Con el fin de establecer algunas regulaciones específicas carentes en la Ley de Inteligencia, el pleno de la Corte Suprema decidió los lineamientos con los que deben tramitarse las autorizaciones judiciales por parte de los organismos que realizan indagaciones bajo esa normativa. En sus lineamientos, pese a que pide que sean secretos, el máximo tribunal decidió que dicha información debe ser tramitada a través de la oficina virtual del Poder Judicial, al cual tendrán acceso los funcionarios de apoyo que destine la institución. La situación, dice el ex ANI Gonzalo Yuseff, debilitaría la reserva con que se deben realizar estas operaciones.
