De un total de 15.396 establecimientos educacionales que hay en Chile, 6.438 recibieron estudiantes en el arranque de la segunda mitad del año. Hay, eso sí, 2.231 que siguen de vacaciones hasta el próximo lunes, y el Mineduc proyecta que de aquí a dos semanas se superen las 10.000 instituciones con sus aulas dispuestas a la presencialidad.
La cartera busca actualizar el estado de la infraestructura de los recintos educacionales, algo que no hace desde hace casi 10 años, justo en momentos en que algunos de los nuevos alcaldes de la Región Metropolitana han denunciado graves problemas en sus recintos.
El especialista en derecho penal tendrá a cargo los alegatos ante el Congreso del titular del Ministerio de Educación, a quien conoce desde su época de estudiantes en la Pontificia Universidad Católica. Ya ha sido parte de grandes litigios, como Inverlink, Penta, EFE y SQM.
Ayer martes se eligió a los parlamentarios Marisela Santibáñez (PC), Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI) como integrantes de la comisión. En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras, el ministro se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.
"Esta acusación es incomprensible e inoportuna", recalca el diputado Auth, mientras que la impulsora de este libelo defiende los argumentos: "Va mucho más allá de la discusión del retorno o no a clases".
Los elegidos fueron: Marisela Santibáñez (PC), Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI). La instancia deberá emitir un informe, el cual no tiene un carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar el libelo.
Mientras en el Mineduc creen que la medida no prosperará, los impulsores de la acción en contra del titular de la cartera trabajan para convencer a sus pares de que sí es posible. "Tengo señales de que no hay agua en la piscina", dice Mario Venegas (DC), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá que revisar el fondo del asunto, y aceptar o rechazar el requerimiento que busca se declare "arbitraria e ilegal" la idea esbozada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, de condicionar el pago de la subvención escolar a la asistencia a los establecimientos.
Un grupo de diputados de oposición anunció presentar una acusación constitucional contra el jefe de la cartera de Educación, criticando su llamado a retornar a clases presenciales. "Hoy día a todos los chilenos lo que les interesa es que como país pongamos nuestro esfuerzo en cómo favorecer el proceso educativo de los niños, que se ha visto tan perjudicado durante este tiempo", dijo el secretario de Estado.
Luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso de protección que presentó contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp -en representación de 13 centros de madres, padres y apoderados-, acudió hasta el máximo tribunal para impedir el retorno a clases presenciales durante la pandemia, dado que la decisión del ministro "amenaza, perturba, y pone en riesgo el derecho a la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes" de Valparaíso. Falta saber si el libelo se declarará admisible o no.
Diversos ediles consultados por La Tercera optan por la cautela en torno a las fórmulas que trabajan Educación y Salud para eximir de las cuarentenas a los recintos educacionales. Algunos derechamente se declaran en contra de la medida, aunque también existen quienes se muestran absolutamente a favor.
El secretario de Estado aborda la compleja labor de promover el retorno presencial a las aulas y la detracción que ha encontrado en el Congreso, donde esta semana se rechazó la obligatoriedad del kínder. “Para muchos el derecho a la educación es simplemente un eslogan”, sostiene.
Ambos ministerios trabajan en cambios al plan Paso a Paso que permitirían mantener las clases presenciales aun cuando las comunas retrocedan a cuarentena. La idea es implementar esta modificación al regreso de las vacaciones de invierno, considerando que los funcionarios de educación ya fueron inmunizados y que la vacunación en los estudiantes de enseñanza media comenzará la próxima semana.
Luego de tres años de tramitación, una comisión mixta botó ayer la esencia del proyecto de ley que buscaba ampliar a 13 los años de escolaridad, al rechazar los artículos que establecían la obligatoriedad. El gobierno insistirá en la iniciativa, por lo que se ha planteado un veto para restituirla. Mientras, de forma transversal, los expertos en educación apoyan la iniciativa que, afirman, impacta considerablemente los resultados académicos futuros de los estudiantes
Académicos de las universidades de Chile y Humanismo Cristiano analizaron las respuestas de cinco mil apoderados de 46 colegios en comunas vulnerables de la RM. Según la investigación, ya se evidencian síntomas depresivos en los escolares, cuyos padres han detectado cuadros de tristeza, irritabilidad, falta de ganas, problemas para dormir e inapetencia, con una frecuencia inédita.
