Según un estudio de la entidad, “los números muestran que las causas de DD.HH. han demorado, en promedio, un total de 300 días”, número que se acerca al promedio de tramitación de otras causas en el tribunal.
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La entrevista de la presidenta del TC María Luisa Brahm provocó un fuerte remezón al interior del organismo que oficia como “el guardián de la Constitución”. Una causa penal abierta por la fiscalía deberá establecer si hubo una dilación intencionada en emblemáticos crímenes de lesa humanidad.
Con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público por eventuales hechos de corrupción, y un plebiscito por una nueva Constitución en el horizonte ¿Qué se puede sacar en limpio frente a las disputas desatadas al interior del Tribunal Constitucional tras las declaraciones de su presidenta María Luisa Brahm? Los abogados Luis Cordero, Sergio Verdugo, Jorge Contesse y Francisco Zúñiga responden esa pregunta.
La instancia se produce luego de las palabras de la presidenta María Luisa Brahm, quien acusó conductas al borde de la corrupción, y de un muy tenso pleno el pasado martes, en el que produjeron duros intercambios entre los magistrados al abordar los dichos de Brahm.
La magistrada señaló que “las sesiones del Tribunal Constitucional, en la deliberación, no son grabadas y en esta oportunidad fue grabada y difundida sin autorización ni conocimiento de nadie".
La información fue dada a conocer por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en su cuenta pública. El jefe del Ministerio Público señaló que la causa la llevará la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
La crisis al interior del organismo es tal que en círculos de abogados circula la intervención que hizo este martes en el pleno el ministro que es sindicado como uno de los tres integrantes de la sala que paralizaba las causas de Derechos Humanos y que hoy está en la mira de la Fiscalía. El abogado asegura que después de esto "el TC no se vuelve a levantar" y sugiere que Brahm debe renunciar.
Los ministros del órgano que resguarda la Constitución se enfrentaron en un duro debate en que algunos coinciden que la imagen del organismo se verá perjudicado debido a la intromisión de la Fiscalía. Aróstica anunció que se defenderá y Brahm por su parte instó a que esta sea una oportunidad para fortalecer el TC con “la verdad por delante y transparencia”.
La acción fue presentada por la legisladora comunista luego que la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, revelara a La Tercera eventuales irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos (DD.HH.) durante el periodo en que Iván Aróstica lideró la institución.
La abogada aborda los conflictos al interior del organismo tras la tramitación exprés que ella impulsó por la Ley de Indultos Conmutativos. Se hace cargo del desprestigio de la institución que dirige apuntando a la administración que la precedió y, con miras al proceso constituyente, asegura que podrá defender el rol del TC pues asegura que es fundamental para el país.
La ceremonia que se llevó a cabo en La Moneda se efectuó luego de que esta jornada se diera a conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado lunes 13 de abril decidió rechazar un recurso presentado por senadores de Chile Vamos en contra de la iniciativa de gobierno.
El parlamentario de RN lideró la ofensiva que, desde la Cámara, impulsó Chile Vamos ante el TC por el proyecto de indulto conmutativo del gobierno y la exclusión de condenados por violaciones a los derechos humanos.
Sólo falta que los ministros redacten los votos de mayoría y minoría respecto de la resolución de ayer, para que la iniciativa del Gobierno sea promulgada. En el camino quedó el requerimiento que diputados RN y UDI ingresaron ayer, quienes lo retiraron hoy tras gestiones de La Moneda y Gendarmería. La discusión en la institución que lidera María Luisa Brahm no estuvo exenta de asperezas.
“Espero que lo retiren”, sostuvo el ministro de Justicia tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda donde evaluaron alternativas para darle viabilidad al proyecto que busca descomprimir las cárceles en medio de la pandemia por coronavirus. Un beneficio que excluye explícitamente a violadores de Derechos Humanos.
El alcance de sus atribuciones, especialmente la del control constitucional de leyes, parece ser la espina dorsal de la discusión sobre un organismo que algunas voces han pedido suprimir y otras reformar. Pero puede haber otras contiendas, como si sus ministros seguirán siendo o no inamovibles e inacusables.
