A veinte manos: ¿Cómo se escribieron las primeras normas de la nueva Constitución?

“Nada es de nadie”, contesta una convencional. “Fue un trabajo colaborativo y muy largo”, dice uno. “Es que no quiero restarles méritos a otros”, tercia otra voz. “Varios los hicimos nosotros”, ataja otra. “Hay harto de mito”, dirán por ahí. Así es -a ratos- tratar de dar con quiénes y cómo redactaron los textos finales de algunos artículos que pasaron a la historia como los primeros en quedar en la propuesta de nueva Constitución.

Anteayer entraron más cuando el pleno de la Convención aprobó en particular algunos de Sistemas de Conocimientos. Pero los primeros ingresaron la semana pasada: Sistemas de Justicia (10) y Forma de Estado (24). Ese filtro de 2/3 en la sala fue el último de al menos cuatro. Tuvieron que pasar por largas discusiones en sus comisiones, votaciones en general, en particular y una maraña de indicaciones. Hasta llegar al plenario, donde también se votaron primero en general, antes de la final.

Unos salieron de esto medio indemnes, otros con un inciso o párrafo menos que cayó por falta de votos. También algunos mutilados, con uno solo que sobrevivió. Lo que quedó no tiene vuelta atrás y no hay cómo sacarlo del texto final. Se entiende que entre ciertos convencionales sea tema la maternidad o paternidad de estas normas. Cada quien recuerda lo que recuerda.

Acá no está la escena de un único redactor o redactora tecleando a solas lo mismo o casi lo mismo que quedó. Un barrido fuera de comillas entre constituyentes indica unos cuantos tiras y aflojas, grupos aparte, colectivos que quedaron fuera, advertencias de asesores, ideas y pedazos de texto que morían o se fusionaban y otras aventuras antes de maratones finales en que el teclado iba cambiando de manos para deletrear lo que iba a la sala.

Sistemas de Justicia lleva 10 normas en el texto definitivo que se someterá a plebiscito. Cayeron en el pleno y esta semana la seguían peleando en su comisión de 19 integrantes otras, como la controversia por el pluralismo jurídico.

En esa decena de artículos que sobrevivieron hay una mezcla de manos, porque lo que pasó -narran en la comisión- es más o menos lo siguiente. Once convencionales se fueron coordinando de a poco para asegurar la mayoría en el grupo: dos de Movimientos Sociales Constituyentes o MSC; dos Frente Amplio; dos Pueblo Constituyente, PUCO (ex Lista del Pueblo); dos Escaños Reservados; uno de la Coordinadora Plurinacional; uno Independientes no Neutrales, y uno PC.

En la Constituyente a veces se dice que detrás de lo que produce esta comisión han estado Mauricio Daza (INN) y Hugo Gutiérrez (PC). Han empujado varios puntos con más y menos éxito, pero no son los únicos que tipearon. Y en el camino, ideas que fueron mutando y puntos que se fueron descartando.

Lo interesante de lo sucedido con Sistemas de Justicia no tiene que ver solo con que sea -su catálogo de materias, amén de sus integrantes- uno de los grupos temáticos más críticos de la Convención junto con Sistema Político y Derechos Fundamentales. Al ser el que debutó en el pleno, es una muestra de cómo ha ido funcionando la escritura de la nueva Constitución.

Al comienzo, cada colectivo con fichas en la comisión fue presentando sus propuestas de norma. En el camino, Daza y Gutiérrez fueron uniendo de a poco fuerzas con el resto.

De las MSC Manuela Royo y Vanessa Hoppe se afirma que fueron dos de las varias que estuvieron detrás del artículo 14, Paridad y perspectiva de género (sacó aplausos cuando salvó la última valla plenaria). Otros recuerdan que cuando Daza y Gutiérrez invitaron a Natividad Llanquileo (Escaño Reservado Mapuche), ella habría exigido que se incluyera ese punto. Detrás también empujaban otras convencionales.

Junto a Llanquileo estuvo Luis Jiménez (Escaño Aimara), que apostaron por temas centrados en la plurinacionalidad antes que los sistemas de justicia o los principios.

El grupo se amplió sumando a Manuel Woldarsky (ex Lista del Pueblo, hoy en la Plurinacional) y el FA Daniel Stingo; hace unas semanas reciclaron el truco de hacerse fotografiar como la tapa del Abbey Road de The Beatles.

Al otro delegado FA en esta comisión, Christian Viera, allí lo ven como uno de los que buscaron darle sustento jurídico a las versiones originales de Daza-Gutiérrez. Y que lo habría hecho junto a Daniel Bravo (PUCO, ex Lista del Pueblo), quien al igual que él es profesor de derecho.

Con estos 11 convencionales se aseguraban una mayoría que -idealmente- proyectara 2/3 en el pleno, si es que cada delegado ligara a su colectivo. No siempre pasó, como se vio después (además que INN tiene fama de disgregarse al votar). Como sea, en este frente recuerdan que comenzaron a trabajar por su cuenta, y sin delegados de derecha (cinco de 19, pero de distintas bancadas; recordemos que están divididos). Pero tampoco del Colectivo del Apruebo de ni de los socialistas.

Con el colectivo ligado al PS -vetado de esta fase- hubo cuento. Varios integrantes de la comisión recuerdan que en un momento dado Luis Mayol (RN, exintendente de La Araucanía) trató de acercarse al bloque mayoritario para darles a entender que la derecha estaba disponible a trabajar con ellos. “Si quieren hablar con nosotros, hablen con Ruggero Cozzi y Andrés Cruz”, rememoran cuatro testigos.

Cozzi es del subconjunto RN-Evópoli, pero Cruz es del Colectivo Socialista. “Lo quemaron” narran algunos. Pero todos saben ahí que había mochila de por medio. Doctor en derecho, el convencional CS fue fiscal y durante la década que estuvo en el Ministerio Público investigó casos en que pidió 103 años de cárcel para Héctor Llaitul y 65 años para Ramón Llanquileo, hermano de Natividad.

Ella protestó en mayo del año pasado, tuiteando que él fue “un fiscal antimapuche” y que fue “responsable de allanamientos, militarización en territorio”. Después se opuso a que fuera coordinador de la comisión; a Cruz entonces lo defendió la derecha. (Y eso que entonces todavía no salía, como lo hizo hace un par de semanas en una entrevista en La Tercera, a denunciar que ese sector está siendo vetado del proceso).

Él y el otro CS en Sistemas de Justicia, Tomás Laibe, quedaron fuera de la fase inicial. Pero se sumaron al resto - “trabaja bien”, dicen- después de la eliminatoria en el pleno, la semana pasada.

Con la mayoría de la comisión en la mano, el bloque de los 11 entró en un largo cross country hasta llegar a esa decena de artículos. No es solo que nada terminó tal cual empezó; también hubo debate y tironeos entremedio.

Una cosa es que -como dice uno de los 11- “a veces una idea era sugerida, pero después era podada completamente. De las versiones originales, así como se platearon, no quedó nada en el texto”. Para rebobinar bien el historial hay que enviar buzos tácticos a barrer las 160 páginas que tenía el informe que se votó en general en el pleno (el de Forma de Estado tenía 360 páginas).

Otra cosa eran las diferencias y concesiones. Al inicio, relata una voz, “advertimos problemas, porque las decisiones están muy condicionadas por la pragmática, del esto ‘vuela o no vuela’. Entonces uno no puede ya enamorarse de sus propias ideas”.

Un convencional trae a colación el ejemplo de los “jueces a plazo”, norma que fue rechazada en la plenaria. Otro caso que es comentado fue el de la idea de normar que a través de un consejo, los jueces tuvieran un rol en el nombramiento de fiscales y éstos en el de ellos, que según algunos testimonios estuvo en las ediciones primigenias de la propuesta Daza-Gutiérrez.

También circula la versión de que muy al inicio del proceso no estuvo de acuerdo con eso el abogado Carlos Arrué, coordinador de la comisión constitucional del Partido Comunista, y que asesora a los convencionales del PC de distintas comisiones.

Éste habría quedado “con ataque” al ver las propuestas originales, y que les hizo ver sus reparos jurídicos a Gutiérrez y Daza. Otros dicen que habría hecho saber esto a otros constituyentes PC.

Otros trascendidos aseguran que Arrué no alcanzó a trabajar con Gutiérrez, porque discrepaba de casi todo lo que la dupla PC-INN planteaba. La cosa es que hacia enero el abogado salió de vacaciones y además se desligó de Sistemas de Justicia.

Gutiérrez se apoya en su principal asesor, el abogado Nicolás Mallea. Éste trabaja estrechamente con el brazo derecho de Daza, Gaspar Jenkins; el constituyente INN también tiene como asesora a la abogada Sabine Susaeta.

Casi todas y todos han contado con asesores (salvo Andrés Cruz, relatan). En esta y otras comisiones hay quienes dicen que sin abogadas y abogados a sus espaldas no habrían podido sacar el trabajo .”Nos daban consejos, nos señalaban los puntos de acuerdo, muchas veces nos hacen ver errores cuando les mandamos textos”, narra uno de los convencionales.

Viera trabaja con Matías Martínez, egresado de derecho formado por él -le hizo todos los cursos de Constitucional- y que suele saber cómo piensa el delegado FA. Manuela Royo trabajó parte del texto del artículo 14 con la ayuda de Andrea Salazar, que está cursando un doctorado en Derecho. Luis Jiménez cuenta con la asesoría de Luis Allendes.

Aunque varios de los convencionales sean abogados, reconocen que sin estos profesionales no se puede.

Los asesores se encargaban también de convertir a indicaciones los acuerdos a los que llegaba el bloque, muchas veces en reuniones por Zoom en que los convencionales compartían en la pantalla propuestas de textos. De vuelta, sus consejeros les sugerían posibles redacciones para salvar disensos.

¿Terminaron los asesores escribiendo algunos artículos o incisos que quedaron en el texto final? Varios constituyentes dicen que no, que ellos mismos lo hacían.

Los abogados de apoyo compartían un documento en Google Drive, para formular sugerencias, pero que el trabajo definitivo -cuentan- lo hacían los convencionales en otro texto del mismo formato colaborativo.

Todo esto, en largas sesiones por Zoom en que los convocados miraban en la pantalla a uno de ellos teclear, mientras el resto le voceaba comentarios, correcciones o precisiones. El teclado cambiaba de manos según la norma, y a veces un mismo artículo tenía más de un autor. A veces, en un mismo inciso dos o más metían una frase, un adjetivo.

¿Cuánto salió de los dedos de quién? Vayan a saber. Unos, que es una versión mejorada de la original Daza-Gutiérrez; otros, que hubo harto trabajo de los otros colectivos.

Por ejemplo, hay quienes dicen que el artículo 3, Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad, es una fusión entre las plumas de Daza y Daniel Bravo; que de sus cinco incisos, el penúltimo es de Jiménez y el último lo recuerdan como redactado por Daza. El último punto seguido del primer inciso (una frase corta: “En sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”), es una indicación de Cozzi, lo único de derecha que pasó en ese bloque.

El artículo 13, el principio de justicia abierta, se le atribuye a Woldarsky, a partir de una idea de su exprofesor Peter Sharp. Claro que entremedio la tuvo que pelear con Daza y Gutiérrez por desacuerdos en su estructura, que por un momento dejaban su norma fuera. Alegatos de por medio, la salvó (aunque se le cayó un inciso en la votación en particular de la comisión).

Sobre el artículo 14 de Paridad y perspectiva de género nadie discute la pluma y/o la labor de Royo, Hoppe, Ingrid Villena (PUCO, ex LDP) y Llanquileo.

Esta última y Jiménez redactaron el artículo 15, Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Esta habría sido una idea de ambos escaños reservados, y que luego de conversarla con Daza, éste la trasladó a su propuesta.

De las manos del abogado INN habría salido el 6, Tutela jurisdiccional efectiva.

Sobre el 11, Principio de responsabilidad jurisdiccional, dicen que terminó siendo una versión de Viera y Bravo, distinta a la original. Y que Bravo y Villena, la dupla PUCO, puso sobre la mesa el artículo 10, sobre la gratuidad.

El 12, Publicidad, Probidad y Transparencia, habría sido obra de la gente de MSC y PUCO (hay convencionales que mirando el articulado recuerdan quién hizo qué), pero insisten: en muchos casos, “hay plumas de varios”. Y varias veces hubo que podar -Jiménez insistía en eso- abundancia de palabras: menos es más.

A Sistemas de Justicia aún le quedan materias por tramitar que no llegan al pleno: el destino de la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Continuará.