Los despidos masivos en la casa de estudios de la semana pasada provocaron que el ente fiscalizador de las instituciones de educación superior pusiera sus ojos en una institución que vive días convulsos.
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La casa de estudios está siendo pesquisada por supuestos vínculos con empresas, y a fines de mayo el rector, Patricio Manque, fue notificado por el ente fiscalizador de que a su institución le estaban formulando cuatro cargos. De comprobarse los hechos, las sanciones van desde una amonestación por escrito, multas de hasta 657 millones de pesos y la inhabilitación temporal para las autoridades.
La universidad subsanó las observaciones que le había hecho la SES a su propuesta original, entidad que de todas formas exige "la ejecución de acciones prioritarias" a la brevedad. Con todo, la UACh tendrá que enviar un informe el 5 de julio de este año, el que si es evaluado negativamente, corre el riesgo de ver implementadas medidas alternativas.
Juan Pablo Prieto, quien ha trabajado en la universidades de Talca, Viña del Mar, Central y Playa Ancha, tendrá la misión de implementar en un plazo de dos años un plan de trabajo aprobado y monitoreado por el ente fiscalizador. Al cabo de ese periodo, la administración y gobierno de la institución aysenina regresarán a manos de sus directivos.
La Superintendencia de Educación Superior le entregó a la casa de estudios los resultados de la investigación instruida a mediados de año tras percatarse de su delicada situación. El escrito advierte de la criticidad de la casa de estudios estatal que comenzó a funcionar hace apenas seis años: problemas de gestión, falta de mecanismos de control interno, pérdida de su casa central, déficit de $2.500 millones y dificultades para pagar los sueldos de 2023, entre otras cosas.
Según un estudio de la Superintendencia de Educación Superior, la cifra corresponde al 4,4% de la matrícula total del sector educacional. Si bien el porcentaje va en descenso, se traduce en que diez centros de formación técnica, nueve universidades y seis institutos profesionales presentan cierto grado de estrés financiero.
El ente fiscalizador determinó este martes hacer la solicitud al Mineduc, quienes previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, podrían hacer efectiva la medida.
Las Ues de Aysén, Austral y Bolivariana tienen procesos indagatorios abiertos por parte de la Superintendencia de Educación Superior, desde donde dicen que son casos aislados que responden a “una gestión estratégica deficiente”.
Por error, la Ucen había incluido mal unos datos en su solicitud de adscripción, los que intentó enmendar en el camino, pero que les fue denegado por el Ministerio de Educación. Ante esto, el ente contralor dictaminó que la cartera "transgredió la ley N° 21.091 al no haber considerado los nuevos antecedentes aportados" por la casa de estudios.
La mayoría de las quejas presentadas en la Superintendencia encargada las concentran las universidades y tienen relación, principalmente, con temas administrativos y académicos.
La Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó un nuevo plan de recuperación presentado por la institución y ahora deberá resolver si opta por un administrador provisional o uno de cierre.
A la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema y a pesar de que las autoridades del recinto reclaman ilegalidad en el proceso, el administrador de cierre logró hacer ingreso a las dependencias en compañía de Carabineros y tomó posesión de las cuentas bancarias, lo que llevó a los directivos de la Ulare a presentar otras dos acciones judiciales. Mientras, el alumnado inició manifestaciones por la incertidumbre que los afecta y piden una mesa de trabajo con el gobierno de Boric.
A este grupo se suman otros 11.170 estudiantes del primer semestre de 2021, que tampoco han cerrado el proceso. Entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, son 50 las casas de estudio que presentan rezagos de clases teóricas, laboratorios, campos clínicos o prácticas profesionales, y en la mitad de ellas hay fiscalizaciones en curso por parte de la autoridad.
En julio, el Mineduc nombró a un administrador de cierre, quien no ha iniciado el proceso por la oposición de las exautoridades. La Corte de Santiago respaldó las medidas de la Superintendencia de Educación Superior, mientras desde la cartera evalúan el uso de la fuerza pública para tomar control del recinto.
La entidad inició acciones de fiscalización en 56 de las 134 instituciones que entregaron sus antecedentes por retraso en actividades a septiembre. Aunque valoraron el avance en la presencialidad, sus autoridades también consideran que aún hay espacio de mejora para que las distintas casas de estudios del país avancen hacia la entrega de un servicio educacional que, acorde a ellos, responda a las condiciones convenidas originalmente con sus estudiantes.
