“Hay dos personas que pueden tomar aquella decisión: una es el propio Yáñez, por sí, y en segundo lugar el Presidente de la República", sostuvo la timonel socialista.
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El titular de Justicia afirmó que lo planteado sobre el jefe policial no difiere de sus declaraciones anteriores sobre el tema. "Me parece que en general quienes estamos en situaciones directivas en el Estado, nuestra primera obligación, además de desempeñar bien nuestros cargos, es cuidar nuestras instituciones", sostuvo.
El exsubsecretario del Interior cuestionó las palabras del ministro de Justicia, quien señaló que el general director de Carabineros debería evaluar su renuncia antes de su formalización. En ese sentido, acusó que "es una ocurrencia en este gobierno que las autoridades antepongan la ética de sus convicciones ante la ética de la responsabilidad que demanda el cargo".
El Mandatario tiene en agenda una reinauguración de obras de una unidad policial en Maipú. El encuentro se concretaría tras los dichos del ministro Luis Cordero sugiriendo al general evaluar renuncia y la salida de Sergio Muñoz de la PDI.
En el resto del oficialismo, por otro lado, siguen presionando para que el general director de Carabineros deje su cargo, al igual que el jefe de la PDI, quien se vio forzado a renunciar el viernes. "No veo razón para aplicar un criterio distinto con el general Yáñez", aseguró el timonel del PPD, Jaime Quintana. El tema, que divide a algunos en el sector, esperan conversarlo este lunes en el comité político de La Moneda.
El secretario de Estado abordó la situación del general Ricardo Yáñez, ad portas de la audiencia del 7 de mayo, en que el Ministerio Público formulará cargos en su contra por presuntos delitos en el contexto del estallido social.
El gobierno selló el criterio con el cual actuará ante quienes enfrenten causas penales por parte de la Fiscalía. La vara, definida por la dupla de ministros Carolina Tohá y Luis Cordero, se basa en que las audiencias de formalización "representan un punto de inflexión" y son las autoridades quienes, por "dignidad del cargo", deben renunciar. El camino marcado con la policía civil deja al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en un pie forzado respecto de su cargo.
Estos hecho provocaron una serie de reacciones en el país, junto con ello, trajo una serie de consecuencias y presiones al gobierno.
Había expectación por su participación luego de que, esta mañana, se allanara el domicilio y la oficina del director general de la PDI, Sergio Muñoz. Con ello, las dos máximas autoridades de las policías del país quedaron citadas por el Ministerio Público para ser formalizadas.
Además, se entregaron 15 vehículos repartidos entre las distintas comisarías de la región.
El general director de la institución, Ricardo Yáñez, inauguró las dependencias en que trabajará esta jefatura. El equipo estará en coordinación con el fiscal Eugenio Campos, encargado de indagar este tipo de delitos en el Ministerio Público.
La institución también utilizó en la región alumnos de distintas escuelas de formación para cooperar en labores de ayuda.
A través de sus respectivas defensas, Ricardo Yáñez y Mario Rozas habían apuntado en contra del Ministerio Público por no haber recibido detalles de los 450 casos por los que serán formalizados. Pese a ello, desde la repartición encabezada por Xavier Armendáriz fueron enfáticos en que sí han podido tener acceso a la carpeta del caso. Respecto del incidente para impedir que la fiscal Chong accediera a detalles médicos de las víctimas de trauma ocular, el 7° Juzgado de Garantía lo dio por rechazado y ratificó la petición de la persecutora.
La defensa del actual general director solicitó anular la autorización que le permitiría a la fiscal Ximena Chong acceder a las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular, estimando que se trata de una medida "arbitraria e ilegal". Ambas defensas, además, reclaman respecto de la negativa que recibieron al pedir el detalle de los 450 casos por los que se les formalizará el próximo 7 de mayo. Aseguran que constituiría una "efectiva, concreta y real amenaza" al debido proceso.
La declaración del expresidente se produce luego de que el Ministerio Público fijara para el 7 de mayo la formalización de la máxima autoridad de Carabineros como presunto autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
