Las principales agrupaciones sindicales convocaron a una movilización nacional contra el gobierno para el miércoles. Mientras que el Ejecutivo está negociando para que se apruebe el ambicioso proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
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En la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados continuó la discusión sobre el proyecto que buscar fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor.
La iniciativa fue presentada a mediados de diciembre pasado por la bancada de diputados de RN, la que también consagra el Principio del Uso Responsable de la Tecnología en el proceso formativo.
En tanto, el presidente de BancoEstado sostuvo que "hay un importante daño patrimonial que en el caso de BancoEstado. A noviembre ha pagado US$120 millones por reclamos formulados el amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto. Parte de las consecuencias de eso, es que se pone en riesgo la capitalización del banco”.
Se trata de una iniciativa que introduce modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y que propone penas de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
Los parlamentarios Andrés Celis y Ximena Ossandón explicaron que la moción busca modificar la ley 20.000 y establecer sanciones de hasta 450 UTM para quien intente ingresar el opioide al país. Pidieron al gobierno sumarse a la iniciativa.
En caso de ser aprobado, este beneficio ayudaría a las familias de clase media a comprar un departamento o casa nueva.
La moción fue patrocinada por las legisladoras Paula Labra (ind-RN), Flor Weisse (UDI) y Chiara Barchiesi (Partido Republicano), donde buscan condenar las manifestaciones violentas que se iniciaron hace cuatro años, cuando inició el estallido social.
El ministro Juan Carlos Muñoz dio a conocer una de las apuestas para hacer crecer la electromovilidad en la inauguración de Experiencia E.
"Nuestro país ha avanzado hacia un mayor resguardo de derechos de los consumidores. Sin embargo, ser más duro no es lo mismo que ser mejor. Por esto, hemos transitado desde una regulación basada en multas elevadas e incluso penas de cárcel, a una ley que pone el acento en las acciones de clase e indemnizaciones para un gran número de consumidores. El desafío actual pareciera no estar en asegurar más derechos para los consumidores, sino que aquellos ya existentes sean debidamente cumplidos y el acceso a reparaciones sea oportuno."
Tras el avance de un proyecto de ley que busca limitar el uso del concepto, especialistas en alimentación lo descifran y opositores comparten su visión.
Propuesta encabezada por el senador Iván Moreira encontró rechazo entre los especialistas de seguridad vial, quienes lamentaron la moción y esperan que no avance en el parlamento.
"Un proyecto de estas características debe ser discutido en detalle y es de esperar que el debate en el Congreso y en la mesa técnica que se formará para el efecto incluya propuestas para fortalecer la competencia, pero sin poner en riesgo ni a las pequeñas empresas distribuidoras, ni la calidad y seguridad del servicio."
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que parcializa el trámite para renovar el documento.
"Si no se incorpora de manera sistemática, orgánica y formal al sector privado a colaborar con su experiencia y óptica privilegiada de la circulación de activos y dinero, difícilmente vamos a contar con los mecanismos eficaces de prevención, identificación, detección temprana y denuncia de operaciones sospechosas más allá de lo que hace la UAF. Restar de la elaboración de la solución del problema al primer eslabón de la cadena significa que estaremos sólo rascando la superficie de este fenómeno y no acometiendo lo que justamente la política busca: atacar el poder del dinero de las bandas organizadas"
