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Legalmente puede hacerlo hasta antes de que se promulgue la ley. Políticamente no tiene más de dos semanas, cuando llegue a la sala del Senado. Uno de los argumentos sería defender la facultad exclusiva del Presidente de la República de iniciativa legislativa en materia de gasto fiscal y de seguridad social. El riesgo de perder es que la oposición presente una lluvia de proyectos que reforman la Constitución con normas transitorias, pero los partidarios de ir insisten en que vale la pena correrlo. Él sigue dudoso, pero ya tiene un escrito listo de casi 50 páginas.

Según el Ejecutivo, la iniciativa legal afecta una serie de garantías contempladas en la Constitución. Además, planteó que el cuerpo legal aprobado por la Cámara de Diputados fue admitido con un quórum menor al requerido, “desconociendo además la práctica legislativa en la materia”. Argumento que acogió hoy el TC por nueve votos contra uno.

Organismo estimó, por 9 votos a 1, que el artículo que introduce el delito de negacionismo fue aprobado por quórum simple (mayoría de la sala) en la Cámara de Diputados cuando necesitaba quórum calificado (mayoría de los diputados en ejercicio).

Con esta decisión, queda el camino abierto para que el Tribunal Constitucional analice el fondo del caso. La defensa del secretario del Senado pide que se declare inconstitucional el artículo 318 del Código Penal.

Representantes del secretario del Senado pidieron al Tribunal Constitucional suspender el procedimiento, argumentando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal.

Por cinco votos contra cuatro, el organismo sostuvo vicios en la aplicación del artículo 318 del Código Penal en contra de quienes no estando infectados de Covid-19, incumplen medidas sanitarias dictadas por la autoridad. Sin estar contagiado, no se cumpliría con la intención de exponer a la población a riesgos sanitarios.

Por siete votos contra uno, la instancia acordó que los hechos expuestos en el requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos no logran configurar la causal de remoción contra su par.

Por ocho votos a uno, el organismo determinó que la legislación, que data de 1966 y concede beneficios a isleños que cometan estos delitos contra mujeres, afecta la igualdad y es discriminatoria.

El parlamentario aseguró que el próximo 4 de septiembre el tribunal fallará respecto a su caso. Desde ya ,algunos plantean que no se alcanzó el alto estándar que se necesita para cesar al legislador del cargo.

No creen que el TC haya dilatado más de la cuenta la causa en que diputados gobiernistas piden la destitución del diputado PC, pero estiman que luego de más de ocho meses, debiera alegarse este viernes y dar paso a próxima sentencia. Los parlamentarios cuentan con un jurista del centro de formación de cuadros gremialista y una abogada que enseña cómo litigar ante el TC. Gutiérrez, en tanto, no cuenta con defensores formales; sí hay dos abogadas interviniendo como coadyuvantes, partiendo por la también comunista Julia Urquieta, amiga suya hace décadas.

Los ministros habían decidido inhabilitarse de conocer la petición de cese de cargo que levanta el oficialismo, luego que el parlamentario comunista se querellara en contra de ambos por presuntos delitos de corrupción en la demora de casos por violaciones a los DD.HH. Abogados que representan a parlamentarios de Chile Vamos presentaron un escrito solicitando que Iván Aróstica y José Ignacio Vasquez retornen a la vista del caso y se declare nula la inhabilidad. Este viernes es clave para el futuro del diputado por Iquique.

La primera sala del organismo comunicó hoy la resolución tras el requerimiento presentado por el coronel (R) Jaime Lepe en la causa que investiga el ministro de fuero Mario Carroza sobre delitos de violaciones a los derechos humanos. La decisión fue dividida.

El coronel (R) Jaime Lepe, ex secretario general del Ejército, quien se encuentra procesado por violaciones a los Derechos Humanos, recurrió al organismo para impugnar las normas que a su juicio han permitido una "persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex - militares". La paralización del caso, que estaba ya para juicio, se da en un momento en que existe abierta una indagatoria penal por supuestos retrasos intencionales de este tipo de casos en el TC.

Por ocho votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la iniciativa promulgada el año pasado está ajustada a la Constitución, rechazando las pretensiones de la pesquera Landes que acudió a esa instancia para impugnar que la jibia sólo pueda capturarse con sistema empleado por pescadores artesanales.

“No siempre lo que uno cree que es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el Congreso”, dijo hoy Piñera, cuando la norma está a la vuelta de la esquina del Diario Oficial. Si definitivamente no la veta ni tampoco recurre al Tribunal Constitucional, queda una última salva de honor: que los senadores oficialistas no le pidan al organismo que la impugne, sino que dé su parecer respecto a qué quórums fijarán las reglas del juego en adelante, pensando en futuros casos. El problema es que los expertos creen que no tiene por dónde flotar.