Según se destacó en la audiencia de formalización, ambos detenidos ocuparon en reiteradas oportunidades -desde noviembre de 2020 a la fecha- los predios Puente Largo y Casa Teja, ubicados en Padre las Casas. De estos terrenos, robaron madera avaluada en más de 21 millones de pesos.
Se trata de Gonzalo Farías, Óscar Herrera y Eduardo González, quienes encabezarían una banda de 35 personas que fueron detenidas el martes por la PDI. Fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando y presentación de declaraciones falsas en la Aduana.
El sujeto -de iniciales M.A.P.S.- habría perpetrado el delito durante la noche del 3 de septiembre, más de diez días antes de ser detenido. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Concepción y se decretó un plazo de cuatro meses de investigación.
Desde el gobierno valoraron la decisión del Tribunal de Garantía de Collipulli, el que dio un plazo de 24 horas para que el comunero se presente ante la justicia. Defensa de Huenchullán afirmó que apelarán el dictamen y puso en duda comparecencia del werkén ante la justicia.
El magistrado Víctor Zúñiga indicó que ahora la candidata de Fuerza Popular debe ser cuidadosa en cumplir con las estrictas normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020 y postular a la presidencia. El fiscal José Domingo Pérez apeló la decisión que se verá en otra instancia judicial.
¿Cómo se repara el daño que se provoca al encarcelar a personas que luego son absueltas? Hace casi 100 años que Chile respondió esta pregunta creando el derecho constitucional a ser indemnizado. En su origen la norma no se pensó bien, en 1980 se cambió a medias, pero con el tiempo quedó sin utilidad y solo seis personas han tenido éxito.
Esta semana el proyecto de ley que busca aplicar una amnistía a quienes hayan cometido delitos durante la crisis social, tras el 18-O, avanzó en su tramitación en el Congreso. Ningún registro oficial da cuenta de “800 personas privadas de libertad sin juicio justo”, como han esbozado los autores de la iniciativa. La fiscalía aseguró que en la actualidad sólo hay 25 personas cumpliendo esa medida cautelar por delitos catalogados como graves.
Al exfutbolista, hoy en prisión preventiva acusado de participar en un homicidio en La Legua, en 2018, le prohibieron realizar videollamadas con su familia y le siguen negando las entrevistas con la prensa. Durante la protesta ya ha perdido casi cuatro kilos.
El cuerpo de la menor fue encontrado tras registrase un incendio en su vivienda en noviembre pasado. Pericias posteriores establecieron la participación de terceras personas.
La Tercera analizó las causas que tienen a 26 personas cumpliendo esta medida cautelar al 11 de diciembre pasado, según un estudio del Poder Judicial sobre los detenidos relacionados al estallido social. Hay desde acusados de quemar el Metro hasta un robo de tallarines.
Se trata de un ex oficial del Ejército, quien, según la investigación de la PDI, habría abusado de la adolescente de 16 años en el marco de una competencia ecuestre realizada en Malloco.
Imputados son parte de los 36 formalizados tras una operación de la PDI y el Ministerio Público denominada la “Industria del Portonazo”.
El predicador y el encargado del recinto fueron acusados de infringir la norma sanitaria en el marco de la pandemia. En el lugar había una persona con Covid-19 positivo.
Corte de Apelaciones acogió un recurso presentado por la Fiscalía, luego de que el Tribunal de garantía rechazara la medida cautelar solicitada.
Guillermo Alvarez, quien fue formalizado por delito contra la salud pública y porte ilegal de armas de fuego.
