Columna de Paula Escobar: No es un cargo B

El nombramiento de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la UDI Macarena Santelices, desató gran polémica por varias razones. La primera fue por su parentesco, pues es sobrina nieta de Pinochet. Pero esa es la única razón por la que no hay que juzgarla. Nadie tiene -para bien o para mal- que perjudicarse ni beneficiarse por las acciones de padres, hijos, hermanos o abuelos. Dicho eso, cualquier autoridad pública nueva, hombre o mujer, debe someter al escrutinio público sus acciones y declaraciones previas, y su nivel de experiencia y prestigio en el sector que ahora comandará.

Desde ese punto de vista, la designación plantea muchas dudas.

La exalcaldesa de Olmué -cargo al que había renunciado para ser candidata a gobernadora- no posee trayectoria en materia de temas de género, ni por estudios ni participación en grupos que promuevan la equidad de género o que estudien políticas públicas con ese enfoque. No es experta, no ha tenido preparación en este tema, pero tampoco es una causa que pareciera haberle interesado mayormente antes de su designación. Eso es lo más grave: nombrar a una persona sin vínculos académicos, profesionales o vitales con su cartera.

Es cierto que no es la primera vez que se elige a una autoridad sin conocimiento cabal de su sector, ni tampoco es la primera vez que prima, por sobre la idoneidad, la lógica de cuoteo al interior de la coalición. Pero ello no lo hace menos criticable, especialmente porque por la pandemia, el Ministerio de la Mujer tiene un rol aún más clave, tanto como Salud, Hacienda o Trabajo. No es un ministerio clase B, que pueda “hibernar” hasta que pase el coronavirus, todo lo contrario.

Especialmente cuando ese cargo estuvo vacante más de 50 días, en que la pandemia ha golpeado especialmente a las mujeres, y de manera no sólo metafórica. Gatilló -y visibilizó- una violencia extrema hacia quienes quedaron confinadas con su victimario. Los llamados a los teléfonos de ayuda subieron de manera alarmante y global. En Chile, a pesar de las acciones que encabezó la subsecretaria Carolina Cuevas, como replicar la mascarilla 19 o el WhatsApp de ayuda, urge aumentar la cantidad de albergues -como han hecho varios países europeos- e intentar que esos llamados se transformen en denuncias frente a Carabineros y la fiscalía, para que puedan tramitarse judicialmente. Desde el punto de vista económico, el daño también es dramático. La precariedad laboral las ha golpeado más severamente; el desempleo femenino es más alto que el masculino, y se empina al 10% en nuestro país, con proyecciones al alza. Especialmente grave es el caso de las jefas de hogar, enfrentadas a la falta de dinero para mantener a su familia, sin un plan de gobierno especial para ellas. Las madres de niños pequeños viven estrés y agobio por el cierre de jardines infantiles y colegios, compatibilizando la enseñanza con sus trabajos virtuales o, peor aún, presenciales. El trabajo de cuidado ha sido históricamente realizado por mujeres, de manera invisible y sin remuneración, y ello ha quedado en evidencia estos días de encierro. Por último, la mayoría de las trabajadoras de salud son mujeres, y están a diario exponiendo su vida sin más ayuda de la que sus propias familias les pueden brindar.

Y yendo a sus polémicas declaraciones anteriores, preocupan en especial aquellas respecto de los derechos humanos, así como aquellas en que critica al Presidente Piñera por no tener suficiente “mano dura” tras el estallido social. Recordemos que su antecesora, Isabel Plá, debió renunciar justamente por los cuestionamientos por no defender con fuerza a las mujeres y niñas que sufrieron grave violencia durante las protestas por acción de agentes del Estado.

La ministra Santelices ha pedido que la juzguen por sus acciones desde hoy en adelante.

Para ello, y sin retraso, tendrá que intentar compensar sus déficits con compromisos claros y planes concretos de política pública para esta cuádruple pandemia femenina, pues hasta ahora, la agenda de género y Covid es débil y dispersa. Solo así, el gobierno y el Presidente Piñera demostrarán que este no es un ministerio clase B.

Las mujeres cuyas vidas, empleos y familias están en peligro, no pueden esperar más