En lo que va del año, según cifras del Ministerio Público, se han registrado 1.593 casos a nivel nacional de usurpaciones violentas y no violentas. Lo anterior es parte de la discusión luego de que el gobierno decidiera vetar la iniciativa aprobada por el Congreso y con la cual se busca penar con cárcel este tipo de delitos.
El presidente de la comisión de seguridad del Senado, que este miércoles inicia el análisis a las observaciones del Ejecutivo, dijo que el primer paso es que la ministra del Interior exponga en detalle las indicaciones al proyecto de ley contra las ocupaciones ilegales.
Senadores opositores salieron en bloque a criticar la postura del Ejecutivo tras intervención de ministra Tohá durante discusión de prórroga de Estado de Excepción en Macrozona Sur, donde la secretaria de Estado volvió a salir a aclarar que el uso del concepto de usurpaciones pacíficas fue "erróneo".
El ministro secretario general de la Presidencia, se refirió a las observaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto contra las ocupaciones ilegales, asegurando que “no es lo mismo que un grupo armado entre a un predio a expulsar a las personas provocando todo tipo de daños, a que una persona en situación de calle en un sitio eriazo se instale con un par de tablas para tener un lugar donde vivir”.
El presidente del Senado se refirió a las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley de usurpaciones, asegurando que la calificación de tomas no violentas “solo existe en la mentalidad de quienes diseñaron esta política”. Además explicó que el siguiente paso es que en la comisión de seguridad de la Cámara Alta se revise la admisibilidad y la categoría del veto ingresado por el gobierno.
"Cuando una persona tiene un terreno y alguien lo usurpa, eso es un acto violento. Todas las usurpaciones tienen que tener pena de cárcel, aunque no se use la fuerza. Cuando tomo una cosa que no es mía, eso es un delito. Las cosas hay que calificarlas como corresponde", señaló el presidente de la Cámara de Diputados.
Ante el complejo quórum de 2/3 que deben alcanzar para insistir en el texto original despachado desde el Congreso a fines de agosto, en Chile Vamos evalúan la opción de recurrir un mecanismo legislativo que podría permitirles hacer caer el veto del gobierno.
"No es bueno legislar a la rápida. Sobre todo cuando son materias complejas y difíciles desde el punto de vista jurídico", afirmó el vicepresidente del Cámara Alta, señalando que el uso de esa facultad del Ejecutivo permitiría "hacer un ordenamiento dentro del texto, y no tener cuestiones contradictorias".
El veto presidencial fue aprobado por 36 votos a favor, mientras que se registró uno en contra (Fabiola Campillai) y tres abstenciones: Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI) y Rojo Edwards (Repúblicano). Se espera que este miércoles el veto al proyecto de reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica, sea votado por la Cámara de Diputados.
La medida -que por primera vez se adopta en esa administración- fue anunciada temprano por la ministra del Interior, Izkia Siches y luego detallada por el Presidente Gabriel Boric. Según el escrito, se "requiere de una autoridad que tenga mando sobre las Fuerzas que se dispongan para la protección de la infraestructura critica”.
El veto suprime un artículo de la ley de pro inversión sobre la pertinencia de presentar informe de impacto ambiental.
Después de rechazar el veto del gobierno, los senadores de oposición ayer pensaron que tendrían los 2/3 requeridos para reponer el proyecto original que impedía el corte de servicios básicos. Los diputados hoy cuestionaron que no apostaran por declarar inadmisible el veto del gobierno.
"Después de analizar el proyecto en profundidad, el gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación, y por tanto el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y al pago de indemnizaciones", sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
Tres de las cuatro veces en que el Mandatario ha recurrido a esa facultad durante su segundo gobierno ha sido por proyectos relativos a la pandemia. Sin embargo, hasta la fecha ha registrado menos vetos que en su primera administración.
Piden al Mandatario usar sus facultades para que la nueva institucionalidad del Sename entre en vigencia, ya que eso quedó supeditado a la aprobación de otra norma. También abordan una serie de temas sobre el compromiso del programa de gobierno, el rol de la oposición y la idea de corregir la situación en la que quedaron los alcaldes luego que se aprobara en el Congreso la ley que limita la reelección.
