La última vez que el nombre de Benjamín Salas Kantor (29 años) se escuchó insistentemente en el oficialismo fue en la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, en junio. El Mandatario anunció -de manera sorpresiva- que pondría urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y remeció a Chile Vamos. Los ojos se volvieron, entonces, al joven abogado -hijo de la exministra Paulina Kantor-, quien esta semana concluyó una estadía en el estudio Foley Hoag de litigios internacionales y, ahora, se alista a iniciar un máster en derecho internacional en la Universidad de Columbia. Nadie dudó de su influencia tras el anuncio presidencial. Salas partió como asesor en temas internacionales -a él se atribuyen, por ejemplo, la incursión de Piñera en Cúcuta y la polémica imagen de la bandera chilena dentro de la norteamericana que el Mandatario mostró a su entonces par de EE.UU., Donald Trump-, pero fue adquiriendo sólida influencia en las decisiones de La Moneda.

En algún momento se cuestionó que el Presidente le diera relevancia a un asesor considerado joven e “hijo de...”. ¿Cómo se tomó esas críticas?

Uno como asesor siempre está expuesto, pero la labor consiste en, obviamente, prestar la asesoría que el Presidente requiere para que él pueda ejercer su mandato.

Estuvo desde el inicio del gobierno con el Presidente. ¿Cuál es su evaluación de la actual administración?

Las tareas del gobierno cambiaron significativamente con la crisis de octubre y después con la pandemia. La evaluación que uno hace del gobierno es algo que se tiene que hacer después que el gobierno termine y se hará con los años que vendrán. Pero, de todas maneras, es importante reconocer el rol que cumplió el gobierno para dar un cauce institucional a la crisis más importante en el país en los últimos 30 años. También al manejo de la pandemia, en especial con la provisión de las distintas vacunas a tiempo, lo que ha permitido poder avanzar mucho en esa materia.

¿Entonces, su evaluación es más positiva que negativa?

La evaluación del gobierno del Presidente Piñera tiene que mirarse en el contexto en que le tocó gobernar. Si uno analiza los gobiernos en cuanto al cumplimiento de los programas, cuando existe una crisis de la envergadura como la que tuvimos y una pandemia de por medio, creo que no es la vara con la cual se debería medir. Por eso, acá hay que mirar el contexto en que le tocó gobernar al Presidente Piñera y la fortaleza que tuvo para poder manejar la crisis del 18 de octubre y la pandemia.

¿Cree que ha sido buena la gestión del gobierno en estas dos áreas? Ambas han sido foco de duras críticas...

Como todas las grandes tareas que enfrenta un gobierno, obviamente tiene luces y sombras.

¿Cuáles son las sombras?

Una de las cosas más difíciles de la crisis de octubre fue la integración de fenómenos diferentes, pero que estaban relacionados: la crisis política, social y la violencia de algunos grupos no pueden mirarse como fenómenos inconexos y, por lo tanto, las soluciones tampoco podían ser inconexas (...). El mayor acierto del gobierno fue promover y ofrecer una salida institucional a la crisis de octubre, que fue cristalizada y posible a través de la reforma constitucional del Congreso (...). Si bien no estaba en el programa de gobierno, el Presidente Piñera tuvo la convicción de poder hacer una lectura adecuada de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento y convertirse en un promotor de que se lograra el acuerdo del 15 de noviembre.

Pero más que promover, estaban medio atados de manos: nunca quiso la idea de un plebiscito y un proceso constitucional...

El proceso constituyente desde hace mucho tiempo que es empujado por los sectores de oposición, pero el gobierno frente a un momento muy complejo tomó la opción de una salida institucional a la crisis.

El tema de los derechos humanos ha sido un constante flanco desde el estallido social, porque se dijo que no se hizo lo suficiente para prevenir y condenar las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo toma esas críticas?

Lo primero que hay que hacer es distinguir entre la responsabilidad penal por crímenes internacionales y la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos. Son cosas que hoy día se confunden, pero son absolutamente diferentes. Tengo la convicción de que no existe responsabilidad penal por parte del Presidente por crímenes de lesa humanidad, porque en ningún caso hubo una política de Estado ni omisiones deliberadas. Por el contrario, todas las acciones del Presidente, de los ministros del Interior, tuvieron siempre como fin la protección de la población civil. Y ahora la fiscalía y los tribunales de justicia son los que deben avanzar con mayor celeridad para determinar la responsabilidad penal de aquellos miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que no ocuparon su fuerza según lo que la ley y el reglamento permiten. Y esos son los delitos que hoy están siendo investigados y que deben ser juzgados.

¿Esta distinción la hace por las querellas que se han presentado en contra del Presidente?

Exacto. Tengo la convicción de que no existe responsabilidad penal por parte del Presidente por crímenes de lesa humanidad.

¿No se justifica, a su juicio, el recurso que se presentó ante la Corte Penal Internacional?

Es absurda esa presentación, porque en este caso la Corte Penal Internacional funciona bajo el principio de la complementariedad y, en este caso, la fiscalía a través de la fiscal regional, que fue la que designó el fiscal nacional, es aquella que está llevando a cabo la investigación que le corresponde realizar a la fiscalía, por lo tanto, no existe ninguna justificación para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional también lleve a cabo una investigación.

¿No hay algo que el Presidente pudo haber hecho mejor?

El Presidente hizo todo lo que estaba a su alcance para que se resguardara el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Ahora, obviamente, no minimiza en ningún sentido los gravísimos delitos y abusos que cometieron miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que sí constituyen vulneraciones a los derechos humanos, pero ahí hay una doble responsabilidad: responsabilidad de aquellos miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que cometieron delitos que está siendo determinada por los tribunales, pero además, por ser agentes del Estado. Eso también conlleva una responsabilidad del Estado por no ser capaz de resguardar los derechos humanos de las personas.

Pero ese Estado estaba siendo gobernado por el Presidente Piñera...

Los estados tienen que estar constantemente trabajando para poder resguardar los derechos humanos de las personas por la cantidad de vulneraciones que existen en todo momento (...). Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad penal individual que pueda tener el Presidente de la República, son ámbitos del derecho completamente diferentes.

¿Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos?

No.

¿Cómo se explica, entonces, cerca de 400 personas con lesiones oculares similares?

La fiscalía también tendrá que investigar si es que adentro de la institución de Carabineros existió o no existió alguna coordinación al respecto. Lo que sí puedo decir es que desde el gobierno no solamente no existió ninguna instrucción, sino que todas las instrucciones que se dieron iban justamente en sentido contrario: de pleno respeto a los derechos humanos de todos los manifestantes.

¿Cuánto golpearon al Presidente estos episodios?

El Presidente tiene una resiliencia impresionante, que nunca la había visto en otra persona para poder enfrentar las dificultades. Siempre se mantuvo entero durante toda la crisis y, obviamente, hasta el final del gobierno estoy seguro que va a ser así. Creo que existe un doble estándar cuando algunos políticos no condenan el actuar de un policía, no se pronuncian bajo el argumento de que se debe investigar, pero luego el mismo día condenan con toda la fuerza cuando un civil comete un delito. Y, en ese caso, no argumentan que la fiscalía debe investigar, sino que lo declaran inmediatamente. Ambos son gravísimos: tanto el actuar de un policía como un acto de un civil. Ambos se deben condenar y eso no quita en ningún caso que la responsabilidad penal la van a tener que determinar los tribunales de justicia.

¿Lo dice por parlamentarios de Chile Vamos?

Sí, a la derecha. Es cosa de ver todas las declaraciones, es bien impresionante. Mi punto es que en ambos casos se deben condenar.

Pero tampoco hubo un cuestionamiento duro del gobierno a Carabineros como institución y siempre se trató como hechos individuales...

El gobierno siempre tomó todas las medidas a su alcance para que Carabineros resguardara el orden público cumpliendo el protocolo.

Se dice que influyó en que el Presidente decidiera avanzar en la legalización del matrimonio igualitario. ¿Fue así?

El matrimonio igualitario es una convicción que tengo desde siempre y no solamente la tengo por el hecho de ser un hombre gay en Chile, y por eso también el tema me afecta de cerca, sino porque también creo que es un proyecto de ley que apunta a principios fundamentales y que son principios que no tienen color político, como es el fortalecimiento de la familia. Es un proyecto profundamente pro familia, que garantiza la igualdad ante la ley y promueve libertades individuales. De hecho, es penoso ver cómo los mismos que votaron en contra del Acuerdo de Unión Civil durante los últimos días parecían los más férreos defensores del AUC porque ocupan ahora esa institución para no avanzar en el matrimonio. Es importante, además, porque el tema del matrimonio no es un tema valórico, es un tema de libertades civiles, de derechos fundamentales. Es la propia Constitución la que garantiza la igualdad ante la ley y que todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Por eso es un proyecto que si bien no era parte del programa de gobierno, es consistente con los principios que ha defendido este gobierno.

Plantea que era algo consistente avanzar hacia el matrimonio, sin embargo, el Presidente se opuso en su campaña y varias veces ya estando en el gobierno. ¿Costó convencer al Presidente?

No fue un convencimiento. El Presidente, como lo dijo él mismo, llegó a la convicción de que era necesario dar este paso en el país. El Presidente no toma decisiones así de importantes por un asesor, sino porque tiene una profunda convicción con respecto a avanzar en este tema.

¿Cuánto ha cambiado el Presidente en estos tres años de gobierno?

Creo que todos los presidentes están cambiando durante sus mandatos, porque se ven expuestos a decisiones y situaciones estrictamente complejas que ninguno previó ni al momento de hacer la campaña ni al momento de asumir. El Presidente, a través de las crisis que le tocó vivir, las dificultades que le tocó vivir a este gobierno, fue sensibilizándose mucho más con aquellas necesidades urgentes de las personas, y la necesidad de avanzar en temas que se habían postergado durante mucho.

¿Es un Presidente más sensible a lo que era el 2018?

Sí, con las crisis el Presidente ha adquirido mayor sensibilidad para enfrentar los problemas.

Partió siendo asesor en materia de relaciones exteriores. Se dijo que su relación con la Cancillería fue bastante compleja, sobre todo con el ministro Roberto Ampuero.

Los roles son muy distintos.

¿Fue una mala decisión no firmar el Acuerdo de Escazú?

(Se ríe) Estaba esperando esta pregunta. Mi postura sobre este tema fue evolucionando en los últimos meses que estuve en el gobierno, al escuchar las diferentes miradas y todos los factores que están en juego. Cuando el acuerdo se abrió a la firma en septiembre del 2018 estábamos esperando el fallo con Bolivia y, por lo tanto, en mi opinión era prudente, en ese momento, ser más cautos. El acuerdo se debía analizar a la luz de la red de tratados internacionales que tiene Chile y no como un acuerdo aislado. Ahora, después del fallo con Bolivia y considerando que este acuerdo permite fortalecer el estándar de toda la región que está muy atrasada en los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental, es importante que Chile adhiera. Porque es un país que, además de estar más avanzado en la materia, no puede quedarse fuera de esta discusión necesaria en que la región completa tiene que avanzar en los estándares de acceso a la información, justicia y participación ciudadana.

¿Y por qué cree que el Presidente no lo ha firmado?

El acuerdo no está exento de problemas. Por ejemplo, no es para nada claro, dentro del Acuerdo de Escazú, qué cláusulas del acuerdo pueden ser consideradas autoejecutables. ¿Qué significa esto? Que los tribunales chilenos podrían aplicar el Acuerdo de Escazú frente a un caso, sin necesidad de que antes haya dictado normativa interna. Esto ocurre con ciertos tratados y no está claro qué ocurriría con Escazú. Y, obviamente, debido a la forma en que se negocian los tratados internacionales, en la práctica se dejaría un amplio espacio de interpretación a los tribunales y, por ende, no se daría toda la seguridad jurídica necesaria en esta materia. Ahora, dicho eso y reconociendo y estando consciente de las dificultades del acuerdo, acá existe un principio más importante en juego: una necesidad que tiene América Latina de avanzar en acceso a la información, participación y justicia.

¿Le gustaría que sea el Presidente quien adhiera a ese tratado?

Sí.

Y el Pacto de Marrakech, ¿por qué no lo apoyaron?

Lo del Pacto de Marrakech fue un error. Chile siempre debió haber apoyado el pacto y haber votado a favor de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ojo, no es un tratado, por lo tanto, no se firma, no se adhiere. Simplemente había que apoyar el pacto y votar a favor de la resolución.

¿Y por qué no se hizo entonces?

Lamentablemente, en todos los países la política migratoria se ha visto afectada por la política interna. Y no debería ser así.

¿En estos dos temas fue el Presidente el testarudo? ¿Le dijo que los apoyara?

Las conversaciones que tuve durante mi tiempo en el gobierno con el Presidente son obviamente reservadas. Cada ministro y asesor tenía opinión y se manifestaba con libertad.