En un nuevo capítulo del programa de La Tercera, el periodista Nicolás Quiñones abordó desde el Congreso la decisión del Ejecutivo de vetar la iniciativa legislativa con tal de reponer las multas por no votar. Esto, luego de que la Cámara Alta rechazara el informe de la comisión mixta. Revisa aquí todos los detalles.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que el detalle técnico será entregado "una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones" de octubre de este año.
En las inmediaciones del Parlamento, entretanto, se han producido nuevas movilizaciones contra la ley. Con banderas de la UE y Georgia, han vuelto a advertir de que la reforma aleja al país de la senda para la integración europea,
La norma que endurece medidas en contra de las tomas de propiedades instaló una suerte de “manzana de la discordia” en la oposición, que se dispersó entre apoyar o rechazar el paquete de enmiendas planteadas por el gobierno a esta iniciativa.
La división opositora en la Comisión de Seguridad terminó favoreciendo la postura del Ejecutivo, defendida por la ministra Interior, quien, además, tuvo ayer una suerte de tregua del PC. Los catorce vetos quedaron en condiciones ser discutidos por la Sala de la Cámara.
De los 25 senadores del sector, nueve se ausentaron de la votación. Tres de ellos no lograron parearse. Ello incidió en que el bloque opositor siempre estuviera en minoría. Tras el resultado del Senado, cinco de las catorce observaciones presidenciales, en la práctica, ya cumplieron su objetivo de suprimir aspectos polémicos de la norma.
De los 25 senadores de derecha, nueve se ausentaron de la votación. Tres de ellos, incluso, no lograron parearse. Ello incidió en que el bloque opositor siempre estuviera en minoría.
La Cámara Alta despachó todas las correcciones al proyecto que endurece medidas en contra de las tomas. La ministra Tohá expresó su conformidad, pero lamentó el desmarque de los comunistas. "Se dijo alguna vez que este veto había sido digitado por el PC. Demuestra que no era así”, añadió la titular del Interior.
La Cámara Alta despachó todas las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto que busca endurecer las medidas contra las ocupaciones ilegales. Ahora serán los diputados lo que tendrán que pronunciarse sobre los vetos. Luego de ello el proyecto estará en condiciones de ser promulgado con las modificaciones aplicadas por La Moneda.
En el veto enviado al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, La Moneda planteó un mecanismo para que el juez resuelva si aplica una multa o bien la pena de presidio en aquellas ocupaciones sin violencia física ni intimidaciones. El Senado pretende votar esta semana las observaciones presidenciales.
La jefa de Interior señaló que aunque la iniciativa tenga un criterio especial para las tomas históricas, ello no anula eventuales condenas en un juicio. “La ministra o sabe poco de derecho o interpretó maliciosamente la norma”, respondió la senadora UDI Luz Ebensperger. Las tensiones por este episodio se suman al revés que sufrió esta semana con la norma sobre porte de combustibles.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado insistió en que la titular de Interior está “compartiendo información falsa” sobre las penas a tomas históricas y aseguró que desde la oposición incluso estaban dispuestos a ceder al gobierno el tema de la “legítima defensa privilegiada”.
La alerta levantada por los ministros provocó un remezón entre legisladores del oficialismo y la oposición, cuya intención era eximir de los efectos penales a aquellas tomas históricas. Sin embargo, desde el gobierno precisaron que la excepción sólo se aplica para detenciones policiales y desalojos anticipados, pero que ello no anula eventuales condenas en un juicio.
En una tensa sesión, la ministra del Interior llamó a los parlamentarios a lograr un acuerdo para sacar adelante "este veto para que quede una buena ley, eso no quiere decir que va a quedar una ley que nos guste a todos, pero hay algo peor que eso: una ley inorgánica e incongruente".
La misiva, suscrita por 25 legisladores de Chile Vamos y republicanos, es una respuesta a la defensa que la ministra del Interior hizo en el Congreso a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto del ley, donde señaló que “entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel".
