Los vaivenes del senador en el abordaje del caso Democracia Viva -de calificarlo como un “error político”, la tensión con el ministro Montes, a anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez- pone en cuestión su rol en medio de la crisis. Así las cosas, la colectividad busca constituir una comisión para abordar el escándalo que hoy golpea al partido.
En el gobierno reconocen que la situación de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), es complicada, mientras que la tensión entre los socialistas y el partido encabezado por Juan Ignacio Latorre sigue escalando. La colectividad liderada por Paulina Vodanovic ha salido a respaldar a Carlos Montes y considera injusto que sea él quien pague los costos políticos por los errores y omisiones de la autoridad que, a su juicio, instruyó tardíamente un sumario sobre los polémicos convenios firmados por sus propios correligionarios.
“Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”. Con esas palabras, el timonel de la tienda oficialista dio a conocer que el martes presentarán la acción judicial.
Pivotes, Horizontal e Idea País anunciaron que comenzaron la recolección de firmas para que en esta etapa del proceso de nueva Constitución sea discutida una norma relaciona al nombramiento de funcionarios en el Estado.
El senador expresó su molestia contra la tienda oficialista. "La corrupción provenga de donde provenga hay que condenarla. Y Ellos fueron los que hablaron de la superioridad moral, no fuimos nosotros", señaló.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
Esta mañana, el timonel de RD aseguró que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, le había advertido al ministro Montes que había llegado una denuncia de presuntas irregularidades por los convenios con Democracia Viva. En horas de la tarde, fue el propio titular de la cartera quien señaló que "el presidente de RD se equivocó". Tras ello, Latorre entregó "todo el respaldo al trabajo que está realizando el ministro Carlos Montes”.
El Mandatario, también expresó una molestia profunda por el caso. "Frente a situaciones que dañan la fe pública hay que ser implacables, sin ningún espacio para ambigüedades", señaló.
Una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de RD se convirtió en la mayor crisis de presunta corrupción en el gobierno de Gabriel Boric. Así, el partido fundado por Giorgio Jackson vive uno de sus capítulos más complejos, y que dejó en la cuerda floja el discurso del Frente Amplio sobre renovar la política y condenar los actos de corrupción.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
Mandatario indicó que se exigirá a la fundación ligada a RD la restitución de los montos asignados no ejecutados y se avanzará en modificaciones a los mecanismos de asignación de este tipo de recursos. "Acá no puede caber ningún tipo de complacencias", recalcó.
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
El jefe de Vivienda ayer subió el tono, pidiendo que Democracia Viva devuelva los dineros no gastados de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fuentes de gobierno señalaron que Montes buscará reunirse con el fiscal Cristián Aguilar, quien lidera la indagatoria por los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Mientras que Revolución Democrática pidió la expulsión de sus militantes involucrados en el caso en el que se investigan los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática se convirtió en la mayor crisis de su tipo en el gobierno de Gabriel Boric. El episodio, que ha significado renuncias, condenas públicas y la intervención del Ministerio Público, puede ser difícil de entender. Acá te ayudamos a comprender el corazón de la denuncia que remece al oficialismo.
