De esta forma, el Tribunal acogió las condiciones propuestas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su informe entregado en la causa.
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La lechera no había dado cabal cumplimiento a una serie de medidas que había adoptado el TDLC. Con este nuevo acuerdo, Nestlé ahora sí se compromete a eliminar ciertas cláusulas que impiden la libre movilidad de sus proveedores.
Con la acción se busca una reparación para los consumidores por un total de US$800 millones.
Este es el tercer acuerdo que logra la Fiscalía en este mercado en 2020. Antes en mayo presentó el acuerdo que suscribió con Soprole y su filial Prolesur, y en octubre con Watt’s.
Arch afirma que las cláusulas impuestas por Samsung han afectado la libre competencia por medio de restricciones a sus distribuidores a la hora de tomar decisiones comerciales propias de su ámbito de competencia.
El requerimiento expone que la empresa limita o controla las promociones que los cableoperadores pueden implementar para los consumidores con las señales CDF Premium y CDF HD.
El Tribunal afirmó que la instrucción regirá hasta que las tasas de intercambio sean reguladas por ley. El Ministerio de Hacienda señaló en julio que estaba en preparación un proyecto de ley sobre la materia, el que todavía no ha sido dado a conocer.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó, además, que se confirme la sentencia contra la sede de Quilín por cobrar una millonaria cuota de incorporación para ingresar a la Primera B.
En una audiencia realizada ante el Tribunal, el Subjefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía, Alejandro Domic, advirtió que, en este contexto, se requieren medidas específicas para impedir que esta empresa proteja su posición cuasi monopólica.
En él Watt’s adoptó compromisos para ajustar su conducta a lo dispuesto por el TDLC y asumió el pago de $483 millones a beneficio fiscal.
Además, en el escrito la empresa anticipó que entablará una demanda infraccional en contra de la Subtel.
En la demanda, la Agrecu solicita al TDLC una indemnización de $50.000 por cada consumidor.
Ello luego que ante una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, éste determinara que el asunto sometido a conocimiento del tribunal contiene alegaciones de naturaleza tal que sólo podrían ser conocidas en un procedimiento contencioso.
Además el gremio alega la imposición de cláusulas contractuales discriminatorias y abusivas hacia los productores de leche.
El presidente del gremio de proveedores, Vasco Costa Ramírez, señala que “la acción legal de AGIP se funda en nuevas prácticas de Walmart que a nuestro juicio lesionan gravemente los principios de la libre competencia y perjudican al consumidor".
