El rechazo al llamado del Mandatario se suma a la negativa expresada durante la jornada por el jefe de senadores UDI, Gustavo Sanhueza, quien indicó que “desde la UDI no tenemos la intención de firmar una carta que sea impuesta”.
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La alcaldesa de Providencia, y principal carta presidencial de la coalición, llamó a los diputados Diego Schalper (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli), además del presidente de la UDI, Javier Macaya, para intentar contener las recriminaciones tras el fracaso del libelo en contra del ministro Marco Antonio Ávila.
Si bien hubo incidentes políticos que acentuaron las diferencias entre ambos legisladores, que tomaron posturas opuestas ante el libelo acusatorio, el episodio también expuso un diferencia de carácter estratégico respecto del rol opositor y el futuro de la derecha.
El secretario general de Renovación Nacional (RN), que calificó la decisión de sus socios de coalición como “una puñalada al corazón de Chile Vamos”, agregó que la continuidad en la relación con ese partido es algo que "vamos a tener que estudiar una vez terminada la acusación”.
El timonel de Renovación Nacional también se refirió a la posición del partido ante la reforma tributaria. "Cuando el Ejecutivo nos llama a una reforma tributaria, nuestra respuesta es clara y categórica: ¿Cómo vamos a allegar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, si los chilenos no saben en qué se gastan los fondos y los recursos de todos los chilenos?", manifestó.
La bancada ingresará una enmienda con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos. Para eso, diseñarán una inhabilidad especial que esperan pueda ser incorporada en la propuesta de nueva Constitución que será redactada por el Consejo.
El planteamiento de Renovación Nacional apunta a hacer solidaridad intergeneracional al incrementar la PGU que reciben los actuales pensionados según años cotizados. En paralelo, con miras a hacer solidaridad intrageneracional de género para las futuras pensionadas, la idea de RN es hacer una “distribución de cotizaciones previsionales con destino a las cuentas de capitalización individual de las mujeres". Eso sí, a diferencia de la propuesta del gobierno, dicha solidaridad se haría destinando todo a cuentas individuales.
Entre las propuestas presentadas al órgano fiscalizador están modificar el proceso de trato directo, el control preventivo de cualquier traspaso de fondos públicos a privados que estén exentos de la toma de razón y que haya una mayor rigurosidad en la revisión de antecedentes de proveedores- organismos ejecutores y en el registro de estos.
La petición al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, contó con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos, PDG, Partido Ecologista Verde e independientes como Pamela Jiles, Felipe Camaño, Yovana Ahumada y los ex-DC Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio.
El órgano redactor tiene seis grupos de consejeros, tres de derecha y tres de izquierda. En el oficialismo los roces han estado marcados por la elección de delegados, los representantes del PC y un frustrado intento por instalar una vocería del sector. En la oposición, en tanto, la cercanía de la UDI -y su delegado Arturo Phillips- con republicanos ha generado resquemor entre los consejeros de RN y Evópoli.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $ 766 millones al Fisco. Se decretó su prisión preventiva en base a cinco hitos que determinaron lo que sería para algunos el ocaso de una de las figuras más importantes de la derecha.
En relación a una eventual norma que restrinja las grabaciones de reuniones en las que participe el Presidente de la República, la timonel del Partido Socialista manifestó que "si tenemos que hacer protocolos para la decencia, para la responsabilidad política y el sentido común, estamos en un muy mal momento como país".
