Tanto para las elecciones del Consejo Constitucional como para el plebiscito de salida, no hubo distinción para quienes acudieran a las urnas, ya que la norma hablaba de "electores" y no de "ciudadanos", cambio que el oficialismo busca implementar.
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El parlamentario del Frente Amplio recalcó que "a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres"
Según la información del Servel, en menos de dos años hubo un aumento de más de 130 mil votantes extranjeros.
La diputada Daniella Cicardini explicó que "el objetivo de esta medida es poder asegurar que las decisiones claves de Chile sean tomadas exclusivamente por ciudadanos chilenos, porque tienen un vínculo directo y permanente con nuestra nación".
La irrupción del ministro de la Segpres implicó un brusco cambio de mano en la conducción del proyecto, que hasta el martes en la mañana había sido tramitado por la subsecretaria Lobos. En el oficialismo admiten que en el rechazo a las multas hubo una consideración electoral por el efecto del voto de los extranjeros, pero alegan que la derecha, por lo general crítica de la migración, también tenía un interés político detrás.
En el sector critican la medida, pues acusan que favorece electoralmente a la izquierda.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que el detalle técnico será entregado "una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones" de octubre de este año.
El titular de la Segpres, en una entrevista radial la mañana de este miércoles, sostuvo que faltó disposición "de arribar a un texto que tuviera relativo consenso y no simplemente apoyarlo por una mayoría circunstancial".
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que hubo falta de diálogo y voluntad de acuerdo, luego de que la Cámara Alta no aprobara el informe de la comisión mixta y tras la controversia que generó la propuesta del Ejecutivo en la terminología “ciudadanos-electores” sobre aplicación de multas a quienes no concurran a votar.
Senadores oficialistas le quitaron repentinamente el piso a la fórmula que se había trabajado para destrabar la iniciativa. Esta semana el gobierno levantó una sorpresiva alerta respecto de los efectos que tendría aplicar multas a los extranjeros avecindados en Chile que no concurran a las urnas, ya que según la Constitución pueden sufragar en elecciones generales desde 1980.
Los senadores Juan Antonio Coloma y Manuel José Ossandón reprocharon el resultado de la votación en la Cámara Alta al informe evacuado por la comisión mixta del proyecto que apunta a realizar elecciones municipales y regionales en dos días, atribuyendo este escenario a las abstenciones de parlamentarios oficialistas.
Con 25 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones, al no alcanzar el quórum de 29 respaldos, la propuesta para aplicar multas, entre otras medidas, fue rechazada. El desmarque de los senadores la alianza gubernamental fue decisivo.
Se votó en un informe separado la incorporación de canales regionales y locales a la indicación que regula la campaña electoral en internet.
A pesar de que el proyecto desordenó al oficialismo y a la oposición, ahora esa mezcla de posturas juega a favor del Ejecutivo. Ya habría una mayoría de siete votos -de 10 integrantes de la comisión mixta- para reponer las sanciones monetarias a quienes no concurran a votar, mientras que reducir el financiamiento electoral tendría seis adhesiones. No obstante, el principal escollo será la Sala del Senado.
A diferencia del Senado, el procedimiento de la Cámara para designar a quienes serán parte de comisiones encargadas de resolver nudos legislativos, no está completamente regulado por reglamento. La presidenta de la corporación, Karol Cariola, admitió que hay reclamos y dijo que se está buscando una alternativa para futuras nominaciones.
