Personal de la Bridec de la PDI allanó la casa que compartía la extimonel de RD con Daniel Andrade cuando eran pareja, con el fin de incautar documentación o elementos que pudieran ayudar en la investigación del caso que lleva adelante la fiscalía de Antofagasta.
Durante el comité político ampliado de La Moneda, que se desarrolló este martes, los representantes de los partidos abordaron con el Ejecutivo el escándalo que golpea al sector por los convenios millonarios, que involucran a militantes de RD. Tras la cita, el presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, indicó que "hay que ir al fondo del asunto y buscar una agenda concreta de elevar estándares de probidad y transparencia".
El Mandatario ha transmitido internamente su indignación por el escándalo que involucra al partido fundador del Frente Amplio, su cuna política. Por su parte, el ministro de Vivienda entregará este miércoles antecedentes al Ministerio Público.
Los cambios en la postura del timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, pusieron en cuestión su "vocería" frente a la crisis, y los alcaldes, y -más recientemente- la bancada de diputados, marcaron una distancia mayor con los involucrados, particularmente de la diputada Catalina Pérez y rompieron con la instrucción de radicar las salidas comunicacionales en la directiva.
“Los antecedentes iniciales que teníamos, tanto el gobierno como nosotros era que acá, en principio, no había nada que estuviera fuera de regla, sino que había más bien un descriterio político, pero en la medida que se van conociendo más antecedentes, hay ya sospecha de delitos", dijo el presidente de Revolución Democrática.
El diputado lanza duras críticas a quienes han estado vinculados al caso de la Fundación Democracia Viva y dice que "el lugar para los corruptos está en la cárcel".
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se trasladará el martes 27 a Antofagasta para entregar los antecedentes recabados a la Fiscalía.
Las declaraciones de la timonel del Partido Socialista, ocurren luego de que el Presidente Boric solicitara la renuncia de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, en medio de la polémica con la Fundación Democracia Viva. "Cuando cae este manto de duda sobre si los recursos públicos están bien invertidos o no, es un tremendo problema", aseveró.
Días después de que el Presidente llamara al Frente Amplio a unirse y a “pensar en grande”, la publicación de millonarios contratos suscritos entre el seremi de Antofagasta y la fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez (ambos militantes de Revolución Democrática) abrieron una crisis al interior del Frente Amplio y el gobierno, cuyos efectos están por verse.
Con especial atención, los dirigentes de los partidos de gobierno escucharon un reporte pormenorizado del timonel RD, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, que la Fiscalía ya investiga, y que involucra a militantes de sus filas. En esa colectividad, ya adoptaron las primeras medidas de contención de la crisis que impacta a todo el sector.
Personal policial concurrió esta tarde a departamento, ubicado en la comuna de Ñuñoa, que oficiaba como sede de la organización que hoy está en la mira de la Fiscalía. Los detectives llegaron con una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Los vaivenes del senador en el abordaje del caso Democracia Viva -de calificarlo como un “error político”, la tensión con el ministro Montes, a anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez- pone en cuestión su rol en medio de la crisis. Así las cosas, la colectividad busca constituir una comisión para abordar el escándalo que hoy golpea al partido.
En el gobierno reconocen que la situación de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), es complicada, mientras que la tensión entre los socialistas y el partido encabezado por Juan Ignacio Latorre sigue escalando. La colectividad liderada por Paulina Vodanovic ha salido a respaldar a Carlos Montes y considera injusto que sea él quien pague los costos políticos por los errores y omisiones de la autoridad que, a su juicio, instruyó tardíamente un sumario sobre los polémicos convenios firmados por sus propios correligionarios.
