Ejecutivo tiene plazo hasta este sábado para promulgar o vetar la ley. Este martes, el ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, reconoció que se optó por la segunda opción, aunque aseguró que los beneficios para las personas no se tocarán. Parlamentarios incluso oficialistas cuestionaron la decisión.
La medida se extenderá hasta que dure el Estado de Catastrófe determinado por el gobierno, dijo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess).
La sanitaria apunta que Jorge Rivas incumple los principios de “probidad, imparcialidad y abstención” por sus juicios de valor emitidos durante el episodio de julio de 2019.
Además, ambas empresas señalaron que la ley de servicios básicos debería haber tenido un límite para el consumo de agua.
El grupo francés, controlador de Aguas Andinas -matriz de la sanitaria de Los Lagos- considera que la actuación del regulador “pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile”.
Iniciativa que aplaza pago de cuentas de luz, gas, agua y telefonía, beneficiando al 60% más vulnerable de la población, se vota hoy en Comisión Mixta. Pero persiste el debate sobre quién y cómo asumir los costos.
La vocera del sector sanitario dice que este invierno se prevé seco y las empresas están actuando bajo esa premisa para que la población no sufra alteraciones en su suministro.-Respecto a la suspensión de pagos, pide que sea focalizada en familias vulnerables y señala que ha pedido que los beneficiados tengan un límite de consumo.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios llegó a un acuerdo con el Servicio de Agua Potable de Maipú (Smapa) para mantener las tarifas base de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el período 2021–2026.
Sin embargo, la compañía reportó que al cierre del primer trimestre no se habían registrado impactos significativos en sus resultados por la crisis sanitaria.
En Chile, la industria sanitaria presenta niveles de pérdida de agua potable en redes que ronda el 30%, aunque en algunos casos, como el de la municipal Smapa, pasa del 60%.
Entre las obras a construir destacan la construcción de pozos profundos para captar agua del acuífero y una planta desaladora, entre otros. El proyecto que moderniza la regulación sectorial será presentado este mes.
Solo en lo que va del año, la Superintendencia de Servicios Sanitarios cursó 102 multas. En todo el año pasado, las sanciones "a firme" llegaron a 128. En tanto, el presupuesto asignado a la superintendencia para este año, subirá 3,8%, lo que se destinará a gasto en vehículos, maquinarias y equipos.
Los cortes de agua en Osorno, que afectaron a 50 mil clientes, reactivaron los planes del gobierno para modificar la legislación sectorial, abordando entre otros temas la rentabilidad del sector. Ello llevó a las empresas y gremios de la industria a solicitar diversas reuniones con las autoridades para discutir estos puntos.
La Ley, en su artículo 25 A, establece que las empresas deben descontar obligatoria, directa y automáticamente el tiempo que los consumidores estuvieron sin servicio.
El pasado mes de febrero, Essal detalló al regulador una serie de falencias en la planta de Osorno. Frente a los temores de que un proceso de caducación termine por afectar las inversiones del sector sanitario, el superintendente (s) Jorge Rivas se mostró enfático y respondió: "Esto no anda al lote". Mientras, la SEC confirmó la formulación de cargos a la sanitaria.
