De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el 22 de octubre de 2019 el sargento primero J.F.G.G. disparó su escopeta antidisturbios en contra de Camilo Olivares Moreno, a una distancia inferior a 20 metros, luego de que la víctima lanzara un objeto contundente contra un carro lanzagua de Carabineros, en el marco de manifestaciones que se desarrollaban en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco.
Ángela Vivanco dijo también que “cualquier sistema que exista de prisión preventiva, de libertad provisional o de cualquier otra especie siempre es perfectible y el punto es que esa perfectibilidad tiene que ver con aquello que el país requiere y necesita”.
El Juzgado de Garantía de Talagante decretó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, quien fue violentamente agredido y sometido a humillaciones por parte de los imputados en una dependencia policial, en el marco del estallido social.
La medida cautelar contra Manuel Miranda Venegas fue dictaminada por el 7° Juzgado de Garantía, tras ser imputado por el Ministerio Público por los delitos consumados de porte de elementos explosivos e incendio. Con posterioridad, el tribunal se declaró incompetente para continuar tramitando la causa, ordenando remitir los antecedentes al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
El gobierno interpuso este tipo de acciones judiciales, entre el 18 de octubre de 2019 y julio de 2021. En el Ejecutivo aseguraron que no hay ninguna persona en prisión preventiva que haya sido formalizada por esta norma y abogados expertos desmenuzaron los efectos de un eventual retiro de las querellas: baja la pena de los delitos y por lo tanto la gente que esté privada de libertad puede tener otro tipo de medidas, como firma mensual o arraigo nacional.
Según se destacó en la audiencia de formalización, ambos detenidos ocuparon en reiteradas oportunidades -desde noviembre de 2020 a la fecha- los predios Puente Largo y Casa Teja, ubicados en Padre las Casas. De estos terrenos, robaron madera avaluada en más de 21 millones de pesos.
Se trata de Gonzalo Farías, Óscar Herrera y Eduardo González, quienes encabezarían una banda de 35 personas que fueron detenidas el martes por la PDI. Fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando y presentación de declaraciones falsas en la Aduana.
El sujeto -de iniciales M.A.P.S.- habría perpetrado el delito durante la noche del 3 de septiembre, más de diez días antes de ser detenido. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Concepción y se decretó un plazo de cuatro meses de investigación.
Desde el gobierno valoraron la decisión del Tribunal de Garantía de Collipulli, el que dio un plazo de 24 horas para que el comunero se presente ante la justicia. Defensa de Huenchullán afirmó que apelarán el dictamen y puso en duda comparecencia del werkén ante la justicia.
El magistrado Víctor Zúñiga indicó que ahora la candidata de Fuerza Popular debe ser cuidadosa en cumplir con las estrictas normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020 y postular a la presidencia. El fiscal José Domingo Pérez apeló la decisión que se verá en otra instancia judicial.
¿Cómo se repara el daño que se provoca al encarcelar a personas que luego son absueltas? Hace casi 100 años que Chile respondió esta pregunta creando el derecho constitucional a ser indemnizado. En su origen la norma no se pensó bien, en 1980 se cambió a medias, pero con el tiempo quedó sin utilidad y solo seis personas han tenido éxito.
Esta semana el proyecto de ley que busca aplicar una amnistía a quienes hayan cometido delitos durante la crisis social, tras el 18-O, avanzó en su tramitación en el Congreso. Ningún registro oficial da cuenta de “800 personas privadas de libertad sin juicio justo”, como han esbozado los autores de la iniciativa. La fiscalía aseguró que en la actualidad sólo hay 25 personas cumpliendo esa medida cautelar por delitos catalogados como graves.
Al exfutbolista, hoy en prisión preventiva acusado de participar en un homicidio en La Legua, en 2018, le prohibieron realizar videollamadas con su familia y le siguen negando las entrevistas con la prensa. Durante la protesta ya ha perdido casi cuatro kilos.
El cuerpo de la menor fue encontrado tras registrase un incendio en su vivienda en noviembre pasado. Pericias posteriores establecieron la participación de terceras personas.
La Tercera analizó las causas que tienen a 26 personas cumpliendo esta medida cautelar al 11 de diciembre pasado, según un estudio del Poder Judicial sobre los detenidos relacionados al estallido social. Hay desde acusados de quemar el Metro hasta un robo de tallarines.
