La investigación administrativa quedó en manos del ministro Gonzalo García.
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La actual presidenta del Tribunal Constitucional le respondió a su antecesora en dicho cargo -Marisol Peña-, quien había señalado que "es imposible pensar en ningún mecanismo institucional que fiscalice, remueva ministros o acuse a los ministros del TC".
El edil cuestionó duramente la cobertura mediática a la que ha estado sujeto a raíz de su detención. “Los matinales han gastado horas de transmisión, alimentados con las sobre expectativas en relación a esta causa, de supuestos nexos, facilitaciones, o relaciones de conocimiento de Chahuán con terceros delincuentes traficantes”, advirtió en su requerimiento.
A contar de marzo los ministros del TC acordarán una postura común -unánime o de mayoría- ante una discusión que podría terminar reformándolo en aspectos básicos. Algunos ya piensan
El caso se da en el marco de una demanda presentada por la Dirección del Trabajo en contra de Clínica Dávila.
La ministra María Luisa Brahm afirmó que "los textos constitucionales no son para resolver problemas específicos y concretos de las personas" y además, respecto al proceso constituyente, señaló que "yo no le temo a un proceso de esa naturaleza, al contrario".
El organismo busca detener la causa por vulneración de derechos laborales que se sigue ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El caso se relaciona con una demanda presentada por la DT en contra de Clínica Dávila.
El magistrado se retirará un día antes de cumplir los 75 años, edad en que por reglamento debe dejar el tribunal.
De acuerdo a cercanos a las tratativas, los que correrían con mayor ventaja son los abogados Rodrigo Pica, Liliana Galdámez y Eduardo Sepúlveda.
La instancia determinó que la resolución del Tribunal Constitucional que quitó dicho derecho "carece de efectividad práctica lo resuelto en la especie por el Tribunal Constitucional".
Mientras los abogados que representan a las personas que buscan retirar sus fondos acusaron privaciones a la propiedad, los defensores de las AFP cuestionaron que los tribunales no deben cambiar modelos y que retirar los ahorros tendría un enorme perjuicio.
El gremio recordó que además del hecho que AFP Cuprum es uno de sus asociados, como asociación tiene interés jurídico en el conflicto suscitado.
La solicitud fue presentada por la trabajadora de la atención primaria de salud municipal de Punta Arenas que busca retirar sus fondos de AFP Habitat.
En específico la medida busca declarar inconstitucional las modificaciones introducidas por el Senado a una de las partidas del Ministerio de Agricultura.
