Crece presión por comisión investigadora ante fallido plan de emergencia por incendios forestales

Si bien las autoridades dieron por controlado el incendio forestal que afectó a Viña del Mar el pasado viernes 2 de febrero, las consecuencias del siniestro que dejó a 132 fallecidos y más de 8.600 hectáreas afectadas siguen latentes.

Sobre todo debido a un fallo en el funcionamiento de los planes de emergencia ejecutados por las autoridades y la comunicación entre el Servicio Nacional de Emergencia y Respuestas ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para activar el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), error que hoy mantiene a ambo servicios bajo una investigación penal a cargo del Ministerio Público, además de auditorias internas solicitadas por la subsecretaria del Interior.

Con el fin de esclarecer cómo se dieron los hechos y no precipitarse a críticas no fundadas, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) apuntó a la urgencia de instalar una comisión especial investigadora por los megaincendios forestales de principio de mes, la que tiene por objetivo indagar ocho aristas que apuntan a las medidas tomadas por el Ejecutivo ante la emergencia, prevención, evacuación, entre otras.

“La ley 21.364 que crea a Senapred establece que quien toma el mando de una situación de emergencia y desastre no es el Senapred, sino el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) que lo integran distintos organismos. Así tampoco Conaf, pues este servicio tiene su objetivo en materia de prevención de incedios, no acción. Hay que ser rigurosos sobre las responsabilidades”, afirmó.

Por su lado, el exsubdirector de Onemi (hoy Senapred), Víctor Orellana, también sostiene que Conaf no contaba con la obligación legal para emitir un reporte a Senapred, pues ambos organismos funcionan de manera autónoma a través de un Centro de Comando Unificado integrado por Conaf, Senapred, Carabineros y bomberos instalado en terreno durante la emergencia. Ante esto, el experto recalca la relevancia que puede tener la investigación judicial y las auditorias internas al momento de sancionar a quiénes resulten responsables. Más allá de una comisión de invetsigación.

“Eso siempre se ha hecho, y la realidad es que si bien se llaman a exponer a todas las partes involucradas lo que sale de eso es un informe con recomendaciones que no son vinculantes. No así la investigación penal y las auditorias, que pueden terminar en acciones concretas”, sostuvo.