Respecto a eventuales devoluciones, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló que “el cálculo de las posibles restituciones y, su forma de pago, serán regulados en una circular posterior”.
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Así se desprende de la respuesta que dio este lunes la Tercera Sala a consulta de la Superintendencia de Salud: “Lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada (...) dando aplicación al mismo, esto es manteniendo la prima GES del trienio anterior”. Dicha aplicación significa un fuerte golpe para los ingresos de las aseguradoras privadas de salud.
En concreto, el regulador consultó si es posible que la Superintendencia pueda dictar una instrucción general a las isapres para que apliquen el fallo sobre los afiliados que no judicializaron el asunto y que de todas maneras verán una baja en sus primas. En ese sentido, el regulador consultó también si es que puede dictar esas instrucciones dentro del plazo de seis meses.
Esta es una entidad que la ley corta del gobierno propone crear de manera permanente para que asesore a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las isapres, previa solicitud del superintendente, especialmente en lo relativo al precio que estas cobren por GES.
Víctor Torres indicó que "a nuestro juicio, esta propuesta permite cumplir el fallo (de la Corte Suprema) sin distorsionarlo".
Hace poco más de una semana el máximo tribunal rechazó la solicitud de las isapres para anular el fallo GES, por lo que tienen que implementarlo pronto. Eso significará una baja de ingresos promedio de 12,7% al mes para la industria. En este contexto, están en conversaciones con el gobierno para ver si es posible que el regulador solicite una prórroga para poner en marcha el fallo, idealmente, hasta que se apruebe la ley corta en el Congreso.
Este martes se conoció la propuesta elaborada por el comité técnico conformado por la Comisión de Salud del Senado y uno de los aspectos que más llamaron la atención fue la diferencia del monto que deberían devolver las aseguradoras, pues el ente fiscalizador liderado por Víctor Torres lo cifró en más de US$ 1.400 millones y los expertos lo redujeron a un tercio de ello.
El pasado viernes, la Superintendencia realizó la petición considerando que en noviembre vencía el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. El nuevo plazo comienza a partir del 12 de noviembre próximo.
La petición fue realizada considerando que a fines de noviembre vence el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal. El tiempo adicional se solicita para que corra desde el vencimiento de la prórroga concedida anteriormente con fecha 12 de mayo.
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El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que las declaraciones de las aseguradoras privadas son “ofensivas e infundadas” y recordó que el actual escenario que enfrentan “no es un problema que haya generado el gobierno”. Desde el Minsal y la Superintendencia de Salud también lamentaron las declaraciones y llamaron a las isapres a "sumar propuestas" al proceso.
Durante la Comisión de Salud de esta tarde, el superintendente de salud confirmó que ya ingresaron el requerimiento con el objetivo de que el proyecto alcance estar aprobado antes de que se termine el plazo.
Este lunes, la ministra vocera de gobierno afirmó que el Ejecutivo descartó pedir más tiempo a la Suprema para aplicar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Pero lo que más ruido generó fue que dijo que daban por cumplido el mandato cuando presentaran el proyecto de ley corta.
Abogado Jorge Hübner, a través de redes sociales, acusó a Banmédica de no estar vendiéndole bonos de atención a su hija de un año. Superintendencia además fiscalizará a otros prestadores para verificar si se está o no negando beneficios a pacientes en una situación similar.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó cuáles son las mayores facultades o atribuciones que se podrían dar a la Superintendencia de Salud en el proyecto que prepara el gobierno. Entre otras cosas, habló de entregar facultades al regulador para poder fiscalizar los seguros complementarios que podría tener Fonasa con la nueva Modalidad de Cobertura Adicional, y dar mayores atribuciones al administrador provisional en caso de que eventualmente caiga una isapre.
