La presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios sostiene que hoy el foco de preocupación son aquellos clientes que tienen cuatro o más cuentas impagas, que desde el inicio de la pandemia han aumentado en un 55%. Aunque tras el retiro del 10% la morosidad bajó, desde septiembre la tendencia ha ido en aumento.
Marta Colet participó de un panel que abordó la escasez hídrica.
En zonas afectadas por la falta de agua, las empresas han debido incorporar nuevos recursos hídricos, a partir del arriendo o compra de derechos de agua, compra de agua cruda y también inversión en obras de infraestructura hídrica.
La compañía agregó que las nuevas condiciones le permitirán contar con soporte adicional de agua cruda hasta marzo del 2023, el que es necesario para superar el déficit hídrico por la gran escasez de agua que afecta a la cuenca de la Región Metropolitana.
De acuerdo con datos de Andess a octubre, clientes con dos saldos pendientes o más llegaban 770 mil.
APUC y Toesca ya notificaron la transacción a la Fiscalía Nacional Económica.
La iniciativa que pasa a Sala, incrementa los meses de prorrateo de deudas a 36 meses.
En ese contexto, el gobierno decidió respaldar el proyecto de ley presentado por parlamentarios que busca extender la ley de Servicios Básicos, que caduca este viernes. En la Comisión de Economía del Senado se comenzó a discutir esta mañana el proyecto.
Además en ambas empresas iniciarán un proceso para incorporar nuevas inversiones en obras que permitan hacer frente a la sequía extrema que afecta al país.
El precio fijado por acción arroja un valor total para la participación de Aguas Andinas en la polémica sanitaria de Los Lagos de US$ 92,3 millones.
Debido a la fuerte alza de deudas morosas, las empresas aumentaron sus provisiones por incobrabilidad. Sin embargo, en agosto se registró un incremento en el número de clientes que regularizaron sus cuentas.
Sin embargo, la tramitación del procedimiento destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, sigue en desarrollo.
La compañía anunció que se encuentra estudiando apelar la sanción por $1.640 millones que cursó la Superintendencia por los cortes que afectaron a la ciudad Osorno el año pasado.
El veto fue rechazado, pero la insistencia no fue aprobada.
Por 109 votos en contra y 31 a favor, la Cámara rechazó el veto. Lo anterior debe ser ratificado por el Senado.
