afiliados con sus utilidades, pero entre abril y mayo dejó de traspasarlos a otras isapres, ya que la Super de Salud tiene congelados cerca de $19.000 millones de la ex Masvida.
Esto porque acusan que no se cumplieron "las garantías mínimas de respeto y seguridad para continuar en este proceso" y cuando los trabajadores llevan más de un mes de huelga legal
Perdieron 20 mil afiliados el primer mes, y esperan recuperar 50 mil en tres años, dice Luis Atabales. Confían en mantener los planes de la ex Masvida, con un mejor control de costos.
El cálculo preliminar de la empresa estaría en línea con la "desvinculación histórica".
