Tras las dudas que surgieron sobre los recursos permanentes para este proyecto, los legisladores afirmaron que se debe estudiar con detención las fuentes de financiamiento que entregó Hacienda. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que el detalle se entregó en la discusión en la Comisión de Hacienda cuando se aprobó la iniciativa.
Los parlamentarios aprobaron de forma unánime todo lo propuesto por el gobierno y declararon inadmisibles las indicaciones que habían presentado los diputados, pero esperan que el Ejecutivo acoja algunas de ellas hacia adelante. Ahora el proyecto deberá ser votado por la sala de la Cámara, lo que podría ocurrir el 3 de enero. Además, se comenzó a ver la iniciativa de exenciones.
Entre otras cosas, los diputados consultaron por qué se introdujo una gradualidad para que se empiecen a entregar todos los beneficios en régimen, y por qué no se le entrega la Pensión Garantizada Universal a las mujeres desde los 60 años y no desde los 65 años.
Los diputados de la Comisión de Hacienda votarán la iniciativa. El ministro de Hacienda detalló el financiamiento, y en materia de exenciones, dijo que serán las mismas que se discutían en la ley corta, pero la tasa de impuesto único a las ganancias de capital se aumentó de 5% a 10%.
El Ejecutivo dio más detalles del proyecto. Recibirán de forma íntegra los $ 185 mil quienes tienen una pensión base inferior a$ 630 mil y que cumplan los requisitos. Las personas que tengan una pensión base superior a $ 630 mil e inferior a $ 1 millón, recibirán un monto de la PGU que disminuirá gradualmente. Quienes tengan una pensión superior a $ 1 millón no accederán.
La administradora señaló: “Lamentamos que, y como ha sido la tónica de otros proyectos de ley, se recurre nuevamente a la letra chica. Se utiliza la palabra universal, pero resulta que en la práctica no es universal realmente".
El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC considera que la propuesta "es importante" y no ve que haya alguna razón de fondo para oponerse a ella, siempre y cuando esté debidamente financiada. Asegura que es el mayor cambio al sistema desde la creación del Pilar Solidario. Sobre los retiros, dice que "si en realidad se quiere gobernar a partir de marzo, esto hay que detenerlo. Y esta puede ser una buena oportunidad".
Según la encuesta Cadem, el 73% quiere que la iniciativa se apruebe antes de que termine esta administración. Por otro lado, cuando se le consulta a las personas por las características que debiera tener un nuevo sistema de pensiones, un 88% quiere que las cotizaciones que aportan los trabajadores sean de su propiedad y vayan a una cuenta individual.
Si bien desde ambos comandos consideran que la medida va en la dirección correcta, el economista del equipo económico de Kast, Patricio Rojas, dice que no le cuadran los números sobre el costo fiscal. La asesora económica de Boric, Claudia Sanhueza, dice que la eliminación de exenciones que propone el gobierno no es suficiente y critica la oportunidad en que se hizo el anuncio.
Sobre el fondo de la propuesta del Ejecutivo, por ahora no hay grandes críticas de diputados y senadores opositores integrantes de la Comisión de Trabajo. Pero sí hay quienes piden que el monto de la PGU sea más alto y quienes cuestionan que el anuncio sea a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
Muestran algunos reparos principalmente en lo que se refiere al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal que enviará el gobierno al Congreso. Desde la Asociación de AFP valoraron la medida.
Con todo, reiteró la necesidad de abordar cuanto antes el debate pendiente sobre la reforma previsional.
El ministro de Hacienda Rodrigo Cerda explicó que el Pilar Solidario hoy cuesta 1,1 puntos del PIB y esta iniciativa significará sumar 1 punto adicional del PIB, lo que implica que en el total el costo fiscal será de 2,1 puntos del PIB. La mitad se financiará con exenciones y la otra mitad con el financiamiento que tenían presupuestado para la ley corta y ley larga de pensiones que ya estaban en el Congreso.
El ministro Rodrigo Cerda dijo que la iniciativa está completamente financiada y requerirá unos US$ 3.000 millones anuales cuando esté en régimen.
