El candidato del pueblo mapuche cuestiona el requisito que deben cumplir los pueblos originarios para obtener un escaño en el Consejo Constitucional. Respecto de los contenidos que tiene que tener la nueva Carta Magna, manifiesta que una de las materias más importantes son "el catastro y restitución de tierras".
En Chile hay más de 1.400 establecimientos que imparten la enseñanza de lenguas ancestrales como parte de la asignatura “Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales". Si bien son avances para las comunidades, expertos indican que aún queda un largo camino para saldar una deuda histórica.
El motivo de la negativa se debe a que la declaración jurada del candidato no aparece suscrita ante notario, por lo que el aspirante tiene cuatro días para rectificar y así volver a la carrera para integrar el Consejo Constitucional.
Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge descubrió un conjunto de edificios de más de 2.000 años, los cuales entregan datos inéditos sobre cómo funcionaba su organización política en el periodo Preclásico. Revisa acá sus conclusiones y el método que utilizaron para encontrarlo.
La académica y ex presidenta de la Convención Constitucional publica Azmapu, un ensayo sobre filosofía mapuche que busca dialogar con la sociedad chilena. En esta entrevista analiza la derrota en el plebiscito de salida: lo adjudica a las mentiras de la campaña del Rechazo y a los errores de los partidos, con poco margen para la autocrítica. Defiende la idea de la plurinacionalidad y cuestiona el nuevo acuerdo constitucional.
La titular de Justicia sostuvo que la decisión de recurrir del fallo "depende de las condiciones de seguridad" en el penal de destino. Sobre la propuesta de una cárcel exclusiva para personas de pueblos originarios, comprometió una respuesta "una vez que tengamos todos los análisis necesarios”.
Representantes de 11 pueblos originarios y comunidades redactaron una declaración en que se cuestiona duramente el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para dar continuidad al proceso constituyente. Acusan que se vulnera "el derecho a la autodeterminación de los pueblos" y se contrapone "a la actual legislación nacional, por carecer de legitimidad". Por lo mismo, exconstituyentes plantean que impulsarán "todas las acciones judiciales que tengamos que hacer para defender los derechos de los pueblos originarios".
La ministra de Justicia, Marcela Ríos informó que la creación de una cárcel especial se está evaluando, junto con analizar el presupuesto que esto requiere.
Marcela Ríos explicó que “ésta ha sido una solicitud que proviene directamente desde el Congreso, de distintos parlamentarios de manera transversal, de distintas bancadas, de los parlamentarios de la zona de La Araucanía”.
El proyecto es impulsado por los parlamentarios falangistas Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores; junto al timonel gremialista, Javier Macaya, y el independiente Pedro Araya. Dentro de su articulado, busca que se garantice "el derecho a la autonomía en materias relacionadas con sus asuntos internos y locales”.
Los jefes comunales de Rapa Nui, Colchane y Ollagüe manifiestan sus reparos respecto de algunos artículos referentes a pueblos indígenas, especialmente por la falta de precisión en la propuesta de nueva Constitución. Mirando al futuro, postulan que el proceso debe continuar. El único que se escapa de eso es el jefe comunal de Colchane. "El pueblo habló claro", dice, y agrega que se deben promover reformas que apunten a resolver las demandas de los chilenos como seguridad, pensiones, migración, salud y educación.
Esta experta en derecho constitucional indígena plantea que "si quieren que la Constitución tenga éxito, deben encontrar formas de abordar las preocupaciones de las partes interesadas en todo el espectro político".
El plebiscito de salida enfrentará a dos miembros del clan Cayuqueo. Pedro, periodista y escritor, votará Apruebo. Camilo, en cambio, exfuncionario del segundo gobierno de Sebastián Piñera, marcará Rechazo. Sus diferentes miradas sobre el borrador de la nueva Constitución animaron un diálogo en el que ambos argumentaron por qué su opción es la mejor para los pueblos originarios.
Vivían en la altura precordillerana de Tarapacá mucho antes de la ocupación peruana, chilena o el descubrimiento de América, pero una mañosa inscripción de derechos de agua les arrebató el elemento con el que por siglos se abastecieron, obligándolos a abandonar sus tierras y regalar su ganado. Un acuerdo amistoso dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón en 2018 y aunque aún esperan, el gobierno se comprometió con ellos en la cuenta pública.
“Estamos reunidos para darnos la oportunidad de empezar a reconstruir la confianza entre nosotros, de nación a nación”, expresó Justin Trudeau al firmar el acuerdo.
