El timonel de la tienda del Frente Amplio ha rehuido dar declaraciones públicas desde la semana pasada, tras reconocer que su directiva estuvo al tanto del escándalo Democracia Viva 10 días antes de que estallara en la prensa. Esta noche y mañana, RD sostendrá dos consejos políticos, los que buscan analizar las posturas de la mesa en la crisis por los convenios del Minvu y la acusación contra el ministro Ávila.
El timonel de RD ha rehuido de declaraciones públicas desde la semana pasada, tras reconocer que su directiva estuvo al tanto del escándalo Democracia Viva diez días antes de que estallara en la prensa. En horas de esta noche, RD sostendrá un nuevo consejo político, en medio de un escenario donde las presiones -soterradas- para darle una salida a la directiva no se han disipado.
La intervención de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, y las declaraciones de la diputada Cordero, quien trató de “pervertido” al ministro, podrían ser lapidarias. Aquellas afirmaciones -que validaban la presentación contra el secretario de Estado por su orientación sexual- podrían ahuyentar a ciertos diputados que estaban abiertos a estudiar el libelo.
Ayer el ministro de Educación sumó algunos respaldos. Incluso podría quedar a sólo dos votos de salvarse si los cinco diputados DC y los otros cuatro de la bancada Centro Democrático Unido (CDU, integrado por independientes y militantes del recién constituido Partido Demócrata) se inclinan por rechazar o abstenerse frente al libelo.
En una reunión previa al comité político, y la primera en la que se encuentran los timoneles oficialistas tras la confesión del líder RD, Juan Ignacio Latorre, respecto a que supo del caso Democracia Viva 10 días antes de que estallara, se resolvió -en todo caso- hacer esfuerzos conjuntos para restituir las confianzas internas.
Mediante un comunicado, desde la tienda indicaron "ninguna institución, pública o privada, es inmune a enfrentar estas situaciones, y la probidad se juega en la manera en cómo las enfrentamos". Esto, tras las críticas surgidas contra la tienda por el caso que se destapó con la fundación Democracia Viva.
Pese a no tener calidad de imputada o testigo dentro de las indagatorias de Fiscalía por el "Caso Convenios", la parlamentaria fichó la asesoría de dos reconocidos penalistas de la plaza: Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo. Ambos litigantes fueron parte del extenso contingente de abogados en el Caso Penta, quienes tomaron la defensa -en ese entonces- de Pablo Wagner.
Marco Antonio Ávila podría quedar a sólo dos votos de salvarse si los cinco diputados DC y otros cuatro del grupo Centro Democrático Unido (integrado por independientes y militantes del recién constituido Partido Demócrata) se inclinan por rechazar o, incluso, abstenerse frente al libelo.
Este miércoles la Cámara de Diputados votará el libelo en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En la antesala, La Moneda y la derecha han intensificado las gestiones con los sectores no alineados del Congreso para conseguir los votos necesarios para aprobarlo o asegurar su rechazo. En el gobierno reconocen que la situación se ha complejizado ante la crisis por el lío de platas entre el Minvu y fundaciones que complica al partido del secretario de Estado. En este escenario, Ávila evalúa renunciar, en caso de que la ofensiva avance al Senado.
Las vocerías confusas, la falta de una información homogénea en torno al caso Democracia Viva (y otros antecedentes que han surgido) tienen inquietos a los partidos de gobierno, sobre todo, en el Socialismo Democrático. Distintas voces señalan que no ha existido una estrategia del Ejecutivo respecto del manejo del escándalo, lo que -creen- ha contribuido a profundizar la crisis. Pese a eso, la estrategia de Palacio, por ahora, es "aguantar" y no hacer modificaciones en el gabinete.
El Jefe de Estado respondió cuándo se enteraron él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Sus palabras generaron confusión a tal punto que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvo que aclarar sus dichos.
El Jefe de Estado respondió hoy sobre cuándo se enteró él y su gobierno del caso que hoy indaga el Ministerio Público. El Mandatario señaló que tuvo conocimiento del oficio fiscalizador impulsado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), fechado el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que explotara el escándalo en el medio Timeline. Eso sí, recalca que entendió que había irregularidades "alrededor" de la fecha de esa publicación, momento en que instruyó "entregar toda la información".
Si bien a fines de junio el partido había tomado la definición de constituir un comité de militantes para gestionar el escándalo asociado a Democracia Viva, a inicios de esta semana se optó por desarmar el espacio. Los motivos apuntan a que sea la directiva -en conjunto con la comisión política, conformada por el senador Latorre, su secretario ejecutivo y representantes regionales del consejo político- la que se haga cargo de la responsabilidad política de buscar una salida a la crisis partidaria.
El martes se conoció que el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, fue alertado 10 días antes de que estallara el caso.
Antes de que se revelaran los convenios entre la fundación y el Minvu, la directiva de RD sostuvo un reservado encuentro telemático con parte de los involucrados, donde se detallaron los antecedentes respecto del conflicto de interés y la existencia de una investigación de la prensa regional. La conversación concluyó en torno a la primera versión respaldada por RD: la de un error político, sin irregularidades a la vista. Este antecedente -publicado por La Tercera PM- fue reconocido por el senador durante la tarde de este martes, señalando que se les entregó información "parcial".
