Defensa aspira a que se desarrolle una audiencia "con ministros no inhabilitados" para resolver sobre la medida cautelar privativa libertad en que permanece el jefe comunal desde el 3 de junio.
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Desde que estalló en el seno de la Corte Suprema el caso por supuesto tráfico de influencias en nombramientos judiciales -por chats revelados en causas penales-, en los pasillos del Palacio de Tribunales el ambiente se corta con cuchillo. El presidente Ricardo Blanco, en los últimos días, ha tomado a la Comisión de Ética por las astas y, dando un “mazazo”, desafió a cuatro de sus pares del máximo tribunal.
"Nosotros hoy día terminamos tranquilos, bien, cada uno a su sala, a hacer su trabajo, respaldando como siempre a nuestro presidente, que es lo que corresponde porque fue elegido por unanimidad, y él mantiene el liderazgo que corresponde", afirmó la magistrada tras el Pleno extraordinario de este jueves.
"Yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso, y sobre todo: yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, aseguró el magistrado.
Diversas figuras políticas, entre ellos el senador PS Fidel Espinoza y el comunista Daniel Muñoz, cuestionaron el accionar de la justicia, y también de Gendarmería, luego que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se presentara a su audiencia de revisión de medida cautelar esposado y con una chaquetilla amarilla que distingue a los imputados. Se acusó "desigualdad ante la ley", "trato vejatorio", un "exceso". Lo cierto es que dichas medidas de seguridad se han dado en otras oportunidades con figuras de alta connotación pública como el exjefe comunal de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, su par de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), y también los exmilitantes de RD hoy presos por el caso convenios.
Durante la jornada de este lunes se reunió, como cada semana, el pleno del máximo tribunal. La instancia estuvo marcada por el retorno del ministro Jean Pierre Matus, quien -según Ciper- tendría chats con el penalista Luis Hermosilla, hoy indagado en una causa por presunto cohecho. Al igual que otros integrantes de las altas cúpulas del Poder Judicial han sido vinculados a supuestos actos reñidos con la ética; sin embargo, el propio Ricardo Blanco sostuvo ayer que la comisión ad hoc solo está recopilando antecedentes y ningún juez está indagado.
Siete días le restan al jefe comunal de Recoleta para lograr que se le aplique una medida cautelar menos gravosa, pues si se mantiene su prisión preventiva su cargo será declarado vacante y se tendrá que elegir a un reemplazo. Por lo mismo, sus abogados activaron una serie de recursos.
Actualmente se investigan una serie de beneficios que habrían sido ofrecidos a Carlos Palma por parte Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que este bajara su candidatura a fiscal nacional.
Junto con ello, la ministra del Interior aseveró que el gobierno ya trabaja en su propia propuesta y van “bastante adelantados”.
Desde la asociación manifestaron que en el documento emanado del máximo tribunal "tampoco se refleja la cero participación de entes o representantes de carácter político que, sin lugar a duda, podría generar influencias indebidas en el nombramiento de los jueces”.
La tarde de este viernes el presidente del máximo tribunal hizo entrega de los antecedentes al ministro Luis Cordero, quien en las próximas semanas debería presentar un proyecto de reforma. Entre otros aspectos, los magistrados proponen que las designaciones de jueces dependan de un ente autónomo integrado principalmente por jueces. Sugieren, asimismo, que se mantenga la participación de los tres poderes del Estado.
Este mediodía, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, entregará al ministro de Justicia, Luis Cordero, la propuesta del Pleno en la materia.
La determinación fue analizada durante el pleno que estuvo marcado por el retorno de las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, otras dos de las implicadas en el caso de supuesto tráfico de influencias y quienes estuvieron ausentes cuando Ricardo Blanco anunció la apertura de la instancia creada en 2007.
Juicio contra el exuniformado, quien es acusado de empujar a un adolescente al río Mapocho en una manifestación en 2020, se reanudó este lunes. En paralelo, uno de sus defensores, Vinko Fodich, debió enfrentar a la justicia y no pudo asistir a la audiencia.
Se espera que durante la cita, que está programada para las 14.30 horas, las magistradas hagan presente su postura frente a la determinación de sus pares de iniciarles un proceso disciplinario, aunque previamente el pleno había acordado que la instancia estaba "obsoleta" y que se reformularía su reglamento. Durante la instancia se abordará la renuncia del ministro Carroza a dicho comité.
