Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso presentado por la defensa de Sebastián Zamora en contra del auto de apertura del juicio oral, el fiscal Francisco Ledesma solicitó llevar al imputado a un procedimiento abreviado. Aquello, eso sí, no fue con acuerdo previo con la defensa, por lo que desde el entorno del exfuncionario no descartan persistir en la realización del juicio.
Según indicaron desde la defensa de la máxima autoridad de Carabineros, no quedó claro qué caso se derivó al fiscal regional de Antofagasta ni cuál es el futuro de la fiscal adjunta ante dicha determinación.
Ángel Valencia rechazó inhabilitar al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en la investigación que involucra al general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez y, por ende, la persecutora jefe de Alta Complejidad, se mantiene a cargo de las pesquisas con miras a la formalización del 7 de mayo. Sin embargo, decidió que el caso que perseguía por delitos de lesa humanidad -donde está querellado el expresidente y sus ministros del Interior- cambie de dirección, y sea tramitada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro. Sin embargo, 24 horas antes de separar aguas, la exfiscal del caso Corpesca, hizo un último ajuste y acumuló en su indagatoria una que apunta a la responsabilidad del exmandatario en el delito de torturas.
Ambos fiscales se dieron cita en medio de las cuentas públicas de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas. Y aunque el escenario se avizoraba tenso, las conversaciones se mantuvieron ajustadas al protocolo. Frente a la solicitud para ser removido del caso, el titular Centro Norte indicó que argumentos esgrimidos por la defensa del general Yáñez corresponden a dichos que esbozó hace cuatro años y en un contexto completamente distinto.
En los próximos días, Ángel Valencia se pronunciará respecto de la solicitud del general Yáñez para dejar fuera de la causa al fiscal regional Centro Norte y a la fiscal Ximena Chong. En términos generales, el abogado ha insistido en que todos los persecutores cuentan con su confianza, aunque el escenario sigue abierto.
El fiscal nacional enfatizó que la decisión sobre la petición del jefe policial se "va resolver a la brevedad posible"
En el marco de sus facultades como máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia decidió en las últimas horas sacar al jefe de la Fiscalía Centro Norte del orden de suplencias. Hasta este 2 de enero Xavier Armendáriz era el "primer fiscal nacional subrogante"; sin embargo, la resolución número 1 de este año dictada por el jefe de la institución autónoma da cuenta de lo que sería una señal, "un golpe en la mesa", ya que lo saca completamente del círculo de confianza que debe conducir el ente perseguidor penal en caso de la ausencia del titular. No pocos al interior del organismo apuntan a que el motivo es una decisión que se estaría incubando en la Fiscalía que integra Ximena Chong: formalizar al general director Ricardo Yáñez por su responsabilidad de mando en las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social.
De acuerdo con el escrito presentado por la defensa de Ricardo Yáñez, ambos persecutores “carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante” con la investigación. Dado que el fiscal nacional Ángel Valencia no ha respondido, el abogado del general director, Jorge Martínez, aseguró que se estarían transgrediendo las garantías constitucionales de su representado.
El Ministerio Público activó una una serie de diligencias bajo absoluta absoluta reserva. A raíz del caso, la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte de la Región Metropolitana, Ximena Chong, se encuentra trabajando junto al fiscal Jaime Retamal. El organismo busca recabar la información que reunió la CMF y antecedentes de otras entidades públicas y privadas.
La persecutora -que indaga delitos asociados a la responsabilidad de mando por los lesionados durante los desmanes y protestas de octubre del 2019- busca desde noviembre del año pasado poder interrogar al jefe policial. Sin embargo, el alto oficial ha sido escurridizo: en marzo, la investigadora lo visitó en su oficina sin éxito, pues el uniformado decidió guardar silencio.
El exministro del Interior declaró ante la persecutora que indaga causas relativas a la violación de los derechos humanos durante el estallido social. Blumel cuantifica en 1.000 los eventos violentos por día, durante las jornadas más duras de las protestas, y asegura que "espero que en el futuro nunca más se valide la violencia como un instrumento con fines políticos, ni tampoco se ponga en duda el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado".
La fiscal Ximena Chong acusa al carabinero Sebastián Zamora del delito de homicidio frustrado por una acción en que un joven de 16 años cayó hacia el río Mapocho. La defensa, sin embargo, defiende el procedimiento, pues asegura que se trató de un intento de arresto en contra de una persona que huía de la policía.
El comandante en jefe del Ejército declaró ante la persecutora que indaga eventuales delitos de lesa humanidad y responsabilidad de mando. El alto oficial fue jefe de la Defensa Nacional en esa época, por lo que su interrogatorio se centró en las facultades que tenía en ese entonces, aunque también fue consultado sobre si fue "reconvenido" por "desmentir" al Presidente Piñera en su declaración de estar en "guerra", a lo que contestó que "no", pero "hubo una conversación del porqué había respondido de esa manera".
De acuerdo a la persecutora, el exmandatario no hizo uso de su derecho a guardar silencio y respondió a las preguntas formuladas.
El dos veces mandatario fue interrogado durante este martes como imputado. Esto, debido a las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro y otras organizaciones en el marco de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el denominado estallido social. Asimismo, se le requeriría como testigo en otra arista que tramita la jefa de Alta Complejidad Centro Norte y que apunta a la responsabilidad de mando de Carabineros en apremios, lesiones y torturas cometidas por la policía uniformada tras el 18-O.
