Iniciativa busca modificar el recinto penitenciario para recibir a otras personas privadas de libertad y así descomprimir el hacinamiento de la población penal del país.
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Según afirmó el abanderado del Frente Social Cristiano, "siempre tiene que haber cárceles especiales destinadas a cualquier persona que haya prestado funciones en las FF.AA. o en las policías".
El general Ricardo Martínez asistió al velatorio de Marco Antonio Bustos Carrasco (61) -quien estuvo en el penal Punta Peuco hasta el 23 de agosto-, procesado por formar parte de un grupo conformado por funcionarios de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército, quienes participaron del secuestro de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1987. El jefe de la institución castrense fue su compañero de curso en la Escuela Militar.
El 10 de agosto el ingreso de una visita contagiada -sin saberlo- inició un brote de Covid-19 al interior del recinto penitenciario. Actualmente, el penal cuenta con 113 internos, que promedian los 75 años de edad, de los cuales 80 están infectados. La jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio, indica que "hay otros recintos donde hubo una tasa alta, pero este caso es mayor, dadas la variante, la edad y enfermedades de base de la población penal".
Abogado Maximiliano Murath, representante de los querellantes, afirmó que el secretario de Estado de haber tenido una "nula intervención" en el penal durante "un grave problema sanitario por el Covid-19".
Abogado y general (R) del Ejército durante la dictadura fue uno de los personajes más reconocibles de la década de los 80. En 2015, sin embargo, fue condenado por el juez Alejandro Madrid por el delito de asociación ilícita en el crimen del exquímico de la Dina Eugenio Berríos, por lo que desde entonces debió mantenerse recluido en Punta Peuco. Ya hace algunos meses estaba internado en el Hospital Militar, dado su crítico estado de salud.
Su deceso ocurrió ayer a sus 81 días, cerca de las 3.00 AM. Fuentes consultadas apuntan a que falleció a raíz de la enfermedad por la que le dieron el indulto. En 2015 fue diagnosticado con un cáncer de próstata y tenía hipertensión arterial.
Orozco ingresó al Hospital Militar en marzo debido a múltiples problemas de salud y falleció finalmente a las 00.30 horas por una "insuficiencia respiratoria".
Se trata de Raúl Rojas Nieto (77), condenado en el marco del caso Caravana de la Muerte a una pena de 7 años, y de Víctor Mattig (79) fue condenado a 10 años y un día por el delito de secuestro calificado. Ambos casos, dicen desde el gobierno, tenían una situación jurídica menos compleja que otros internos y tenían el peor estado de salud. Se les conmutó la pena por arresto domiciliario.
Respecto al proyecto de indultos conmutativos que hoy fue publicado en el Diario Oficial y que excluye a los condenados por violaciones a los derechos humanos, la presidenta de la UDI sostuvo: “Nos dolió que la discriminación surgiera del gobierno”.
Nos acompañan los diputados Luis Parto (RN) y Marcelo Díaz (Independiente) para profundizar en la Ley que busca que presos mayores de 75 años cumplan sus penas en casa ¡Comenta y comparte!
Sólo falta que los ministros redacten los votos de mayoría y minoría respecto de la resolución de ayer, para que la iniciativa del Gobierno sea promulgada. En el camino quedó el requerimiento que diputados RN y UDI ingresaron ayer, quienes lo retiraron hoy tras gestiones de La Moneda y Gendarmería. La discusión en la institución que lidera María Luisa Brahm no estuvo exenta de asperezas.
La iniciativa busca que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario, lo que podría beneficiar a condenador por delitos de lesa humanidad.
En 2010, tras la petición de las iglesia Católica y Evangélica, Piñera decidió no indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. Luego en 2013 cerró el Penal Cordillera y habló de "cómplices pasivos". Hoy, a raíz del proyecto de indulto conmutativo, la posibilidad de indultar a reos por violaciones a los DD.HH vuelve a surgir.
Defendió a Colonia Dignidad antes de la condena de Paul Schäfer, dio su voto para indultar a lautaristas en 2007, pidió perdón a 40 años del golpe y ahora, como ministro, defiende que el proyecto de indulto conmutativo no incluya a detenidos por violaciones a los DD.HH.
