En medio del "duelo institucional" por la muerte de la sargento Rita Olivares, la fiscal llegó hasta la Dirección General de Carabineros para tomar declaración al jefe policial por el manejo del alto mando en las protestas del 18-0. En la causa se indaga por qué no se tomaron acciones para evitar el aumento de civiles heridos.
La persecutora confirmó su asistencia y acudirá a las 12:00 horas al despacho de Yáñez en el edificio de Carabineros.
El exjefe de la policía uniformada solicitó suspender la audiencia ante el tribunal de garantía -que sería mañana martes-, pues modificó su estrategia legal en la causa que indaga la fiscal Ximena Chong. El oficial en retiro revocó el patrocinio que tenían los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro, y ahora será representado por Susana Borzutzky y Felipe Barruel.
La máxima autoridad de la institución policial estaba citado a comparecer este miércoles 23 de noviembre ante la investigadora, sin embargo la defensa del alto oficial activó una estrategia judicial para evitar la diligencia ante el Ministerio Público. El argumento oficial: hay solicitudes pendientes. El extraoficial: no hay confianza en la imparcialidad de la investigadora, dicen fuentes uniformadas. Ricardo Yáñez está querellado por la presunta responsabilidad del Alto Mando en las lesiones provocadas durante el estallido social.
El exgeneral director de Carabineros estaba citado a declarar para el 14 de noviembre ante la persecutora que indaga la responsabilidad del mando policial por los heridos durante el estallido social. Sin embargo, su defensa pidió hacerlo, ahora, ante un juez y en una audiencia presencial.
El caso se enmarcó en la investigación que lleva la fiscal Ximena Chong, donde acusa al jefe de la policía uniformada por su presunta responsabilidad en la omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte pidió que la declaración del general director de Carabineros se llevara a cabo el 13 de octubre, sin embargo, la defensa del alto oficial pidió posponer por segunda vez la diligencia y quedó para el 23 de noviembre. El caso -donde se indaga la presunta responsabilidad de mando del jefe policial por los lesionados durante el estallido social- mantiene en "vilo" a los funcionarios de la institución, pues se da justo cuando se define al nuevo cuerpo de generales.
La fiscal Ximena Chong indaga la presunta responsabilidad del mando policial en delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social, donde Ricardo Yáñez podría ser, incluso, formalizado. Desde la defensa del alto oficial advierten que es “una causa sin sustento jurídico”.
Por segunda vez, el general Ricardo Yáñez solicitó reagendar su comparecencia ante la fiscal Ximena Chong, quien investiga la presunta responsabilidad superior o de "mando" por supuestos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante la crisis social de 2019. Yáñez se amparó en su derecho de fijar lugar para declarar, que es una prerrogativa para presidentes, comandantes en jefe del Ejército y el general director de Carabineros.
El exdirector de la policía uniformada pide que la persecutora se inhabilite de la investigación por el rol del generalato tras el 18-O, pues integra el consejo consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), organización que originó esta causa criminal a través de una querella. En un escrito dirigido a la Fiscalía Regional Centro Norte, su defensa, Carlos Cortés, apunta a que la jefa de la Unidad de Alta Complejidad no da garantías de objetividad.
Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrieron de queja en contra de la resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en que sostuvieron que los hechos por los que se indagaba a la exministra, en la causa por desvío de gastos reservados de Carabineros, estaban prescritos. Como advierten en sus respectivos recursos los jueces del tribunal de alzada habrían "excedido" ampliamente sus atribuciones al dar por finalizada la persecución penal en contra de la abogada.
La persecutora de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, además de los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, y el exasesor Mijael Bonito. El Ministerio Público pesquisa el rol de las autoridades de la época durante el estallido social.
En la tarde de ayer, la persecutora de Alta Complejidad Centro Norte llegó hasta el Edificio Norambuena de la institución. Revisó las actas de ingresos de los generales, tomó declaraciones y clonó discos duros. Algunos policías manifestaron su incomodidad y acusaron que la fiscal no utilizó una orden judicial, aunque la PDI levantó actas de entrega voluntaria. En un escrito, Jorge Martínez, abogado del general Enrique Monrás, advirtió que "es evidente que la Sra. Fiscal Ximena Chong pretende, a través de estas acciones ilegales, favoreciendo el acuerdo con la defensa del Sr. Zamora representada por el exfiscal Alejandro Peña, imputar algún supuesto delito a un oficial general de Carabineros de Chile".
El 6 de enero, luego de que el fiscal Francisco Jacir no se opusiera a la solicitud de la defensa de cambiar la medida cautelar del imputado, el tribunal aceptó el arresto domiciliario de Daniel Goldberger. El sicólogo reconoció públicamente que él escribió la carta amenazando a la fiscal. Logró dejar el penal luego de que se revirtiera la prisión preventiva de sus compañeros de delito.
En la reciente década, alrededor de 100 personas compraron departamentos a menos de 1.000 UF de la Constructora Santa Beatriz -ligada al hoy formalizado Emilio Sironvalle- en distintas ciudades como Antofagasta, San Felipe, Santiago, Chillán y Temuco, que finalmente estaban hipotecados o no fueron construidos.
