El Ejecutivo estableció que aquellas personas que previo a la vigencia de la PGU tenían este beneficio superior para la cuota mortuoria, lo mantendrán; mientras que los nuevos beneficiarios de la PGU, es decir, aquellos que antes de la entrada en vigencia del beneficio podían optar solo por las UF15, seguirán recibiendo ese monto.
Con el cambio del Pilar Solidario a la Pensión Garantizada Universal, se produce una baja en el pago que hace el IPS a un segmento de la población para los gastos originados por el funeral. Así, desde el gobierno están evaluando hacer un cambio.
Durante la tarde de este lunes se votó en sala el proyecto que crea la PGU y fue aprobado en general por unanimidad, aunque no exento de polémicas. En tanto, la iniciativa para financiarla se aprobó al final de la jornada, tal cual la despacharon los senadores de la Comisión de Hacienda. El miércoles se votarán en la Cámara de Diputados, en su trámite final para ser ley.
Los parlamentarios votaron ya todo el proyecto, por lo que próximamente será despachado a la Comisión de Hacienda para que termine su camino antes de pasar a la sala.
Dijo que el gobierno se encuentra afinando “los últimos acuerdos” en el Senado sobre el “financiamiento responsable” de esa iniciativa.
Los senadores de la Comisión de Trabajo aprobaron en general el proyecto de Pensión Garantizada Universal y se espera que este martes el gobierno ingrese indicaciones con cambios solicitados por la oposición para su votación en particular. En paralelo, la Comisión de Hacienda empezará a ver el proyecto de financiamiento, para lo cual también el gobierno presentará modificaciones.
Ahora la instancia deberá votar el proyecto en particular, pero eso recién ocurrirá este martes, a la espera de que el gobierno ingrese algunas indicaciones.
Aunque la idea de un gravamen adicional a personas con altos patrimonios nace del Frente Amplio y el PC, al establecer un cambio tributario mediante una ley simple se fija un precedente delicado para la futura administración, ya que una mayoría circunstancial podría incluso promover una reducción de impuestos, por ejemplo, en temas demandados popularmente, como combustibles, los libros o el IVA, en general. Además, si el gobierno de Piñera recurre al Tribunal Constitucional, también existe el riesgo de que le herede el litigio a Boric, quien tendría que decidir si mantiene el requerimiento o lo retira.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, espera que este miércoles la instancia pueda despachar en particular la propuesta para que pueda ser analizada por la sala de la Cámara. Mientras que su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó nuevamente en que los recursos están asegurados.
Titular del Trabajo calificó la iniciativa como un “hito en la seguridad social del país”.
El proyecto de ley que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90% fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados pasando así al Senado.
Luego de que esta tarde la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el proyecto de ley que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable -y que decrece de forma gradual para quienes están entre el 80% y el 90%- los ministros del Trabajo, Patricio Melero, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, hicieron un llamado al Senado a despachar la iniciativa para poder implementarla en los primeros meses de este año.
De manera unánime de los que estaban presentes, esto es 138 a votos a favor, los diputados aprobaron la iniciativa del gobierno. Sin embargo, varios de los legisladores manifestaron que la discusión del proyecto de exenciones y del financiamiento en general será un tema que se debe analizar con mayor tiempo. Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara analizará el proyecto de exenciones tributarias.
Desde el gobierno explican que, con el proyecto, las personas que tengan una pensión autofinanciada de hasta $630 mil recibirán este aporte estatal de $185 mil.
Más allá de esta seguridad que existe en el Ejecutivo, las dudas están instaladas. Por ello, ante la solicitud de varios parlamentarios de oposición, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) revisará el proyecto y sus fuentes de financiamiento. Se espera que envíe un informe próximamente.
