Tras semanas de giros políticos, La Moneda propuso un paquete de cambios al proyecto. Sin embargo, los parlamentarios opositores se dieron cuenta de supuestos errores. Por ejemplo, las observaciones del Mandatario eximían de la multa por no votar a mayores de 70 años y cualquier embarazada independiente que estuviera en una fase muy preliminar de gestación. Ello obligó al Ejecutivo a reingresar el veto. La sanción monetaria quedaría en 33 mil pesos.
El documento repone la multa para el voto obligatorio en las elecciones municipales de octubre.
El Ejecutivo cambió la primera versión de las observaciones tras las críticas de la oposición a la medida que eximía de la multa a "personas gestantes en cualquier período de embarazo" y a mayores de 70 años.
Sobre la posibilidad de un feriado irrenunciable, el senador indicó: "Algunos han planteado una fórmula intermedia que me parece interesante, que sea feriado irrenunciable el domingo, pero no el sábado".
El principal nudo es la sanción monetaria a quienes no concurran a las urnas. En el oficialismo prefieren que la multa no se aplique a los extranjeros que están habilitados para votar. Sin embargo, para persudir a los detractores, el Ejecutivo propondría que la multa -que se aplicaría a chilenos y a extranjeros- solo tendría efecto este año.
El ministro inició una ronda de consultas, que hasta el momento se mantienen en reserva, para consensuar un veto presidencial que corrija el proyecto que da aplicación efectiva al voto obligatorio, a través de una multa. El titular de la Segpres, sin embargo, no solo debe congeniar visiones dispersas en la oposición y el oficialismo, también debe concordar una fórmula que pase el filtro de constitucionalidad, según han advertido juristas y parlamentarios.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró ayer que iniciará un proceso de diálogos con las fuerzas políticas para intentar “construir un acuerdo mayoritario”. La idea es que esas conversaciones partan el próximo lunes.
Las directivas y bancadas de la coalición trabajaron este domingo en una declaración por el veto al proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo. En el texto acusan "quiebre de las confianzas" y en el bloque transmiten que esto tendrá repercusiones en las reformas que están en trámite, por ejemplo, pensiones.
El ministro secretario general de la Presidencia aseguró que quienes votaron en contra “lo hicieron por distintas razones”, agregando que "esa suma hizo que no fuese posible alcanzar el quórum necesario para aprobar el proyecto".
Pese a las señales del oficialismo para intentar levantar nuevamente a la expresidenta como abanderada, el senador defiende las chances de aquellas figuras políticas que él define como los “hijos de la Concertación”.
Aunque terminaron plegándose al Ejecutivo, algunos senadores transmitieron sus reparos por el cambio de postura sobre la materia. Los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo defendieron ayer la exclusión de los inmigrantes, mientras que la oposición reforzó sus críticas acusando cálculo electoral.
La iniciativa fue diseñada con un conjunto de medidas electorales, que tocaban sensibilidades de distinta índole, desde intereses económicos hasta políticos. En la tramitación, La Moneda tuvo aliados inesperados, pero también adversarios sorpresivos. Si bien el gobierno ya anunció que vetará el proyecto para reponer las multas a los "ciudadanos" que no voten, inevitablemente las controversias se traspasarán al Tribunal Constitucional, que de todos modos debe revisar el texto.
En 2020 el sector reclamaba "cálculo electoral" de la derecha cuando rechazaron el proyecto, y en 2021, el entonces diputado Gabriel Boric celebró su aprobación. Hoy, el diputado Gonzalo Winter -de los pocos que se han mostrado contrarios a la iniciativa en el pasado- sinceró la nueva postura que han asumido en parte del conglomerado.
Tanto para las elecciones del Consejo Constitucional como para el plebiscito de salida, no hubo distinción para quienes acudieran a las urnas, ya que la norma hablaba de "electores" y no de "ciudadanos", cambio que el oficialismo busca implementar.
El parlamentario del Frente Amplio recalcó que "a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres"
