Es urgente que la institucionalidad combine altos estándares de sostenibilidad con plazos razonables de tramitación de los proyectos de inversión. Esto no implica debilitar la protección ambiental sino establecer procesos más predecibles y eficientes.
En la acción judicial, los trabajadores denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales en un ambiente laboral descrito como hostil y negligente. Los denunciantes afirman haber sido víctimas de acoso y discriminación por parte de sus superiores, entre ellos Juan Cristóbal Moscoso y otras jefaturas designadas. Esta acción, la tercera de su tipo contra la administración de Valentina Durán, acusa represalias y falta de protección a las víctimas.
La jefa del Departamento de Participación Ciudadana del SEA, Jimena Hevia, demandó al organismo por $107 millones ante el 2º Juzgado Laboral de Santiago, alegando maltrato sistemático y un ambiente laboral tóxico bajo la dirección de Juan Cristóbal Moscoso. Hevia, en el SEA desde mayo de 2023, denunció amenazas y comportamientos abusivos que afectaron su salud mental, llevándola a una licencia médica permanente. Este caso agrava la crisis laboral en el SEA, ya afectado por denuncias anteriores contra Moscoso.
A través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública al SEA, Pulso pudo conocer que al 29 de mayo de 2023, el Comité de Ministros acumula 12 proyectos y suman US$1.736 millones.
El 14 de enero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa”, en las dunas de Concón, presentado por la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (Reconsa) -donde el exministro del Interior Edmundo Pérez Yoma es propietario del 20% de las acciones-. Este consiste en terminar de construir una calle y dotar de servicios básicos a cuatro lotes, que en total suman 12.574 m2. Dos de ellos están en zona urbana, donde se podrían construir edificios, y los otros dos en área verde, donde solo son compatibles edificaciones menores como pérgolas, miradores y quioscos.
La capital encabeza el listado, con proyectos visados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que superaron los US$S6.000 millones. Araucanía, con US$63 millones, Arica y Parinacota, con US$15 millones y Aysén (US$7 millones), se ubicaron en las últimas posiciones.
Se trata de dos solicitudes de invalidación presentadas por personas y comunidades indígenas.
Si bien la compañía reiteró que había decidido poner en espera los estudios de ingeniería de la iniciativa, indicó que estudia la resolución tras lo cual anunciará su decisión.
La Comisión de Evaluación Ambiental está integrada por 12 organismos, entre ellos, seremis de distintas carteras.
Instancia deberá decidir ahora si acoge la apelación de Andes Iron al rechazo del Comité de Ministros al proyecto. Sofofa pidió "señales" pro inversión al Ejecutivo.
Considerando el límite de 12 cupos, al nuevo gobierno le quedan siete eventuales nombramientos. Algunos de estos serían el INE, Sernac y Corfo.
"No lo autoriza a realizar los actos procesales que significan una disposición del objeto del proceso. En este caso, su actuación queda subordinada a lo que realice la parte a la que coadyuva", detalla el documento.
