El exministro del Interior declaró el viernes 31 de marzo ante la persecutora en el marco de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social. "La situación que se produce a partir del 18 de octubre del 2019 es inédita", contestó en una de las 132 preguntas que ese día le hizo la fiscal Ximena Chong.
La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte llegará hasta el Edificio Bicentenario del Ejército para interrogar, en calidad de testigo, al comandante en jefe de la institución castrense.
La persecutora de Alta Complejidad interrogará a las exautoridades de gobierno en calidad de imputados, debido a la querella que abrió la investigación que está dirigida contra ellos y los mandos de Carabineros. El objetivo es indagar las consecuencias que tuvo el actuar policial en los manifestantes lesionados durante el estallido social. Samuel Donoso, abogado del exmandatario, señaló que "los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país". La ronda de interrogatorios comenzó este viernes 31 con la declaración de Andrés Chadwick.
En medio del "duelo institucional" por la muerte de la sargento Rita Olivares, la fiscal llegó hasta la Dirección General de Carabineros para tomar declaración al jefe policial por el manejo del alto mando en las protestas del 18-0. En la causa se indaga por qué no se tomaron acciones para evitar el aumento de civiles heridos.
La persecutora confirmó su asistencia y acudirá a las 12:00 horas al despacho de Yáñez en el edificio de Carabineros.
El exjefe de la policía uniformada solicitó suspender la audiencia ante el tribunal de garantía -que sería mañana martes-, pues modificó su estrategia legal en la causa que indaga la fiscal Ximena Chong. El oficial en retiro revocó el patrocinio que tenían los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro, y ahora será representado por Susana Borzutzky y Felipe Barruel.
La máxima autoridad de la institución policial estaba citado a comparecer este miércoles 23 de noviembre ante la investigadora, sin embargo la defensa del alto oficial activó una estrategia judicial para evitar la diligencia ante el Ministerio Público. El argumento oficial: hay solicitudes pendientes. El extraoficial: no hay confianza en la imparcialidad de la investigadora, dicen fuentes uniformadas. Ricardo Yáñez está querellado por la presunta responsabilidad del Alto Mando en las lesiones provocadas durante el estallido social.
El exgeneral director de Carabineros estaba citado a declarar para el 14 de noviembre ante la persecutora que indaga la responsabilidad del mando policial por los heridos durante el estallido social. Sin embargo, su defensa pidió hacerlo, ahora, ante un juez y en una audiencia presencial.
El caso se enmarcó en la investigación que lleva la fiscal Ximena Chong, donde acusa al jefe de la policía uniformada por su presunta responsabilidad en la omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte pidió que la declaración del general director de Carabineros se llevara a cabo el 13 de octubre, sin embargo, la defensa del alto oficial pidió posponer por segunda vez la diligencia y quedó para el 23 de noviembre. El caso -donde se indaga la presunta responsabilidad de mando del jefe policial por los lesionados durante el estallido social- mantiene en "vilo" a los funcionarios de la institución, pues se da justo cuando se define al nuevo cuerpo de generales.
La fiscal Ximena Chong indaga la presunta responsabilidad del mando policial en delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social, donde Ricardo Yáñez podría ser, incluso, formalizado. Desde la defensa del alto oficial advierten que es “una causa sin sustento jurídico”.
Por segunda vez, el general Ricardo Yáñez solicitó reagendar su comparecencia ante la fiscal Ximena Chong, quien investiga la presunta responsabilidad superior o de "mando" por supuestos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante la crisis social de 2019. Yáñez se amparó en su derecho de fijar lugar para declarar, que es una prerrogativa para presidentes, comandantes en jefe del Ejército y el general director de Carabineros.
El exdirector de la policía uniformada pide que la persecutora se inhabilite de la investigación por el rol del generalato tras el 18-O, pues integra el consejo consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), organización que originó esta causa criminal a través de una querella. En un escrito dirigido a la Fiscalía Regional Centro Norte, su defensa, Carlos Cortés, apunta a que la jefa de la Unidad de Alta Complejidad no da garantías de objetividad.
Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.
La persecutora de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, además de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, y el exasesor Mijael Bonito. El Ministerio Público pesquisa el rol de las autoridades de la época durante el estallido social.
