Cumpleaños poco feliz: el mea culpa del Ministerio Público

El tono de las palabras de Agustín Meléndez sorprendió a todos los asistentes. Habitualmente moderado a la hora de alzar la voz, el fiscal de Los Ríos tuvo una de las intervenciones más duras de la sesión extraordinaria del consejo general del Ministerio Público, que se llevó a cabo el 3 de julio, bajo absoluto secretismo, en el edificio de calle Catedral, donde está emplazada la Fiscalía Nacional.

El objetivo de la cita era determinar cómo poder mejorar las preocupantes cifras de gestión del organismo. Aunque el diagnóstico de los presentes había estado marcado por cierta autocrítica, fue Meléndez quien golpeó la mesa con mayor fuerza, apuntando al alto porcentaje de causas inviables por investigaciones que no consiguen pruebas suficientes para seguir avanzando: "Subió en dos puntos el archivo provisional en estos delitos, es decir, con toda esta nueva dotación estamos archivando más. ¡Esto nos tiene que llamar la atención!".

Momentos antes, el exfiscal regional de Los Lagos Marcos Emilfork, el mismo que había solicitado la reunión en primer lugar, había marcado el tono de la conversación con una frase que, después de su salida, parece tener mayor resonancia: "La institución se está enfermando y debemos darnos cuenta antes de matarla".

Cuando, a fines de los 90, se inició la tramitación del nuevo Código Procesal Penal, el mensaje de sus impulsores se enfocaba en los resultados del antiguo sistema de justicia. Se decía que eran malos, entre otras cosas, por alcanzar apenas un 17% de sentencias definitivas. Hoy, a solo días de que el Ministerio Público cumpla 20 años -nació oficialmente el 15 de octubre de 1999-, las cifras no distan mucho de la época del proceso inquisitivo. Según el último boletín estadístico de la Fiscalía de Chile, entre condenas (12,21%) y absoluciones (1,33%), la tasa es aún más crítica que hace dos décadas: solo 13,54% de los casos concluye en sentencias.

Lejos de descorchar champaña, la administración del actual fiscal nacional, Jorge Abbott, enfrenta importantes desafíos en este nuevo aniversario. A la histórica solicitud ante la Corte Suprema para remover al jefe del Ministerio Público de O'Higgins, Emiliano Arias, por los escándalos de corrupción en Rancagua, se suma un escenario poco favorable, con estadísticas que empeoraron durante su mandato -iniciado el 1 de diciembre de 2015- y que, paradójicamente, coinciden con la inyección de $ 68 mil millones aprobados por el Congreso para su plan de fortalecimiento, que significó la creación de 577 nuevos puestos en un plazo de tres años.

Dentro de la última década, los mejores resultados en cuanto a sentencias definitivas condenatorias se registraron en 2010 y 2015, con cifras de 15,93% y 15,24%, respectivamente. Sin embargo, en los últimos cuatro años esa cifra se ha ido a pique. En 2018, por ejemplo, de los casos ingresados solo un 13,52% terminó en una condena.

Una crítica habitual que hacen las víctimas de delitos apunta al alto porcentaje de archivos provisionales. En palabras simples, las denuncias desembocan en esta etapa del proceso cuando la investigación no ha conseguido pruebas suficientes para seguir adelante.

En 2009, hace una década, la tasa se encontraba dentro de los promedios internacionales, alcanzando un 45,78% de causas archivadas. En 2017, no obstante, esta estadística comenzó a escalar, registrándose un 47,31% de archivos ese año; al año siguiente, en 2018, subió a 49,44%, y en el primer semestre de este año alcanzó un 52,43%, todo un récord, que a su vez augura el índice más alto de archivos en la historia de la institución para fines de 2019. En violencia intrafamiliar, por ejemplo, más del 53% de las causas se archivan.

Por si esto fuera poco, la cantidad de juicios orales también ha bajado y los tiempos de tramitación de una causa con salida judicial se han extendido: si en 2015 eran 183 días, hoy supera los 290 días.

La disparidad de resultados entre regiones también ha sido un tema al interior del Ministerio Público. Mientras algunas regiones logran tener un porcentaje superior al 17% de condenas, hay fiscalías -como la Occidente- con tasa de condena de 7,25%.

La situación interna y los malos números que exhibe la institución son conocidos por los fiscales regionales, quienes, a instancias del exfiscal Emilfork, realizaron la reservada cita del pasado 3 de julio, donde abordaron la necesidad de mejorar las cifras.

Había pasado totalmente desapercibida hasta ahora. En la sesión extraordinaria del 3 de julio, todos los fiscales regionales -asistieron 18 de 19, pues Arias ya estaba suspendido de sus funciones- llegaron hasta la sede de la Fiscalía Nacional.

La primera en tomar la palabra fue la gerenta de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, la abogada Nelly Salvo (exasesora del ministro Jorge Burgos en Interior).

Quien es reconocida internamente como la "mano derecha" del fiscal nacional, Jorge Abbott, comenzó a hablar sobre la vigencia de las causas, cuando en medio de su presentación el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, la interrumpió para señalar: "Hay que hacer un cruce y crearse un indicador del tiempo de tramitación con imputado preso".

Fue entonces cuando el resto de los jefes regionales del Ministerio Público iniciaron un diálogo en que cada quien reconoció sus falencias a nivel local y la forma en que han intentado mejorar sus índices. Algunos lanzaron sus dardos a las fiscalías regionales de la Metropolitana por sus resultados. Entonces, decidió intervenir Meléndez, fiscal de Los Ríos, quien advirtió que la clase política podría exigirles resultados si se entera de las malas cifras. "Si uno observa en la lámina de robos no violentos, entre los años 2015 y 2018, que son los años relevantes, porque ya estaba operando la Ley de Fortalecimiento, nuestra salida judicial es del 9,3%, con 577 nuevos fiscales y funcionarios, eso es algo que debemos ver", dijo.

Las férreas palabras del fiscal regional de Los Ríos calaron hondo en los presentes. "Esto nos elimina el discurso de que necesitamos más recursos para tener mejores resultados, en algún momento tendremos que rendir esto y transparentarlo", aseguró.

Abbott miró a su alrededor y asintió. "Deberíamos hacernos cargo de las cosas más groseras que tenemos, hay 6.336 casos con vigencia por más de dos años. No podemos hacer mucho con los imputados desconocidos, las unidades de Análisis Criminal pueden hacer algo, pero no inciden estadísticamente en términos significativos. Tenemos que enfocarnos en las salidas con imputados conocidos, ahí debemos ser particularmente rigurosos, ahí las salidas no pueden ser de mala calidad, no pueden terminar en archivo, aun cuando no tengamos control, así y todo debemos llevarlo, por ejemplo en materia de violencia intrafamiliar. Lo mismo que Marcos Emilfork decía en materia de personas que están en prisión preventiva. Ahí tenemos un daño al prestigio institucional".

Acto seguido, el fiscal nacional requirió a Salvo: "Nelly, debemos tener esa información sobre cuántos presos tenemos".

Varios fiscales regionales aseguraron que los tiempos de tramitación de causas se han extendido por un problema de reagendamiento de audiencias, porque los tribunales no notifican a las partes y ante la ausencia de los intervinientes, deben fijar nuevo día y hora. Fue ahí cuando el mea culpa de la máxima autoridad del Ministerio Público se transformó en crítica al Poder Judicial.

"Me preocupa el tema de la dilación de las audiencias, ahí tenemos un problema tremendo que he insistido en la mesa de la reforma (...). Los juicios de drogas no deberían demorarse más de tres horas, pero ahora todo se demora más, para evitar leer el domingo. Inventaron una carga de trabajo que realmente no tienen. Nosotros deberíamos tener la información de por qué razón se suspenden las audiencias. Podría hacerse una ficha con tal de levantar la información e ir con datos duros a pelear a la mesa".

Abbott aprovechó la instancia para asegurar que podría generarse otro problema al exigir mejoras en las cifras. "Les comento que los fiscales pidieron compensación de los turnos y les respondí ayer que no tienen por qué trabajar más de 48 horas semanales, y que el exceso debe ser compensado y, por ende, tenemos que ponernos de acuerdo en la forma de controlar el tiempo del trabajo de los fiscales (...). Aquí tenemos un problema, nos reclaman abogados asistentes y funcionarios que no solo tienen que preparar audiencias, sino que ir a ellas y entonces la distribución de trabajo es bien poco equitativa", dijo el fiscal nacional, quien terminó su intervención pidiendo apoyo para implementar medidas.

Ese consejo se cerró con el compromiso de todos y en especial de Salvo de buscar en cada una de las realidades de cada región soluciones para mejorar las estadísticas del Ministerio Público. Esta semana se realizó, entre martes y miércoles, un consejo general ordinario en que se hizo un breve resumen de la recopilación de antecedentes, pero no se avanzó en más soluciones, por lo que el problema de gestión sigue latente.

Salvo sale al paso de las críticas. "La tasa de archivo está por debajo de países desarrollados y es efectivo que estamos trabajando en detectar los nudos críticos para poder mejorar las cifras, pero eso lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado. El tema de las estadísticas es sistémico y, por ejemplo, involucra la calidad de los partes policiales". Asimismo, la abogada asegura que una vez que cada fiscalía regional haga su diagnóstico y entregue propuestas para mejorar las cifras se alzarán líneas desde la Fiscalía Nacional.

A mediados de julio, el comentario obligado en los pasillos del Centro de Justicia de Santiago era una fuerte discusión que Salvo habría sostenido con su jefa, la directora ejecutiva nacional, Francisca Werth. Por esos días, Jorge Abbott buscaba un reemplazante para quien, por entonces, era su jefe de gabinete (Mauricio Salinas), y había decidido que Salvo asumiera dicho rol.

Su idea era dotar ese cargo de un rango de jefatura sobre las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. En términos prácticos, esa posición la hubiera ubicado más arriba de Werth, quien, hasta ahora, por su grado y cargo es la "número dos" en el Ministerio Público. Finalmente, dicho nombramiento no llegó a puerto y las aguas se aquietaron.

No pocos ven en Salvo a la gran responsable de la mala gestión que ha tenido el Ministerio Público en los últimos años, y culpan a Abbott de haber empoderado a alguien que no hizo carrera en la institución.

Si bien una de sus principales metas era implementar un nuevo sistema de gestión de ingresos de causas penales, la petición de remoción de Abbott, impulsada por diputados del Frente Amplio a fines del año pasado, la posicionó como la principal asesora de cómo debía enfrentar la autoridad esta arremetida de los parlamentarios. Al desecharse la solicitud en el máximo tribunal -por un contundente 17-0- sus vínculos con Abbott se estrecharon aún más.