El Tribunal ordenó a la SMA volver a revisar un rechazado programa de cumplimiento presentado por la compañía ante una infracción por emisión de ruidos, debido a la falta de fundamento en la decisión del regulador.
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A mediados de junio de 2023, la salmonera pidió su reorganización judicial y detalló pasivos por US$560 millones. Y en enero de este año, se logró un acuerdo con los acreedores, para dar viabilidad a la compañía
La empresa arriesga una multa de hasta 17 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $13 mil millones.
En total la superintendencia detectó 87 establecimientos afectos al impuesto en 2023.
Con esto, al empresa arriesga la revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En este procedimiento sancionatorio, la compañía podría ser multada por más de $7.775 millones.
En febrero de 2022, la Superintendencia de Medio Ambiente multó a la empresa estatal por los ruidos y vibraciones provocadas por el ferrocarril subterráneo en barrios de Providencia, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda y Santiago.
La sanción se aplicó luego que en 2018, el organismo inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa, debido a varios hallazgos encontrados en fiscalizaciones y una autodenuncia de la compañía.
Según detalló la SMA en su página web, Raglianti es abogado de la Universidad de Concepción (UDEC) y tiene casi una década de experiencia en el sector público.
El plan se llevará a cabo en el periodo de Gestión de Episodios Críticos, y pretende aumentar la cantidad de fiscalizaciones con rondas preventivas, así como las tomas de muestras de aire, las que pasarán a realizarse cada 15 días.
La entidad concluyó que la SMA “justificó razonable y fundadamente la idoneidad de las gestiones realizadas por la empresa para acreditar el inicio de ejecución del proyecto".
Según detalló la entidad, la decisión se tomó por la presencia de geófitas en estado de conservación, una especie no considerada en la línea de base, y que se encuentra en riesgo de ser dañada por las construcciones.
La compañía tiene ahora 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos.
La SMA comenzó con los primeros procedimientos sancionarios por el no cumplimiento de la normativa ambiental de impuestos verdes. Esto contra las empresas Energía León S.A. y Tulsa S.A, las que se enfrentarían a multas de hasta 10 mil UTAs.
A través de un comunicado, la SMA, indicó que las nuevas Medidas Urgentes y Transitorias ordenan a la empresa detener transitoriamente la instalación de estas 10 torres, incluyendo gestiones de preparación de terreno, trazado de caminos y de rescate de individuos de geófitas.
Los trabajadores de la empresa acusaron sanciones desproporcionadas e injustas, y un doble actuar de parte de las autoridades de Gobierno. "El actuar de SMA es evidentemente contradictorio con las explicaciones que nos han entregado”, señalaron.
