A 228 días de dejar La Moneda, el Mandatario les encomendó a los titulares de Interior, Rodrigo Delgado, y secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, apurar la tramitación de las leyes "Juan Barrios", crimen organizado, la creación de la Defensoría de las Víctimas, entre otras, enfocadas a endurecer las penas a las acciones ilícitas, con especial énfasis en los delitos vinculados a la violencia rural.
Según analizan las autoridades de gobierno, al existir más atentados, hay más detenidos, porque se dan más reivindicaciones de parte de las agrupaciones ligadas a la violencia rural. Y eso se ve reflejado, dicen, en las cifras del reporte de la unidad de Macrozona Sur en base a cifras de Carabineros y PDI de julio de 2021. En total, durante este año ya van detenidas 304 personas por delitos de violencia rural, un 407% más que el año pasado.
Ceferino González Marabolí (65) permanece internado en la UCI en estado grave, tras recibir un disparo de un arma calibre 5.56 que entró por la zona abdominal y salió por su espalda, dañándose el hígado, el páncreas y el pulmón. La fiscalía indaga el origen de la bala, el que se sospecha podría haber sido disparada desde el fusil M16 que portaba Pablo Marchant Gutiérrez (29). El joven -oriundo de Renca, exalumno del Instituto Nacional y estudiante de Antropología- está siendo velado como un weichafe mapuche, dado que así lo pidió a sus compañeros de la Coordinadora Arauco Malleco.
En la sesión de hoy jueves, los constituyentes discutirán sobre una eventual declaración en conjunto respecto de la situación de las personas detenidas durante el estallido social, como también por "la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado nación mapuche”. El gremio que reúne al sector productivo envió una carta a Elisa Loncón pidiendo que no haya impunidad. Ello, mientras autoridades policiales y judiciales de la zona perfilan a los reclusos que concentran más reivindicaciones por su liberación.
El Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada (Labocar) analizó una sustancia encontrada en el allanamiento que terminó con la detención de Juan Pablo Pirce (39), hijo de un exintendente en La Araucanía y colaborador de la ANI. Se determinó que la evidencia "es un compuesto químico rompedor, utilizado para la producción de productos explosivos y municiones, incluidas las mezclas explosivas. Es de uso industrial y profesional”. Además, el Poder Judicial informó a la fiscalía la labores del imputado en el Juzgado de Garantía de Traiguén, descartando que haya tenido acceso a causas reservadas.
Según el jefe policial que está a cargo de controlar el orden público en la zona del roja conflicto mapuche, la violencia rural no desaparecerá solo con más patrullajes en el Biobío y La Araucanía. En esta entrevista, el uniformado advierte sobre la “violencia extrema” que se está produciendo en estas zonas y las dificultades que existen para anticiparse a los atentados.
El general Ricardo Martínez llegó ayer hasta Temuco, en el helicóptero institucional, y durante la tarde se reunió con el delegado del gobierno, Pablo Urquízar. Hoy -en tanto- visitó los cuarteles Victoria y Lonquimay, donde tuvo una extensa reunión con los funcionarios que trabajan en la capacitación a las policías: les transmitió el respaldo del mando y les recordó que siempre deben actuar en el marco constitucional y legal que los rige.
Juan Pablo Pirce Valenzuela (39) se desempeñaba como parte del personal administrativo del Segundo Juzgado de Garantía de Traiguén. En su casa, y en el predio que colinda con su vivienda, el OS-7 de Carabineros encontró armas de grueso calibre, munición de guerra y explosivos. Su padre, Guillermo Pirce, exgobernador de Malleco, afirma: "Como no encontraron nada, siguieron la búsqueda mirando por los cercos hacia los patios de los vecinos y ahí habrían encontrado -aunque a mí no me consta, porque no lo vi- un fusil viejo, en el sitio del lado".
Un total de ocho encapuchados hizo ingreso a una de las plantas de la empresa ubicada en el predio Santa Lucía e intimidó a uno de los trabajadores para luego encender maquinaria de la forestal. El caso ya está en manos de la policía y se busca a los responsables.
El ataque a un equipo de prensa de TVN ocurrido el pasado 27 de marzo, en la ruta que une Cañete con Tirúa, Región del Biobío, abrió una interrogante: ¿Quiénes son los nuevos blancos de atentados de los grupos radicales que buscan controlar la provincia de Arauco? La respuesta inquieta al gobierno y a las policías: solo entre diciembre de 2020 y marzo de este año han ocurrido al menos siete ataques contra civiles, que se suman a otros 18 atentados contra empresas forestales. Estas firmas han sido el objetivo histórico en medio de la pugna por la recuperación territorial. Hasta ahora.
Según cifras del Ministerio del Interior, hasta el 21 de marzo de 2021 se han registrado en total 389 casos de violencia rural en la Macrozona Sur del país. En este contexto, una minuta del gobierno señala que “se requieren no solo medidas administrativas, sino también medidas legislativas que permitan resguardar la seguridad". Actualmente, hay nueve proyectos de ley en tramitación en el Congreso que apuntan en esa dirección, pero que no avanzan, lo que impide llevar a cabo medidas más efectivas.
El sábado, el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Juan Esteban Sánchez sufrieron un ataque armado cuando iban camino a una entrevista con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. La fiscalía y la PDI investigan un hecho previo que podría tener conexión con lo ocurrido: momentos antes de los disparos, el equipo periodístico fue encarado por un grupo de personas que cuestionaron la entrevista que iban a realizar, así como también el rol de Llaitul con el resto de las comunidades mapuches de la zona. Según el registro de las policías y las autoridades locales, en el sector del ataque hay 11 comunidades radicales.
La policía volvió el martes en estricta reserva a la escena del crimen, la que el 7 de enero fue escenario de un masivo allanamiento con 850 funcionarios. Se indagan las circunstancias del ataque que terminó con la vida del inspector Luis Morales. Además, la incautación de armas en la zona se ha transformado en una de las prioridades de las autoridades: entre 2020 y marzo de este 2021, 147 armas de fuego han sido requisadas en La Araucanía. De estas, 50 son escopetas, 6 fusiles, 54 pistolas y 29 hechizas o adaptadas.
Esta mañana la Fiscalía Regional de La Araucanía y el OS-9 de Carabineros detuvieron a uno de los sospechosos del homicidio del expolicía Eugenio Naín, quien falleció en un ataque armado el 30 de octubre del 2020. Se interceptaron teléfonos y se analizó el registro de los autos similares al que las cámaras registraron ese día.
La tensión en el Biobío y La Araucanía tiene dos caras: el aumento de la violencia y las investigaciones sin detenidos. ¿Qué delitos ocurren en estas regiones?
