Pancarta con mensaje apareció en la reja de la casona en que operaba la tienda oficialista en Providencia.
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El Mandatario salió al paso de quienes criticaron un giro en su discurso respecto al caso de presunta corrupción que involucra a Revolución Democrática y al Minvu. "Quien quiera que sea, la responsabilidad política se va a hacer valer", recalcó.
La entidad encabezada por Jorge Bermúdez acordó que, durante la próxima semana, retomarán la revisión de documentos. Eso sí, iniciarán la labor con aquellos convenios que involucren a fundaciones con reconocida trayectoria. Se dejará para una etapa posterior lo referente a entidades creadas durante el último tiempo.
Tras conocerse la definición respecto de la expulsión de la expareja de Pérez, Daniel Andrade, y del exjefe de gabinete de la parlamentaria y exseremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, en las bases asomaron las primeras interrogantes -y una molestia respecto del Tribunal Supremo- sobre el estado de la militancia de Pérez. Distintas fuentes del partido aseguran que la acción no ha sido ingresada, e incluso desde el entorno de Pérez confirman que la diputada no ha sido notificada formalmente de un escrito que solicite alguna sanción establecida en los estatutos.
Este jueves, tras conocerse que la Fiscalía inició una investigación por convenios de la Seremi de Vivienda del Maule y la fundación Urbanismo Social, el Presidente respaldó a la delegada presidencial, Daniela Dresdner, y a la autoridad regional. "Hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no, porque si los metemos a todos en el mismo saco", dijo el Mandatario.
La alcaldesa de Viña del Mar abordó por primera vez la polémica que sacude a su partido, RD, en medio de la investigación del Ministerio Público por los millonarios convenios entre el Serviu de la región de Antofagasta y la fundación que presidía la expareja de la diputada Catalina Pérez. La jefa comunal dijo que debe haber “sanciones condenatorias y ejemplares".
"Fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano", señalo el timonel de la tienda oficialista.
El Ministerio Público investiga delitos de corrupción por traspasos de fondos público de la cartera a organizaciones privadas en al menos dos regiones: Maule y Antofagasta, ambos casos ligados a militantes RD. En Atacama, dijo el ministro, se están reuniendo antecedentes.
El contralor tomó la decisión de paralizar la toma de razón sobre el traspaso de fondos entre entidades gubernamentales y distintas ONG. Se trata de un trámite interno en el cual tres equipos de Contraloría trabajarán en no más de 10 días para determinar si una decena de convenios están o no bien fundamentados. En La Moneda, en tanto, la medida los tomó por sorpresa.
El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que remece al Frente Amplio -y a todo el oficialismo- reportó a la colectividad de su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.
La sentencia del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, en T13 Radio este miércoles marcó un punto de quiebre respecto de la actitud que había tenido con la diputada Pérez en torno al caso Democracia Viva. Las razones, no aclaradas del todo, apuntan a una solicitud de la directiva para que la parlamentaria hiciera un "gesto", una declaración con mayor detalle, o hacerse parte de una querella. Sin embargo, eso no ocurrió.
El nombre de la autoridad regional surgió en medio de la investigación que abrió de oficio el Ministerio Público, ahora para indagar los contratos entre Urbanismo Social y las secretarías regionales del Maule y Antofagasta. El abogado trabajó por siete años en la ONG, antes de pasar al gobierno, desde donde se cerraron contratos con esta organización. Sin embargo, dice que se inhabilitó de todos estos procesos para "cautelar ese estándar ético que va más allá de la ley".
El titular de Vivienda indicó que la cartera pondrá la información que maneja en manos del Ministerio Público, tal como lo hio en el caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta.
Diputados y alcaldes de la colectividad han cuestionado la forma en que el senador abordó -al inicio de la crisis- el lío de platas por los convenios entre el Minvu y Democracia Viva. Algunos creen que lo más conveniente es esperar y no hacer cambios por ahora, pero que se debe revisar el liderazgo del partido.
El Ministerio Público actuó de oficio, ahora, para indagar las transferencias a la ONG que integró el actual jefe regional, Rodrigo Hernández. Se pesquisan contratos que sumarían más de $ 500 millones. El fiscal regional de la zona, Julio Contardo, derivó los antecedentes a su par de Antofagasta.
