El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró ayer que iniciará un proceso de diálogos con las fuerzas políticas para intentar “construir un acuerdo mayoritario”. La idea es que esas conversaciones partan el próximo lunes.
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Las directivas y bancadas de la coalición trabajaron este domingo en una declaración por el veto al proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo. En el texto acusan "quiebre de las confianzas" y en el bloque transmiten que esto tendrá repercusiones en las reformas que están en trámite, por ejemplo, pensiones.
El ministro secretario general de la Presidencia aseguró que quienes votaron en contra “lo hicieron por distintas razones”, agregando que "esa suma hizo que no fuese posible alcanzar el quórum necesario para aprobar el proyecto".
Pese a las señales del oficialismo para intentar levantar nuevamente a la expresidenta como abanderada, el senador defiende las chances de aquellas figuras políticas que él define como los “hijos de la Concertación”.
Aunque terminaron plegándose al Ejecutivo, algunos senadores transmitieron sus reparos por el cambio de postura sobre la materia. Los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo defendieron ayer la exclusión de los inmigrantes, mientras que la oposición reforzó sus críticas acusando cálculo electoral.
La iniciativa fue diseñada con un conjunto de medidas electorales, que tocaban sensibilidades de distinta índole, desde intereses económicos hasta políticos. En la tramitación, La Moneda tuvo aliados inesperados, pero también adversarios sorpresivos. Si bien el gobierno ya anunció que vetará el proyecto para reponer las multas a los "ciudadanos" que no voten, inevitablemente las controversias se traspasarán al Tribunal Constitucional, que de todos modos debe revisar el texto.
En 2020 el sector reclamaba "cálculo electoral" de la derecha cuando rechazaron el proyecto, y en 2021, el entonces diputado Gabriel Boric celebró su aprobación. Hoy, el diputado Gonzalo Winter -de los pocos que se han mostrado contrarios a la iniciativa en el pasado- sinceró la nueva postura que han asumido en parte del conglomerado.
Tanto para las elecciones del Consejo Constitucional como para el plebiscito de salida, no hubo distinción para quienes acudieran a las urnas, ya que la norma hablaba de "electores" y no de "ciudadanos", cambio que el oficialismo busca implementar.
El parlamentario del Frente Amplio recalcó que "a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres"
Según la información del Servel, en menos de dos años hubo un aumento de más de 130 mil votantes extranjeros.
La diputada Daniella Cicardini explicó que "el objetivo de esta medida es poder asegurar que las decisiones claves de Chile sean tomadas exclusivamente por ciudadanos chilenos, porque tienen un vínculo directo y permanente con nuestra nación".
La irrupción del ministro de la Segpres implicó un brusco cambio de mano en la conducción del proyecto, que hasta el martes en la mañana había sido tramitado por la subsecretaria Lobos. En el oficialismo admiten que en el rechazo a las multas hubo una consideración electoral por el efecto del voto de los extranjeros, pero alegan que la derecha, por lo general crítica de la migración, también tenía un interés político detrás.
En el sector critican la medida, pues acusan que favorece electoralmente a la izquierda.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que el detalle técnico será entregado "una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones" de octubre de este año.
El titular de la Segpres, en una entrevista radial la mañana de este miércoles, sostuvo que faltó disposición "de arribar a un texto que tuviera relativo consenso y no simplemente apoyarlo por una mayoría circunstancial".
