Christian Larraín respondió varias críticas que se han hecho a la reforma, entre otras cosas, respecto de que al ser un "fondo muy apetecible por la clase política, se puede terminar destinando a otros usos", o que destinar el 6% al fondo común es un “vale por”, o un "impuesto al trabajo".
El expresidente de la CMF también afirmó: "No me gusta el rol que se le da al Estado, tanto en la función de soporte como en el rol que se le otorga como inversor de los fondos". Respecto al IPS reforzado, señaló: "No creo que esta entidad pública le pueda dar a los futuros pensionados el mismo servicio que hoy día les dan las AFP". Y sobre el IPPA, dijo que "la competencia entre el inversor público y el inversor privado es absolutamente desleal. Eso no es fair play".
El economista señala que el foco de la discusión previsional no es el correcto: lo principal a definir es cuál es la tasa de reemplazo a la que aspira el país. Estima que la PGU cambió el escenario, porque ahora las tasas de reemplazo están por sobre los países de la OCDE. Cree que es necesaria una reforma, principalmente para subir la tasa de cotización, de lo contrario, asegura que los futuros jubilados tendrán pensiones más bajas que los actuales. "Si quieres redistribuir, tendrías que quitarles a los actuales para darle a los futuros", comenta.
Además, desde el gremio que agrupa a las AFP también dijeron que las "cifras del gobierno no desmienten que la mayor cuantía de las transferencias de 0,1 UF por año de aporte vaya a pensionados con mas años cotizados y mayores beneficios".
El regulador reafirma que serían 1,4 millones de actuales pensionados los que se beneficiarían con las 0,1 UF por año cotizado que entregará el fondo común. La Asociación de AFP había dicho que eran 943 mil.
El proyecto propone que el fondo común entregue UF 0,1 por cada año cotizado a los actuales pensionados. El superintendente de Pensiones dijo este martes que eso beneficiaría a 1,4 millones de personas que "son jubilados actuales, que tienen pensiones bajas". El gremio asegura que en realidad el universo que podrá acceder son 943 mil, y que "los más beneficiados" serán quienes "tienen mayor pensión”.
El gobierno propone que haya tres componentes de pensión a futuro. Con el 10,5% se podrá optar por una renta vitalicia en una aseguradora. Los beneficios que entregue el fondo común con el 6% se calcularán aparte, al igual que la PGU en caso de que corresponda. Pero no habrán distintas entidades pagadoras: todo eso será transferido por el APA, que será el ente público encargado de pagar la pensión a los jubilados.
Ellos son cerca del 30% de los afiliados, ya que el ministro Marcel aclaró que el 70% de los afiliados está por debajo de esa renta. A estos últimos se les anotaría más del 6%. El ministro de Hacienda también defendió el cálculo que hizo el Ejecutivo respecto al efecto de largo plazo que tiene la reforma sobre el mercado laboral.
Osvaldo Macías se refirió a la comunicación de Cuprum con sus afiliados, donde la AFP sostuvo que con el 6% que se destina al fondo común, "la mayoría de los cotizantes (...) recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual".
El gobierno y representantes de los centros de estudio este lunes tuvieron un primer acercamiento de coordinación para revelar las cifras. Entre las dudas que más se repiten, y que los expertos esperan resolver, están los supuestos que se usaron para diseñar el fondo común, y las bases de datos y método de cálculo que sustentan el informe de impacto regulatorio, con énfasis en la estimación del Ejecutivo sobre el mercado laboral.
El sondeo de opinión reveló además que, pese a que el 66% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, un 60% opina que hay que dejar este tema para más adelante. En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, evidencia un importante incremento de 18 puntos en su aprobación desde que asumió su cargo, en septiembre.
El exministro de Hacienda urge a acercar posiciones para esta vez sacar adelante el proyecto previsional: “Necesitamos en pensiones el esfuerzo que se le está poniendo a la Constitución”, enfatiza. En esa línea, también señala que el gobierno tendrá que entregar más para avanzar, y enumera sus críticas a la iniciativa: la magnitud y plazo de la separación de la industria, que haga competir al sector privado con el Estado y permitir los autopréstamos, que “es abrir una caja de Pandora”. Ve como lo indispensable de la reforma el subir las cotizaciones, con una parte de reasignación intrageneracional.
El CIES de la Facultad Economía y Negocios de la UDD, el cual es presidido por el economista Hernán Cheyre, organizó el encuentro que se realizó este miércoles. Hubo diversas opiniones, pero lo que predominó fue “mucha preocupación por tratar de lograr acuerdos para sacar una buena reforma con un espíritu no maximalista", comenta Cheyre.
Esto ya que, bajo la mirada de los centros de estudios, el proyecto de pensiones del Ejecutivo es “técnico y complejo, no solo por la cantidad de cambios que se introducen al sistema, sino por la dificultad de estimar sus efectos en el mediano y largo plazo”. Por lo mismo, señalan, si el gobierno acoge su solicitud, se podría incrementar la transparencia y replicabilidad de las estimaciones y proyecciones.
Para poder optar por una renta vitalicia, actualmente se requiere un saldo mínimo ahorrado en la cuenta de capitalización individual. También existirá una exigencia de ese tipo en el proyecto del gobierno, que corresponde a aquellas personas que no tengan saldo suficiente para financiar una renta vitalicia simple de al menos 3 UF. En esos casos, la reforma propone otra forma para entregar los saldos que acumuló el afiliado.
